ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
Carlos Patiño |
“Las libertades de pensamiento y de expresión son un derecho duramente conquistado a través de la historia. La conservación de este derecho requiere esfuerzos constantes, ocasionales luchas y aun, a veces, sacrificios personales.»
El olvido que seremos; Héctor Abad Faciolince
Durante la crisis institucional y política de principios de siglo, partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil promovieron tres jornadas de recolección de firmas que conllevarían, en el año 2004, a la realización de un referendo revocatorio del entonces presidente Hugo Chávez.
Sin pudor alguno, el CNE autorizó al diputado oficialista Luis Tascón para que retirara las copias certificadas de las planillas, para luego publicarlas en su página web “www.luistascon.com” acusando a los firmantes de participar en un “mega fraude”.
A partir de allí se desataría una cacería de brujas en los entes del Estado, con despidos y desmejoras de empleados públicos, así como la no contratación de personas que aparecieran como firmantes en la “Lista Tascón”. Para la fecha, yo trabajaba en el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, actual Inces, en la Oficina de Cooperación Internacional.
Recuerdo un almuerzo concertado fuera del instituto en el cual los trabajadores de mi departamento debatimos los pros y los contras del “Firmazo”. Al final, fui el único en estampar su rúbrica en la solicitud de referendo. A los días de la exposición pública de la lista, el gerente me mandó a llamar a su oficina rompiendo con una larga incertidumbre. Mi cubículo era la casa marcada en la cual, al revés de la historia, caería en cualquier momento la furia de las plagas de Egipto.
El gerente general, amigo cercano del recién nombrado presidente Eliécer Otaiza, giró su laptop hacia mí para mostrarme el espacio donde aparecía mi nombre y cédula en una marquesina fluorescente y titilante. Acto seguido, preguntó sin verme a los ojos:
-¿Este eres tú?
Aún encandilado por los colores chillones de la página delatora, respondí con un simple: “sí”.
De ahí en adelante me congelaron, dejando de asignarme trabajo mientras el gerente solo se dirigía a mí por interpuesta persona. A los días fui trasladado a la Consultoría Jurídica pues el Consultor, además de buen tipo, era institucionalista y práctico: necesitaba a alguien que litigara los juicios laborales como consecuencia de la renuncia de otro abogado. Eso evitó mi despido y tal vez sería la semilla para que un año después resolviera sumarme a la creación del sindicato nacional de trabajadores del Inces (Sintrainces), del cual fui presidente por 10 años; siempre confrontando a los violadores de derechos laborales, incluyendo los casos recurrentes de discriminación política.
Por esa razón es tan importante para quienes hemos transitado por la administración pública en tiempos de revolución bolivariana, el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las venezolanas Rocío San Miguel, Magally Chang y Thais Peña; que declaró de forma unánime la violación de sus derechos a la participación política, a la libertad de pensamiento y expresión por parte del Estado venezolano, al ser despedidas de un ente adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores por aparecer en la llamada “Lista Tascón”.
Esta sentencia es relevante no sólo para el país, sino también para el continente americano porque es la primera vez que la Corte-IDH dicta jurisprudencia sobre discriminación por razones políticas. Esto, hay que decirlo, es el resultado tanto de la persistente voluntad de las víctimas como del trabajo de documentación y acompañamiento jurídico de las ONG venezolanas. Fueron 14 años de espera, lo que nos pone a reflexionar sobre las denuncias de hoy que con seguridad obtendrán justicia mañana.
Así la dictadura de Nicolás Maduro no cumpla con la sentencia, ella constituye en sí misma una forma de reparación para los agraviados, un triunfo moral y político. Además, sin perder de vista su adición a la lista que engrosa los distintos expedientes de violaciones generalizadas y sistemáticas del gobierno, uno de ellos sustanciándose en La Haya.
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Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
