En la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.272 publicada este 13 de noviembre de 2016, el Presidente de la República Nicolás Maduro, oficializó la inconstitucional prórroga del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que rige en el país desde el pasado 16 de mayo de 2016, por 60 días más. Con la medida el Ejecutivo Nacional viola abiertamente lo consagrado en el artículo 338 de la Constitución que establece que el decreto que declare el estado de emergencia tendrá una duración de 60 días, prorrogables hasta por 60 días más. Asimismo, el artículo 338 señala que es competencia de la Asamblea Nacional, aprobar la referida prorroga al decreto que declara el estado de excepción, requisito que tampoco está cumpliendo el Ejecutivo al prorrogar la referida declaratoria.
Tal como lo señaló la coalición de organizaciones Foro por la Vida en mayo pasado, el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica dictado por la administración de Maduro -violando lo establecido en el artículo 339 de la Carta Magna, al desconocer las facultades de la Asamblea Nacional-, significó una ruptura del orden constitucional. Ahora, en medio de un escenario de suspensión indefinida del derecho al sufragio, la inconstitucional prórroga del Decreto, constituye un paso más hacía la consolidación de la dictadura de Nicolás Maduro.
El prorrogado Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, entre otros aspectos, usurpa las funciones del parlamento venezolano al eliminar atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional (AN), calificándolas como “peligrosa para la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, y de su institucionalidad”. Además, la suspensión indefinida de las garantías constitucionales para los derechos a libre asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacíficas, y la supeditación de los derechos ciudadanos a los intereses del Estado y la seguridad nacional, constituyen serios obstáculos para el ejercicio de las libertades democráticas en el país. Los estados de excepción deberían ser medidas limitadas en el tiempo y poseer un carácter de defensa y amparo de la dignidad humana y no una connotación represiva como ha ocurrido en las actuales circunstancias, la legalidad extraordinaria está sustituyendo a la legalidad ordinaria y con ello está extinguiendo el Estado de Derecho.
Desde el pasado 20 de octubre, estamos en presencia de una dictadura propia del siglo XXI. Una dictadura que se ha valido de las instituciones y los mecanismos que brinda la democracia, para dar un barniz de legalidad a sus actuaciones y socavar el Estado de Derecho y la propia institucionalidad. Es necesario recordar que desde que se declaró al país en Estado de Excepción, los abusos de las autoridades contra ciudadanos que ejercen derechos constitucionales han ido en ascenso. También se han incrementado los obstáculos para la garantía y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, concretamente para el derecho a la alimentación, luego de que en el marco de la declaratoria de Estado de Execpción se creara la inconstitucional figura de los CLAP y se militarizara la cadena de producción y distribución de alimentos.
Reiteramos que el gobierno de Nicolás Maduro sigue de espaldas a la Constitución Nacional, al margen de la Carta Democrática Americana y del Protocolo de Ushuaia sobre el Compromiso Democrático en el Mercosur. Estas acciones constituyen nuevos pasos para consolidar la dictadura, y sólo la acción autónoma y pacífica del movimiento social impedirá que la democracia y el Estado de Derecho se extingan definitivamente en Venezuela.
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
