La población venezolana ha sufrido en los últimos años un deterioro progresivo de sus derechos sociales y en simultáneo padecidos crímenes de lesa humanidad.
Una grave situación para su dignidad.
Por una parte, millones pasando hambre y con una calidad de vida deteriorada por malos servicios públicos y por el otro, miles de personas detenidas arbitrariamente, algunos torturados incluso hasta la muerte y jóvenes de las zonas populares asesinados como si fuesen trofeos de los cuerpos armados del Estado.
En materia social el deterioro se acentuó a partir del 2013.
A la muerte del presidente Chávez ese año, el Instituto Nacional de Estadísticas reportó un incremento significativo de la pobreza.
Es decir, ya con él se venía produciendo un retroceso de los avances que se constataron entre el 2006 y 2011 principalmente a través de las más de 36 misiones sociales que se pusieron en marcha.
Millones perciben un salario que garantizan misera.
Al 23 de febrero del presente año el salario mínimo era equivalente a 5, 33 dólares al mes. Ese mismo monto mensual era el percibido por más de cinco millones de jubilados y pensionados.
Según el observatorio de finanzas una familia de 4 miembros necesita Bs 593,63 o $ 23,73 semanal para cubrir la carga calórica de supervivencia, el cual significa el 60% de sus necesidades alimenticias.
No hay indicadores que señalen voluntad de quienes gobiernan para garantizar el disfrute adecuado de los derechos
Es decir, como mínimo la familia venezolana requerirá de 94,92 dólares al mes.
Se comprenderá porque en los últimos meses se han desarrollado amplias movilizaciones exigiendo salarios dignos.
En el informe Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional 2022 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que, en América del Sur, la República Bolivariana de Venezuela tuvo la mayor prevalencia de desnutrición (22,9 por ciento).
Añade que en nuestro país el hambre aumentó, en 18,4 puntos porcentuales, o 5 millones de personas más hambrientas entre los períodos 2013-2015 y 2019-2021. Y en esos períodos el hambre aumentó en 6,7 puntos.
Además del salario llevado por las autoridades a un nivel paupérrimo demolió los beneficios fundamentales en las relaciones de trabajo: prestaciones sociales, vacaciones, sistema de seguridad social, las cajas de ahorro. Auto llamándose gobierno obrero llevó a los trabajadores a las peores condiciones vividas en más de 60 años.
A todo ello hay que agregar el enorme deterioro de los servicios públicos: En los últimos 10 años destruyeron el servicio del metro de Caracas, acabaron en varios estados con las rutas de buses internos y los que trasladan pasajeros de un estado a otro.
Levaron la escasez del servicio de agua a niveles extremos y la calidad en ascendiente deterioro. Generaron apagones nunca vividos en el país y hay estados que sufren cortes de luz frecuentes y prolongados. Según el Informe “Mérida se apaga” de la organización Promedehum durante el periodo de marzo 2021 a febrero 2022 se contabilizó un total de 3.215 horas sin electricidad en los ocho sectores monitoreados, esta cifra representa un promedio de 409 horas, cuya equivalencia es de 17 días sin servicio eléctrico para la muestra monitoreada.
El Observatorio de Conflictividad Social registró durante el año 2022 7.032 protestas, equivalente a 20 diarias en todo el territorio nacional. De ese total en el 77% tuvo como motivación reivindicar Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca).
Quienes prometieron “Un Buen Vivir” y gastaron millones de dólares en propaganda engañosa tiene hoy un pueblo en la calle descontento por la grave situación social. No hay indicadores que señalen voluntad de quienes gobiernan para garantizar el disfrute adecuado de los derechos, por eso para que esas luchas sean más frutíferas es importante que los gremios, asociaciones comunitarias, organizaciones variadas de la sociedad civil articulen sus acciones y levantes unidas un pliego de reivindicaciones por una mejor calidad de vida.
