Enemigo mío, Rafael Uzcátegui │ PROVEA

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Rafael Uzcategui

Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.

Rafael Uzcátegui | Carmen Díaz, nombre ficticio por razones de seguridad, era una de las tantas venezolanas que cruzó la frontera para trabajar en otro país y poder enviar, periódicamente, dinero a sus familiares en Barquisimeto. Consiguió empleo en una zapatería en Cúcuta, hasta que las autoridades colombianas decretaron la cuarentena como respuesta al Coronavirus. Ante la incertidumbre y la realidad de gastar sus ahorros, decidió retornar a Venezuela junto a su bebé. Pagando pasó por una trocha hasta San Antonio del Táchira, donde le hicieron una revisión médica, donde descartaron que tuvieran alguno de los síntomas. Con sobreprecio compró un pasaje de autobús hasta el estado Lara, un viaje que por la cantidad de alcabalas duró 17 horas, 5 más de lo acostumbrado. En un punto de control, y cerca de Barquisimeto, los funcionarios les informaron que por venir de la frontera debían ir a un “Centro de retención” para que les practicaran exámenes y cumplir algunos días de aislamiento. Ese lugar, habilitado en la Villa Bolivariana de la capital crepuscular, no estaba dirigido por personal médico sino por la Guardia Nacional Bolivariana. Debido a la ausencia de todo, comenzaron las fricciones entre las personas y los funcionarios militares. Cuando reclamaron sobre las condiciones del lugar, uno de los GNB le gritó a Díaz: “¡Nadie te mandó a irte del país! ¡Quien coño de tu madre te mandó a irte de esta mierda, ¡maldita!”. Según el testimonio de Carmen Díaz desde que llegaron al centro los han hecho sentido culpables de algo, que ella no entiende muy bien qué es.

Como lo demuestra un mensaje reciente de quien en teoría es el funcionario encargado de que se haga justicia en el territorio, el maltrato a los migrantes venezolanos por parte de los funcionarios locales tiene razones mucho más profundas que el simple desconocimiento de lo que significa la movilidad humana transfronteriza. El 14 de abril el Fiscal General del gobierno de facto, Tarek William Saab, escribió en su cuenta twitter: “El #Kharma o la rueda del #Tiempo?… #Venezolanos que renegaron públicamente de la #Nación; luego de ser ultrajados en EEUU, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, España, etc.. regresan a #Venezuela gracias al plan #VueltaALaPatria diseñado por el presidente @NiicolasMaduro”. Lo que Carmen Díaz no ha logrado entender es que para los funcionarios venezolanos ella es una traidora por haberse ido del país. ¿A quién afectó con su decisión? A la imagen internacional de la revolución bolivariana.

Mucho más que las protestas de los años 2014 y 2017, o las denuncias de las organizaciones de derechos humanos, fue la imagen de “los caminantes” la que problematizó el apoyo público automático que algunos sectores del progresismo internacional mantenían sobre Socialismo del Siglo XXI con epicentro en Caracas. La llegada de miles de migrantes de los sectores más vulnerables de Venezuela a diferentes ciudades latinoamericanas, huyendo del paraíso bolivariano caminando hacia la nada en las condiciones más precarias imaginables, resquebraja la imagen idílica que tanto dinero le había costado al chavismo realmente existente difundir por todo el planeta. Fue a partir de ese momento que oídos que habían estado cerrados en la región para las denuncias sobre abusos contra la dignidad humana, comenzaron a interesarse.

Durante todo ese tiempo la respuesta oficial era la negación que existiera una corriente migratoria desde Venezuela. Se inventaban cifras sobre los migrantes dentro del país o se hacía la simulación de pedir recursos internacionales para atenderlos. En octubre de 2017, precisamente en el momento en que más venezolanos de escasos recursos pasaban la frontera, el Defensor del Pueblo del gobierno de facto, Alfredo Ruiz, aseguraba: “No es cierto que Venezuela es un país de emigrantes. Venezuela todavía es un país receptor de inmigración (…), el flujo de las personas que entra es mayor que las personas que salen”. Para superarse a si mismo, el antiguo director de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz intentó sugerir que los pocos que salían eran de clases privilegiadas, banalizando sus razones para irse: “Si tengo problemas para conseguir un empleo, problema de seguridad, me siento inseguro, no puedo acudir a algunos sectores, a alguna discoteca, la esperanza se pierde”.

Los países de acogida de la región no han tomado todas las medidas de protección necesarias y deseables para garantizar los derechos humanos de los migrantes venezolanos. Mientras varios de ellos condenan la dictadura venezolana, en la práctica comenzaron a restringir el flujo migratorio de quienes precisamente huían de ella. En un artículo publicado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Dany Bahar y Meagan Dooley diagnostican que la magnitud de la crisis no ha tenido la respuesta financiera que los países receptores necesitan para atenderla: “En respuesta a la crisis siria, por ejemplo, la comunidad internacional movilizó grandes sumas de capitales: $ 7,4 mil millones en esfuerzos de respuesta a refugiados en los primeros 4 años. La financiación para la crisis venezolana no ha seguido el mismo ritmo: a 4 años de la crisis, la comunidad internacional ha donado solamente $ 580 millones. En términos per cápita, esto se traduce en $ 1,500 por refugiado sirio y $ 125 por refugiado venezolano”. Finalmente, la situación de los migrantes venezolanos no ha sido prioridad en la narrativa de la directiva de la Asamblea Nacional, quien lideriza los esfuerzos para la transición a la democracia, pues hacerlo supondría la tensión de relaciones con los países que hoy reconocen la presidencia encargada de Juan Guaidó. Aunque se han multiplicado las asociaciones de ayuda de venezolanos para sus paisanos en el exterior y cada vez más son beneficiarios de acción humanitaria por parte de ONG, quienes han salido de Venezuela continúan, en soledad, tentando a la suerte.

En un documento titulado “Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por covid-19” el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH establece: “Las medidas de cierre de fronteras se deben implementar de manera no discriminatoria, de acuerdo con el derecho internacional y priorizando la protección de los más vulnerables. Las políticas y su implementación, incluido el retorno forzoso y la detención de inmigrantes, deben llevarse a cabo de acuerdo con las obligaciones de derechos humanos y es posible que deban ajustarse para garantizar que sean compatibles con estrategias efectivas de salud pública y mantengan condiciones adecuadas”. Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” estableció como parte de las medidas dirigidas a la población migrante: “Abstenerse de implementar medidas que puedan obstaculizar, intimidar y desestimular el acceso de las personas en situación de movilidad humana a los programas, servicios y políticas de respuesta y atención ante la pandemia del COVID-19, tales como acciones de control migratorio o represión en las cercanías de hospitales o albergues”.

Las autoridades venezolanas han insistido en sus mensajes que la situación de expansión del Covid-19 estaría “controlada”, mientras que las opiniones de especialistas médicos, expresadas en privado debido a los riesgos de detención por contradecir la versión oficial, indican que estaríamos entrando en la fase de transmisión comunitaria, por lo que se esperaría pasar del crecimiento lineal al exponencial en los próximos días. Si esto llegara a ocurrir ¿Nicolás Maduro culpará a los retornados “apátridas” y “traidores” del aumento de los casos en el país? ¿Se inventará una oscura trama de conspiración en la que personas ingresaron al país con el objetivo expreso de propagar la epidemia? Sería un terrible estigma para quienes fueron forzados a irse del país y, por las circunstancias, obligados a regresarse.