ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado │ Desde hace varios años el inicio del año escolar en Venezuela es complejo. El deterioro progresivo de la educación en todos los niveles, el caos en los servicios públicos y el alto costo de la vida, en conjunto generan condiciones adversas para reiniciar los periodos escolares. Las autoridades dejan que los problemas se agraven y además no escuchan los reclamos y recomendaciones del personal docente.
Se agravó el panorama con la llegada de la pandemia del coronavirus. Aceleradamente se tuvieron que adoptar medidas para culminar el año escolar el cual por fortuna pudo concluir.
En esos meses dedicados a culminar el año se pudo constatar otras dificultades: incremento del número de personas contagiadas por covid 19, mal servicio de internet, muchos educadores y alumnos no contaban con teléfonos para conexión de internet, persistieron los apagones, se incrementó el costo de la vida y no hubo aumento de salarios incluyendo al personal docente.
También hubo aprendizajes como mayor cantidad de personas conociendo las vías digitales de comunicación usándolas a su vez para comunicarse entre educadores y alumnos así como entre representantes. Igualmente se aprendió un mayor acompañamiento de padres a hijos en las tareas y muchos estudiantes descubrir y utilizar los tutoriales académicos por miles en internet.
Corresponde a los dos ministerios de educación tomar las iniciativas para garantizar el nuevo año escolar pueda arrancar de la mejor manera. Se requiere creatividad, recursos y sobre todo voluntad política para rectificar los errores cometidos y abandonar la desidia ante situaciones que se complican con el pasar de los años como el deterioro de la planta física.
Hay que garantizar un año escolar que sea inclusivo y seguro en términos de salud. Evitar al máximo que estudiantes, educadores y representantes sean contagiados, así como que todos los estudiantes puedan recibir las clases.
La primera medida que deben implementar los dos ministerios es declarar que no habrá clases presenciales por lo menos en el primer trimestre. Los epidemiólogos vienen señalando que en los próximos meses se expandirá el coronavirus. No se puede obligar a educadores y estudiantes a ir a las escuelas.
Sigue siendo fundamental la medida preventiva del “quédese en casa” además no hay suficiente transporte público que garantice que su uso permitirá el distanciamiento físico. Tampoco lo pueden garantizar los transportes escolares. Conozco casos de maestras que caminan diariamente más de 30 cuadras para llegar a sus trabajos, amenazadas además que si no llegan a la hora las pueden despedir. Pero también, niños que caminan esas distancias o más.
Otro factor que tienen que considerar es la crisis en la distribución de gasolina. Hay muchas dificultades para la movilidad en vehículos privados. De tal manera que el traslado desde las casas a los centros educativos y el regreso es difícil se tenga o no vehículo.
Impone el gobierno a los educadores la obligación de usar la vía digital, sin considerar que una buena parte del plantel docente no cuenta con los teléfonos que le garanticen cumplir ese propósito, no obtienen ingresos suficientes para pagar los datos de las operadoras y no cuentan con internet o falla mucho. Ordenar una modalidad de impartir clases, sin realizar algún esfuerzo para que se pueda cumplir, constituye una improvisación que tendrá consecuencias negativas. Esas limitaciones también la padecen muchos estudiantes.
Hubo instituciones educativas como Fe y Alegría que realizaron una jornada para que personas donaran dinero o teléfonos con el propósito de dotar a su personal de tecnología. De parte del gobierno, ni siquiera se planteó como una posibilidad reactivar de manera urgente el plan de distribución de computadoras canaima. Dejar que cada educador “resuelva como pueda” es un acto de irresponsabilidad. Por supuesto, que los habrá quienes con mucho sacrificio resolverán muy a pesar de la desidia del Estado.
Analizando la larga experiencia que tiene Radio Fe y Alegría impartiendo clases a través de la radio se constituye hoy esta modalidad en una alternativa. El gobierno de Maduro bien pudiera usar sus medios, no para hacer propaganda política, sino para garantizar que buenos educadores con metodología adecuada orienten a los estudiantes por lo menos en las materias claves. La radio además de llegar a zonas urbanas, llega a zonas rurales. Para primaria y educción media, la página web del Ministerio de Educación debería ofrecer buenos tutoriales y de pocos minutos considerando las dificultades de internet y facilitar la orientación a los estudiantes.
Quedan muchos otros aspectos para analizar. Culmino indicando la importancia de un aumento significativo de salarios para todo el personal que labora en los centros educativos en todos los niveles y debe implementarse un bono especial para el pago de internet o datos. No se puede exigir a educadores que ganan menos de 15 dólares al mes, que gasten lo poco que ganan en poder usar sus teléfonos o computadoras.
Educadores pasando hambre y otras múltiples dificultades, tienen razones para no sentirse motivados con el inicio del año escolar.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
