La masacre de Barlovento no es un hecho aislado. Es la consecuencia directa de la institucionalización del uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales en el marco de la actuación policial y militar en labores de seguridad ciudadana. Desde el inicio del “Operativo de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) el pasado 13.07.2015, Provea alertó los riesgos que esta medida representaba para los derechos humanos en el país. Desde entonces, hemos registrado un incremento exponencial de los abusos cometidos por los funcionarios policiales y militares actuantes en estos operativos.
El OLP es un operativo militar-policial que ha emprendido la gestión del Presidente Nicolás Maduro con la justificación de luchar contra la delincuencia. En un años y 5 meses de ejecución este operativo ha demostrado su ineficacia para reducir los altos índices de inseguridad en el país, y ha generado más problemas que soluciones. El numeroso despliegue de funcionarios policiales y militares en las zonas donde se ha realizado el OLP y el discurso oficial que alienta la política de “mano dura”, han propiciado la ocurrencia de numerosos abusos por parte de los agentes de la fuerza pública contra habitantes de sectores populares del país.
El OLP se ha traducido en una masacre permanente contra el pueblo. En la mayoría de los operativos realizados en distintas comunidades pobres del país, las cifras oficiales de personas asesinadas por funcionarios policiales y militares, varían entre las 4 y las 12 personas “abatidas en enfrentamientos”, en circunstancias no aclaradas por las autoridades y en medio de numerosas denuncias de los familiares de las víctimas. Lo ocurrido en Barlovento con la detención-desaparición forzada y asesinato de 12 ciudadanos a manos de efectivos del Ejército, es una dramática demostración de una situación que viene produciéndose en el país con mucha frecuencia desde que comenzó el OLP.
En opinión de Provea hay tres circunstancias que propician este y otros hechos violatorios del derecho a la vida en el marco de este operativo de seguridad ciudadana.
1. Militarización de la seguridad ciudadana
El artículo 332 de la Constitución establece que “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”. La decisión de militarizar la seguridad ciudadana es absolutamente contraria a lo consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los estándares internacionales sobre uso progresivo y diferenciado de la fuerza y a la Carta Magna y las regulaciones nacionales en materia de actuación policial. Históricamente Provea, y el resto de las organizaciones de derechos humanos del país, han rechazado la participación de funcionarios militares en operativos de seguridad ciudadana y de control del orden público. La sentencia contra Venezuela por el caso “El Caracazo”, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instaba al país a utilizar a los funcionarios militares solamente en situaciones extraordinarias, donde hayan sido sobrepasados los cuerpos policiales. Los miembros de las Fuerzas Armadas no han sido capacitados para realizar labores de seguridad ciudadana. Al contrario, están entrenados física y psicológicamente para la guerra y para el exterminio del otro al que perciben como “enemigo”.
En su Informe Anual 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró al Estado venezolano el deber de emplear la fuerza “exclusivamente a fin de cumplir con su obligación de proteger a las personas y a los miembros de las fuerzas de seguridad, y sólo utilizando la fuerza que sea estrictamente necesaria, conforme a los principios internacionalmente reconocidos”. La Comisión expresó su preocupación por el incremento en el número de casos de ejecuciones policiales ocurridas en Venezuela en el contexto de operativos como OLP. El órgano hemisférico enfatizó que es necesario separar el concepto de defensa de la nación del concepto de seguridad ciudadana, toda vez que bajo la justificación de la lucha contra el “terrorismo” y el “paramilitarismo criminal”, se ampara la militarización de las labores de seguridad ciudadana y la comisión de cientos de abusos por parte de los agentes de la fuerza pública.
Fortalecer la visión militarista y las prácticas de “mano dura”, debilitan el concepto de seguridad ciudadana y obstruyen los necesarios consensos democráticos para avanzar en la adopción de políticas públicas, que ayuden a superar los altos índices de violencia y criminalidad en el país. El gobierno insiste en amplificar la visión del enemigo externo e interno -propia de la doctrina de seguridad nacional- y en reforzar la lógica belicista y la estigmatización y criminalización de distintos actores sociales, para justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y militares, y consolidar el Estado policial y militar que supone la primacía de los intereses del Estado por encima de los derechos ciudadanos. Esta militarización de la seguridad ciudadana amparada en la doctrina de seguridad nacional, conlleva graves riesgos para las garantías personales toda vez que implica la ocupación militar del territorio nacional para la “defensa” contra un “enemigo interno” que resulta ser el propio ciudadano, indistintamente si se trata de campesinos, presuntos delincuentes, obreros, dirigentes políticos, activistas de derechos humanos, o cualquier otro.
Según ha dicho la CIDH “Los gobiernos autoritarios y las dictaduras militares que actuaron en el Hemisferio en las últimas décadas desconociendo las obligaciones internacionales de los Estados en materia de garantía de los derechos humanos, dejaron como legado una situación de permanente reproducción de la violencia”. El concepto de seguridad ciudadana, desde una visión democrática y respetuosa de los derechos humanos, es la superación de la visión autoritaria y militarista que marcó la actuación de buena parte de los Estados latinoamericanos durante el siglo pasado y cuya actuación –durante mucho tiempo- estuvo amparada por la doctrina de seguridad nacional. Continuar el camino del autoritarismo, erosionará aún más el Estado de Derecho y generará más violaciones de derechos humanos y sufrimientos a la ciudadanía.
