Lupa por la Vida
La lupa nos aumenta la visión, nos focaliza aquellos elementos que muchas veces son invisibles, aquello que no podemos o no queremos ver; en este caso la lupa pone el lente al derecho a la vida y se enfoca especialmente en aquellas acciones políticas del Estado que atentan contra el derecho a la vida, en especial en las ejecuciones extrajudiciales,
¿Para qué?, Para construir una memoria que sirva a las víctimas para luchar por la verdad, la justicia y la reparación.
La lupa nos aumenta la visión, nos focaliza aquellos elementos que muchas veces son invisibles, aquello que no podemos o no queremos ver; en este caso la lupa pone el lente al derecho a la vida y se enfoca especialmente en aquellas acciones políticas del Estado que atentan contra el derecho a la vida, en especial en las ejecuciones extrajudiciales,
El Padre Alfredo Infante, Coordinador del proyecto “Lupa por la Vida” junto a Provea y el Centro Gumilla, este trabajo investigativo viene centrado al derecho por la vida y las detenciones injustificadas presididas por el gobierno de Nicolás Maduro. En su intervención en el programa #SonDerechos, manifestó que las cifras en Venezuela han sido alarmantes con un total de 1414 arrestos donde los familiares y víctimas no tienen respuestas por parte de las instituciones del estado.
- “Tanto La Fiscalía General de la República como la Defensoría del Pueblo deberían de ser los órganos que tiene la responsabilidad de abrir las investigaciones e identificar la cadena de mando en las distintas situaciones pero sencillamente no es así, son instituciones que se encuentran parcializadas, que no brindan ayuda a la ciudadanía y que se rigen por ordenes mayores de acuerdo a cada caso cuando su deber es brindar accesos a los mecanismos de protección, acompañamiento y educar a los perjudicados, en Venezuela cada vez existen menos las leyes” Enfatizó.
Operativos policiales y derecho a la vida
El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla establece el artículo 43 de la Constitución. La realidad es que la violencia institucional policial y militar en Venezuela arroja como saldo el asesinato de 7180 personas desde enero de 2015 hasta junio de 2021.
La mayoría de las víctimas son jóvenes de zonas pobres. La impunidad ante las violaciones del derecho a la vida favorece la alta letalidad con la cual actúan. Se requiere una política integral frente al delito que implique medidas de carácter preventivo que ofrezca oportunidades para los jóvenes, uso progresivo y diferenciado de la fuerza, desmilitarización de las labores de seguridad ciudadana, respeto a los derechos humanos e investigación y sanción a los funcionarios responsables de actos contrarios a la ley y la Constitución.
Así mismo, el también Párroco de La Vega destacó que en cada región cuentan con personas que monitorean y hacen seguimiento a través de los medios de comunicación, redes sociales y familiares directos de las víctimas para poder compilar todos y cada uno de estos datos presentados en el informe.
- “Yo pienso que cuando se tiene el mando del poder muchas veces se olvidan los principios fundamentales de los derechos humanos, se olvida que debemos tener una afinidad ética más allá de cualquier ideología política orientada a las víctimas y a restablecer el estado de derecho que en Venezuela que sencillamente no existe, hemos registrado por ejemplo casos de femicidio por parte de algunos cuerpos de seguridad del estado e incluso arrestos a menores de edad y es una situación que nos alarma y nos preocupa, esto no debería de pasar en ningún país del mundo pero sucede en Venezuela” Declaró.
Finalmente, Infante apuntó que los cuerpos de seguridad del estado son necesarios para resguardar la vida y no para quitarla, por lo tanto, es imprescindible una reestructuración de los mismos.
- “Es necesario además que se empiecen abrir investigaciones, que se suministre información de los procesos, que se escuchen a las víctimas y que se investiguen las cadenas de mando de todas estas presuntas ejecuciones extrajudiciales”, Concluyó.
