Mientras Venezuela continúa en un Estado de Alarma que produce una cuarentena social a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19) por las medidas del Estado venezolano, comienza a emerger un problema que pone en riesgo la alimentación de millones de personas: la escasez de gasolina frente a la distribución de comida.
Los productores venezolanos no escapan de la realidad en la que está sumergida el país. De hecho, el problema de distribución de gasolina no es nuevo para el sector agroalimentario, aseguran que antes pagaban $20 por cada 200 litros, cifra que aumentó a $1 por cada litro, lo que supondría que un productor debería pagar $400 por el tanque de una gándola para distribuir los productos a nivel nacional desde estados ganaderos como Barinas, cantidad que muchos se niegan a pagar, precio que directamente aumentaría el precio final de los productos. Esta cifra es sumamente exponencial para un país petrolero que atraviesa una grave crisis económica donde el salario mínimo no llega a los $5.
Millones de venezolanos están afectados por la falta de gasolina en el único país petrolero del mundo que tiene un gran racionamiento y militarización de combustible con el argumento de cuarentena, según voceros oficiales. No solamente se está violando el derecho al libre tránsito a los ciudadanos en general, sino que se está afectando directamente a quienes realizan la labor de transportar los alimentos, situación que puede afectar el derecho a la alimentación de los venezolanos, y terminar con una grave escasez de comida superior a la de años anteriores, lo que producirá un aumento exponencial y dramático de lo poco que se consiga. Escasez que principalmente afectaría la calidad de carnes, quesos, verduras y frutas que dependen del transporte para garantizar su buen estado.
Algunos vendedores en Caracas (Capital de Venezuela) ya lo comienzan a denunciar, precios como el del kilo de queso pasaron de 180.000 a 400.000 bolívares en tan solo 15 días. Y esto no es culpa de los productores -quienes aseguran tener toneladas de alimentos almacenadas sin poder despachar- es culpa de las políticas del Estado que no garantizan que personas indispensables como los productores tengan el suficiente combustible para recoger su cosecha y distribuirla al país. Mientras más escasos sean los productos, más costosos y menos accesibles serán para los millones que viven en una nación que padece una Emergencia Humanitaria Compleja.
Inseguridad más desabastecimiento
Venezuela, país con 9,3 millones de personas en inseguridad alimentaria -según un reciente estudio del Programa Mundial de Alimentos- ahora debe enfrentar un inminente problema: el desabastecimiento de comida junto a la inseguridad alimentaria. No solo los venezolanos tendrán que elegir entre almorzar o cenar, sino que no podrán conseguir productos básicos por la grave escasez de gasolina.
El equipo de Provea conversó brevemente con la nutricionista Yngrid Candela, investigadora del capítulo Alimentación de nuestro Informe Anual, quien agregó algunos comentarios para conocer más sobre las implicaciones de este problema frente a la precaria alimentación de muchos venezolanos, y mostrar de la mano de una experta cómo va a influir en el futuro del país.
Para Yngrid, estas dificultades son señales de un inminente colapso de la seguridad alimentaria de Venezuela, con graves consecuencias que se traducen en desnutrición, mayor exposición a las enfermedades, incluyendo el contagio por COVID-19, así como la muerte.
Ante este panorama es de esperar que una gran parte de la población se vea afectada. Se podría estimar que el 92% que se encontraba en inseguridad alimentaria a finales de 2019, continúe su deterioro hasta agotar sus medios de vida como estrategias de sobrevivencia.
¿Quienes son los más afectados? Este impacto es más notorio en niños, mujeres embarazadas, madres en período de lactancia, adultos mayores y personas con discapacidad, que carecen de medios propios para tener acceso a una alimentación que se adapte a sus necesidades fisiológicas excepcionales. También la población indígena que debe recorrer kilómetros para acceder a mercados.
La mezcla de estos problemas traerá como principal consecuencia la intensificación del hambre y la desnutrición, ya reconocidos por el Estado y las agencias internacionales como un problema público, que ha alcanzado la escala humanitaria y que requiere asistencia internacional, según declaraciones de Yngrid.
Medidas urgentes
El Estado venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, debe aplicar medidas urgentes que garanticen no solamente la alimentación de millones de venezolanos en riesgo, sino el abastecimiento para el sector agroalimentario, necesario para transportar alimentos tan delicados como carnes, quesos y vegetales que dependen del tiempo para cumplir con la calidad y estado consumible.
Esquivar el problema de la escasez de gasolina y no cumplirle a los miles de productores de Venezuela, es provocar que dentro de poco tiempo el país enfrente un desabastecimiento de comida nunca antes visto, sumado a las medidas por el COVID-19 podrían suponer un grave riesgo de contagio para quienes se vean desprotegidos y no puedan acceder a una alimentación segura.
Venezuela necesita medidas que tengan como objetivo salvar las vidas de los venezolanos, y proteger a millones frente al COVID-19 tanto en la salud como también en la alimentación.
Óscar Calles, periodista de Provea.
Yngrid Candela, nutricionista e investigadora de Provea.
