ONG rechazan obstáculos y amenazas contra el derecho a la manifestación pacífica de la ciudadanía

El día  01 de septiembre de 2016, está  anunciada una manifestación pacífica,  denominada “La Toma de Caracas”, convocada por diversos sectores de la sociedad venezolana,  que tendría como objetivo hacer pública la exigencia al Consejo Nacional Electoral de cumplir con su obligación constitucional de activar y facilitar el mecanismo de Referendo Popular consagrado en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como está siendo solicitado por un sector de la población en el ejercicio de su  Derecho a la Participación.

Expresamos nuestra profunda preocupación ante el debilitamiento de las garantías en el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión, asociación, libre tránsito y manifestación pacífica, como consecuencia de las últimas actuaciones gubernamentales y declaraciones de altos voceros del Estado venezolano, las cuales se traducen en obstáculos a la libre circulación, detenciones, acusaciones, hostigamientos así como el  uso de medios públicos para criminalizar, estigmatizar y generar un clima de zozobra y terror contra el derecho a la protesta pacífica. El uso de medios públicos para señalar, criminalizar y acusar a ciudadanos, sin pruebas es contrario al Estado de derecho y el debido proceso, inherente a una justicia realmente democrática.

Recordamos que el Relator Especial de Naciones Unidas, Maina Kiai, instó a la República Bolivariana de Venezuela reconocer que los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación desempeñan un papel primordial en la democracia y aseguran  que nadie sea criminalizado, violentado ni intimidado por ejercer estos derechos. Insistimos en palabras del relator Maina Kiai “contra entornos que puedan obstaculizar gravemente el disfrute de estos derechos” se “recuerda al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela su obligación de proteger activamente las reuniones pacíficas y asegurar que las personas que ejercen el derecho a la libertad de asociación puedan actuar libremente, sin temor a posibles amenazas, actos de intimidación o violencia, como arrestos o detenciones arbitrarios o campañas difamatorias en los medios de difusión; ambos derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el país el 10 de mayo de 1978” (http://freeassembly.net/reports/venezuela-communications/).

Los derechos de reunión pacífica y de asociación son fundamentales para la participación de las personas en los asuntos públicos y para una buena gobernanza. Los artículos 53, 62 y 68 de nuestra constitución nacional expresan que toda persona tiene el derecho a manifestar pacíficamente, reunirse pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas, y establecen que es una obligación del Estado y un deber de la sociedad, facilitar la generación de las condiciones más favorables para el ejercicio pleno de ese derecho y su práctica.

En materia de Derechos Humanos la  criminalización contra el ejercicio pleno de derechos no afecta una parcialidad política sino a todos los ciudadanos en sus conquistas históricas y democráticas. El ejercicio de la función pública y el sano funcionamiento democrático nos  convoca a todos los venezolanos, incluyendo al pueblo oficialista, a ser defensores y garantes de la Constitución y de los derechos humanos sin discriminación, ni exclusión.  Cuando se criminaliza un derecho o se conculca pierde nuestra democracia, el país y la sociedad en su conjunto. Podemos no compartir una opinión pero estamos obligados a defender el derecho de todos a expresarla. 

1) Instamos al defensor del Pueblo Tarek Wiliam Saab  a  velar porque la manifestación, los participantes,  y terceros, no tengan obstáculos para el ejercicio pleno de derechos.

2) Queremos recordar que los convocantes no pueden ser responsabilizados por las acciones individuales de manifestantes. Estos últimos  deben cumplir con su deber de no atentar contra espacios públicos y privados, no usar armas de fuego y no agredir a otras personas.

3) Exhortamos a los cuerpos policiales y de seguridad del Estado cuya obligación es no obstaculizar sino facilitar el libre desenvolvimiento de la manifestación, así como de resguardar la vida, integridad personal  y física de los manifestantes incluyendo posibles ataques de terceros. El uso de armas de fuego y  gases tóxicos en manifestaciones pacíficas está prohibido por la CRBV  en tratados internacionales en materia de derechos humanos.

4) Por último, deseamos sugerir a la ciudadanía a no hacerse eco de rumores, informaciones no verificadas  o mensajes de naturaleza confrontacional. Nos sumamos a quienes aspiran que al igual que el proceso electoral del pasado 6 de diciembre, se desarrolle una jornada cívica en paz,  sin mayores incidentes que lamentar y que reitere la vocación democrática del pueblo venezolano.

Las organizaciones de derechos humanos estaremos realizando una jornada extraordinaria de trabajo y monitoreo de los acontecimientos, documentando las denuncias y situaciones, para elaborar las denuncias, comunicaciones e informes necesarios sobre el desarrollo de la jornada.

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