La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo es una guía de acción para el movimiento laboral venezolano.
En 2024 se vislumbran múltiples y masivas protestas en exigencia de derechos humanos laborales. También que se continue avanzando en el proceso de articulación bajo el lema todas las luchas una sola lucha que estuvo muy presente el año pasado.
Los y las trabajadoras del país tienen en esa Declaración una base central para acordar cualquier plan de acción. Igualmente, las recomendaciones realizadas por la Comisión de Encuesta.
Abarca lo referente al ejercicio de la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil, y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. El 11 de junio de 2022, la Conferencia Internacional del Trabajo enmendó esta Declaración para añadir las condiciones de trabajo seguras y saludables como el quinto principio y derecho.
Ella establece obligaciones para el Estado ya que está asociada directamente a los convenios internacionales suscrito con la OIT y de conformidad con el artículo 23 de nuestra Constitución el Estado venezolano debe hacer realidad la satisfacción de los derechos. Dicho artículo establece que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por la Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.
En el contexto electoral que prevalecerá en la vida nacional durante este año, es clave mantener una agenda de exigencia de derechos que además de lo establecido por la Declaración de la OIT incorpore el reclamo de la reconstrucción del salario y que sea suficiente, así como montos de pensión y jubilación dignos.
Que la campaña y las elecciones no distraigan y en consecuencia debiliten la exigibilidad de los derechos laborales. Más allá de las simpatías que se puedan tener por candidatos o candidatas a la presidencia, la unidad de acción debe prevalecer.
Todo espacio de diálogo social que se entable con el acompañamiento de la OIT debe ser escenario para exigir derechos y reclamar al gobierno que cumpla con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta entre ellas que cese la persecución al movimiento sindical y libere los sindicalistas presos.