Como organizaciones dedicadas a la defensa del estado de derecho, los derechos humanos, y la institucionalidad democrática en distintos países de la región, expresamos nuestra profunda preocupación por los ataques realizados contra los magistrados y magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, por parte del Presidente de la República Nayib Bukele. Estos ataques constituyen una respuesta a las decisiones emitidas por la Sala en ejercicio de sus funciones de control de la constitucionalidad de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo para enfrentar la pandemia COVID-19.
La Sala de lo Constitucional ha emitido importantes decisiones que protegen la división de poderes prevista en la Constitución salvadoreña, ha ordenado la liberación de personas detenidas y privadas de su libertad en centros de contención por haber incumplido las disposiciones de cuarentena domiciliaria obligatoria, y ha anulado diversos decretos presidenciales de emergencia por exceder la esfera de competencias del ejecutivo para limitar derechos fundamentales, instándolo a reunirse con la Asamblea Legislativa para adoptar una decisión conjunta.
Frente a ello, a través de sus redes sociales, el Presidente Bukele ha reaccionado con acusaciones directas a la Sala, distorsionando el contenido de sus decisiones y construyendo una narrativa que los coloca como enemigos de la ciudadanía (“la @SalaCnalSV nos acaba de ordenar que, dentro de 5 días, asesinemos a decenas de miles de salvadoreños”) y los responsabiliza por la salud de la población (“los magistrados de la @SalaCnalSV cargaron el arma, la montaron, la pusieron en la manos de la @AsambleaSV y de la @ANEPEISalvador y la apuntaron a la cabeza del Gobierno y del Pueblo”). También ha hecho un llamado público a empleados judiciales a no presentarse a laborar (“si los llaman a trabajar, es ilegal. No se presente.”), con la intención de afectar el funcionamiento del servicio de justicia. Recientemente, el Presidente Bukele acusó a la Sala de haber adelantado opinión, por haber acudido a su invitación a una reunión con diversas autoridades, en la que les expuso las medidas que planeaba implementar para atender las necesidades de la pandemia.
Si bien en una democracia es legítimo disentir con el sentido de las decisiones jurisdiccionales, ello no significa desacatarlas ni mucho menos autoriza el uso del poder público para lesionar la institucionalidad de la justicia. Los ataques reiterados al máximo órgano de justicia constitucional del país por parte del titular del Ejecutivo, afectan gravemente la independencia de este órgano y contradice los principios básicos de la democracia, que promueven el equilibrio de los poderes, el respeto de los derechos humanos y el ejercicio del control del poder mediante un sistema de pesos y contrapesos. La gravedad de esta arremetida se intensifica en el contexto de la pandemia, en que la justicia tiene un rol fundamental para la protección de los derechos y libertades de las personas. Además, la narrativa reiterada que coloca a los magistrados y magistrada contra la ciudadanía puede generar un riesgo para su vida e integridad personal, ya que en redes sociales se han visto llamados directos a agredir la integridad física de los magistrados y magistradas por parte de simpatizantes abiertos del Presidente Bukele.
Las organizaciones firmantes manifestamos nuestro rechazo a ese tipo de declaraciones que intentan deslegitimar al más alto tribunal de este país. Exhortamos al Presidente Nayib Bukele a respetar la independencia del máximo órgano de justicia constitucional, en concordancia los compromisos internacionales asumidos por el Estado de El Salvador.
ORGANIZACIONES FIRMANTES
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C.
Acceso a la Justicia
Acción Solidaria
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Article 19
Asociación Mujeres Transformando
Asociación Pro-Búsqueda de niñas y niños desaparecidos
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de derechos humanos de la Universidad Metropolitana (CDH UNIMET)
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL Centroamérica y México
Ciudadanos en Apoyo a os Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
CIVILIS Derechos Humanos
COFAVIC
COMCAVIS TRANS
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM
Comunidad de Derechos Humanos
Cristosal
Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, A.C.
Ditsö
Estudio Arbizu&Gamarra
Fundación Ciudadanía y Desarrollo
Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (Comunicándonos)
Fundación Myrna Mack
Fundación para el Debido Proceso
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Institute on Race, Equality and Human Rights (Race & Equality)
Instituto de Defensa Legal – IDL
Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro
Instituto Promoviendo Desarrollo Social – IPRODES
JPIC Franciscanos Conventuales
Observatorio de Derechos y Justicia
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
REDLAD
Servicio Social Pasionista (SSPAS)
Si desea leer y difundir el comunicado, puede hacerlo en el siguiente ENLACE
Comunicado Ataques a la Sala de lo Constitucional SV 2020 - firmas
