Vladimir Villegas | Cuando estuvimos en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 ya había tomado cuerpo en el país la idea de contar con la figura del ombudsman, como forma de dotar a la ciudadanía de un organismo capaz de denunciar las violaciones a sus derechos, con pleno piso constitucional y legal como para hacer frente a quienes desde el Estado se empeñaran en aplicar políticas contrarias al texto de nuestra Carta Magna y de los tratados y acuerdos firmados por Venezuela.
Así que hubo un gran consenso entre las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos y los proponentes del nuevo texto constitucional para que se creara la Defensoría del Pueblo, que tuvo a la doctora Dilia Parra como su primera titular. A ella la acompañé brevemente como defensor del pueblo para Caracas y Vargas. Esa fue en la etapa de fundación del organismo, en medio de grandes dificultades porque se trataba de darle forma y fondo a una institución novedosa en nuestro país, que pasaría a formar parte del también flamante para ese entonces, año 2.000, Consejo Moral Republicano.
De esa fecha a nuestros días, la Defensoría ha tenido varios titulares, todos ellos identificados con el gobierno, cosa que no tendría nada de malo si privara más el compromiso auténtico con la defensa de los derechos humanos que las debilidades del corazón, es
decir, los apegos ideológicos, políticos e incluso personales con quienes mandan en Miraflores. ¿Ha servido esta institución para tener una Venezuela más democrática y apegada a los principios nacional e internacionalmente reconocidos en materia de derechos de la raza humana? Definitivamente no.
Lo cierto es que una de las carencias que tiene la sociedad venezolana de hoy es precisamente la inexistencia de una Defensoría del Pueblo que se dé su puesto
Los titulares que sucedieron a la doctora Parra al frente de la Defensoría del Pueblo ni quisieron ni pudieron ponerle límites al Estado en su conducta violatoria a los derechos consagrados en la constitución. Quizás los dedos de una mano alcanzan y sobran para encontrar excepciones en la cotidiana conducta de no hacer frente a la cruda realidad que hemos tenido. La Defensoría del Pueblo es un cachorro de león pero sin dientes. Ni puede ni quiere morder, ir al meollo del asunto, un estilo de gobierno que no acepta contrapesos, que se resiste a ser fiscalizado, a ser expuesto al escrutinio público.
Es algo de rutina, que incluso los propios funcionarios de la Defensoría terminan por aceptar, que no se les permita entrar en lugares de reclusión.. Ser «rebotados» en el SEBIN e incluso hasta en la comisaría policial de cualquier pueblo ya es algo tan normal como el hacinamiento, la incomunicación de presos políticos y comunes, el incumplimiento de boletas de excarcelación, las palizas a los detenidos y otras prácticas heredadas del pasado pero «perfeccionadas» por el llamado socialismo del siglo XXI.
También es de rutina que en todos estos años no se haya pedido públicamente sanciones contra funcionarios gubernamentales que se niegan a cumplir con sus deberes en materia de derechos ciudadanos. Y ni hablar de destituciones. La Defensoría del Pueblo no nació para ser un partido de oposición, pero sí para confrontar decididamente el abuso de poder. Para cumplir funciones de contrapeso institucional con miras a contribuir de esa forma a lograr los fines del Estado. En eso sus titulares, sin excepción, han fallado y no tienen justificación alguna.
Me atrevo a decir que por esas omisiones de la Defensoría del Pueblo, principalmente de sus titulares, tenemos un estado de cosas en el cual los derechos humanos son vulnerados con gran impunidad.
En estos días tal realidad se ha puesto de bulto. De la Defensoría no ha salido una sola palabra contra las ejecuciones de personas, cometidas por el FAES, cuerpo élite de la Policía Nacional, denunciadas por José Vicente Rangel por segunda semana consecutiva en su programa de televisión, como también guardó un frío silencio durante la represión a las protestas en 2017. Tampoco han dicho ni pío por las condiciones bajo las cuales ha sido excarcelado un número importante pero insuficiente de presos políticos, quienes siguen sometidos a medidas de presentación en tribunales y prohibiciones que nunca se aplicaron durante la cuarta República a muchos de quienes gobiernan hoy y acompañaron alzamientos militares e insurrecciones armadas.
La Defensoría ha salido a convalidar la versión oficial de que el preso político Villca Fernández salió del país porque quiso y no porque lo obligaron a irse al exterior, como condición previa a su excarcelación, cuando es sabido que han habido casos similares en los cuales el destierro, prohibido expresamente en la Carta Magna, ha sido la única puerta de salida.
Lo cierto es que una de las carencias que tiene la sociedad venezolana de hoy es precisamente la inexistencia de una Defensoría del Pueblo que se dé su puesto. Que un coronel no tenga quien le escriba es triste pero no grave. Es triste y grave una Defensoría del Pueblo que no tenga un defensor que la defienda.
│ Periodista venezolano de radio y televisión. Articulista y defensor de la constitución de 1999 @Vladi_VillegasP