2. Aliento a la comisión de abusos
“A la violencia y el terrorismo se le debe golpear antes de que actúen… nuestra mayor victoria es un golpe preventivo, neutralizarlos, desconfigurarlos, desarmarlos, desarticularlos, abatirlos, antes de que actúen los terroristas…”. Estas palabras fueron pronunciadas por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, durante el acto de juramentación de la II Promoción de efectivos del “Comando Antiterrorista” del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), realizado el pasado 25 de agosto en Barlovento, estado Miranda, el Presidente Nicolás Maduro extendió una felicitación vía telefónica a los graduandos, en la que alentó abiertamente a la comisión de abusos y ejecuciones policiales por parte de los funcionarios del referido cuerpo policial.
Maduro afirmó que las bandas delictivas en Venezuela están vinculadas y dirigidas por sectores de la oposición venezolana, “Vayan desde ya a obtener victorias… en Venezuela el terrorismo tiene nombre y apellido, son estos grupos parásitos, vende patria de la derecha… que se han aliado con las bandas criminales de asesinos y secuestradores y poniéndole mucha plata y droga han puesto a estas bandas como instrumentos de la violencia, primero delincuencial, pero también de la violencia terrorista”.
Desde el lanzamiento del Operativo de Liberación del Pueblo, los altos funcionarios del Estado venezolano, han alentado permanentemente la comisión de abusos por parte de los agentes de la fuerza pública. Tanto el ex Ministro Gustavo González López como el actual director de la cartera, Nestor Reverol, presentan constantemente “partes de guerra” a la opinión pública, en el que reivindican como un éxito el asesinato de personas, las detenciones arbitrarias de cientos de ciudadanos, el allanamiento masivo e ilegal de viviendas en comunidades pobres e incluso el derribo de viviendas.
El ex Ministro González López afirmó el 03.02.2016 luego del asesinato de un policía en Caracas:
“Hoy en cumplimiento del deber, cayó uno de nuestros mejores policías. José Agustín Maza Arboleda. Honor a este oficial de la Policía Nacional Bolivariana quien entregó su vida en combate. Mañana vengaremos su muerte. Saldremos a proteger el pueblo, saldremos a proteger la paz como nos ordenó nuestro Presidente”. Durante su gestión González López anunciaba semanalmente ante los medios de comunicación el asesinato de presuntos delincuentes en el marco de la realización del OLP, un operativo que ya suma más de 850 presuntas ejecuciones extrajudiciales, que han sido presentadas ante la opinión pública por las autoridades como “abatidos en enfrentamientos”.
El artículo 2 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela consagra al país como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, en el que se propugnan como “valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Asimismo, el artículo 43 de la CRBV consagra la inviolabilidad del derecho a la vida, estableciendo además que “(…) Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla”. Por su parte el artículo 55 de la Carta Magna establece el deber de los cuerpos de seguridad del Estado de respetar “la dignidad y los derechos humanos de todas las personas”. El presidente de la República y los altos funcionarios del Estado han estimulado la violación del derecho a la vida por parte de los agentes de la fuerza pública, bajo la excusa de la lucha contra la “violencia terrorista”.
3. Impunidad
En Venezuela, junto a la pobreza, la impunidad es la mayor violación de derechos humanos. Provea ha afirmado numerosas veces que la impunidad en Venezuela es estructural. La propia Fiscal General de la República ha reconocido que la cifra de impunidad en materia de delitos comunes alcanza el 92% de los casos y en violaciones de derechos humanos, se sitúa en 98%. El irregular funcionamiento del Sistema de Administración de Justicia y el copamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos. De esta manera se generan condiciones favorables para la ocurrencia de abusos, los cuales no son sancionados. Esta situación afecta especialmente a los más pobres.
El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, están obligadas a investigar –de oficio- cualquier conducta que afecte o pudiera afectar la garantía de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los Pactos Internacionales ratificados y vigentes en la República. Aunque saludamos el inicio de una investigación de la Masacre de Barlovento por parte del Ministerio Público, consideramos que hay responsabilidades que van más allá de la autoría material de los hechos. Los mandos militares y el propio Ministro de Interior y Justicia deben ser investigados y eventualmente sancionados penal o administrativamente por lo ocurrido, pero sobre todo por la reiterada ocurrencia de situaciones similares. Asimismo, el ministro Reverol, debería renunciar a su cargo para facilitar las investigaciones, toda vez que es el responsable directo de la ejecución del OLP.
Detener la masacre
El OLP debe ser detenido. Para Provea no hay punto medio en este aspecto. Esta medida de “mano dura” castiga a los más pobres y añade más sufrimientos a cientos de familias que ya padecen las consecuencias de la grave crisis económica y social del país. A la situación de exclusión generada por la pobreza, se suma la revictimización generada por la OLP y la violencia promovida por el propio Estado. Urge detener la masacre e investigar y sancionar a todos los responsables meteriales e intelectuales de abusos contra los derechos humanos en el contexto de operativos policiales.
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
