ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
Carlos Patiño |
“- ¿Ha cambiado de opinión?
– Los que nunca cambian de opinión nunca consiguen cambiar nada.”
Las horas más oscuras (película)
Los venezolanos consideran la vía electoral como herramienta de cambio. El pueblo quiere votar con las garantías previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y su Reglamento.
Sin embargo, el evento anunciado para el 20 de mayo no satisface en modo alguno las condiciones mínimas para unas elecciones libres y creíbles, según palabras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la máxima autoridad internacional en la materia.
El fraude en desarrollo complica la salida electoral y agrava la crisis venezolana porque erosiona el valor institucional del voto. Es por ello que la mayoría de los venezolanos han cambiado su opinión y se niegan a convalidar un simulacro por una sencilla razón: Esta vez no se trata de una elección sino de un fraude.
La sola convocatoria evidencia su ilegalidad de origen: el adelanto de la fecha fue una solicitud presidencial transmitida por la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente al Consejo Nacional Electoral que acató la orden.
A diferencia de procesos electorales anteriores, no existe tiempo suficiente desde el punto de vista logístico y legal para una elección presidencial, y menos aún para una “megaelección”. Además, no se cuenta con observación nacional ni internacional. Por esta razón es absurdo alegar que las condiciones del 2018 son iguales a las del 2015 en la cual sí se cumplieron estos requisitos.
En apenas dos meses se pretende elegir más de 2.600 cargos (1 presidente, alrededor de 250 parlamentarios regionales y 2.400 concejales). Las “prórrogas” anunciadas son una trampa caza bobos: No son una extensión, pues en cada prórroga se empieza de cero para la oposición al gobierno. Un ejemplo cercano lo tenemos en los plazos de las elecciones de México en 2018, anunciadas con 15 meses de antelación.
Adicional a esto, existen trabas para el registro de los votantes potenciales (en el país y en el exterior). Por ejemplo, a los venezolanos en el extranjero les colocan requisitos distintos, como exigirles ser “residentes” en lugar de solo el domicilio. Con ello le vulneran el derecho al voto a cientos de miles de ciudadanos.
Eso sin contar las conocidas irregularidades en la composición del CNE, los partidos suspendidos, la anulación de la tarjeta MUD y los dirigentes opositores inhabilitados. El árbitro asume la forma según la conveniencia gubernamental y en perjuicio de sus competidores. Es grosera la desigualdad entre los participantes.
Sin garantías, se repetirá lo que sucedió en el fraude Constituyente: no habrá manera de saber los verdaderos resultados, sólo lo que diga el CNE. Quien adverse al gobierno tiene un panorama hecho para perder y sin mecanismos para defender el voto: no hay manera de controlar al árbitro.
Todo el proceso está debidamente calculado para garantizar, mediante una farsa electoral, la continuidad de la dictadura. Trascendiendo el aspecto legal y técnico, el problema de fondo es sin duda político.
Por tal motivo, la ONG Provea ha llamado a exigir la renuncia de Nicolás Maduro, principal responsable de la pobreza, la emergencia humanitaria y la violación de derechos humanos en Venezuela. No hay posibilidad de superar la crisis con Maduro en el poder. Se requiere a la sociedad civil unida y movilizada en múltiples iniciativas pacíficas para lograr el cambio a través de una elección real que el país exige y necesita.
ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
