La capacidad de convocar y celebrar manifestaciones pacíficas, así como la plena legitimidad de las organizaciones de la sociedad civil para acceder a fuentes de financiamiento a través de la cooperación internacional están plenamente reconocidas como parte integrante del derecho a la libertad de asociación y reunión pacíficas. Ambas cuestiones han sido abordadas por diversa normativa e informes de distintas instancias de Naciones Unidas, que se encuentran explícitamente desarrollados e interpretados en los puntos III y IV del Informe del ex Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de ONU el 24 de abril de 2013.
El pasado 27 de octubre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba publicó un comunicado en el cual menciona a los ciudadanos cubanos Manuel Cuesta Murua y Yunior García Aguilera, a la organización de la sociedad civil CADAL y a su Director General, Gabriel Salvia, en términos gravemente acusatorios, clasificándolos de subversivos políticos que responden a los intereses de los Estados Unidos, refiriéndose también a que esta organización recibe fondos de la cooperación internacional de dicho país. En el mismo tenor se expresó en forma pública el Embajador Rogelio Polanco, del Secretariado del Partido Comunista Cubano.
Los Sres. Cuesta Morúa y Garcia Aguilera son ciudadanos cubanos que simplemente reclaman por la vigencia de los derechos humanos en su país. La convocatoria a manifestarse y el pedido que realizaron a las autoridades cubanas siempre lo ha sido destacando el carácter pacífico de éstas. Se trata simplemente de ejercer los derechos a expresarse libremente mediante la manifestación pacífica, derechos humanos consagrados por el ordenamiento internacional.
Este ataque y persecución del que son objeto es una reacción a la convocatoria a manifestarse el próximo 15 de noviembre, debido a que los Sres. Cuesta Morúa y García Aguilera firmaron petitorios dirigidos a autoridades cubanas para que permitan esta manifestación y respeten los derechos de libre expresión y reunión pacífica. Todo lo cual fue denegado y declarado ilegal, en flagrante contradicción con toda la normativa y principios del derecho internacional de los derechos humanos. La reacción autoritaria también ha incluido la detención arbitraria al Señor Cuesta Morúa el día 26 de septiembre de 2021 durante doce horas.
En el caso de CADAL, se trata de una organización que promueve los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional en favor de ciudadanos en general y colegas de la sociedad civil que viven en contextos políticos cerrados en diversas partes del mundo. Asimismo, CADAL es una organización independiente y apartidaria, que lleva adelante su labor y toma sus decisiones sin ningún tipo de condicionamiento por parte de gobierno alguno.
Las posturas de CADAL promoviendo la solidaridad democrática internacional son públicas a lo largo de sus más de 18 años de existencia, y abarcan la visibilización y condena contra los más diversos regímenes autoritarios en el mundo, más allá de la ideología que los inspire, sean estos de derecha o de izquierda.
La capacidad de convocar y celebrar manifestaciones pacíficas, así como la plena legitimidad de las organizaciones de la sociedad civil para acceder a fuentes de financiamiento a través de la cooperación internacional están plenamente reconocidas como parte integrante del derecho a la libertad de asociación y reunión pacíficas. Ambas cuestiones han sido abordadas por diversa normativa e informes de distintas instancias de Naciones Unidas, que se encuentran explícitamente desarrollados e interpretados en los puntos III y IV del Informe del ex Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de ONU (A/HRC/23/39) el 24 de abril de 2013.
La legislación y la política oficial del régimen cubano impiden en forma estructural y sistemática los derechos de libre manifestación pacífica y libre asociación. Así lo ha demostrado a lo largo de su historia y más recientemente con la represión a las manifestaciones del 11 de julio y su actual impedimento de convocatoria para el 15 de noviembre. Del mismo modo su legislación y práctica burocrática, impiden cualquier tipo de registración legal a toda aquella organización de la sociedad civil que no sea afín al gobierno.
Las organizaciones firmantes rechazamos enfáticamente semejante ataque. Advertimos que el mismo reitera las clásicas excusas y diatribas de un régimen dictatorial que impide plenamente el ejercicio de los derechos civiles y políticos en el país. En miras a desviar la atención de los reclamos válidos de apertura democrática para el país, pretende como siempre disfrazar la situación afirmando que se trata de actividades subversivas propiciadas desde el exterior.
Exhortamos a la comunidad internacional, a nuestros colegas de la sociedad civil, a los gobiernos democráticos, al sistema universal de protección de Derechos Humanos de ONU a través del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y los Relatores Especiales competentes en la materia, la Unión Europea, los Embajadores europeos de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a condenar este ataque y pronunciarse en defensa de la plena vigencia del derecho a la libertad de asociación en Cuba, el acceso a la cooperación internacional, y en favor de que se permita y garantice sin restricciones ni persecuciones la manifestación pacífica convocada para el próximo 15 de noviembre en toda Cuba.
Freedom House (Estados Unidos)
Robert F. Kennedy Human Rights (Estados Unidos)
Civil Rights Defenders (Suecia)
FUSADES (El Salvador)
Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica (Reino Unido)
PROVEA (Venezuela)
People in Need (República Checa)
Instituto Prensa y Sociedad (Perú)
Programa Feminista La Corriente (Nicaragua)
Freemuse (Dinamarca)
CADAL (Argentina)
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPLEX (Costa Rica)
Fundación Ciudadanía y Desarrollo (Ecuador)
Fundación Impulsos (Colombia)
Fundación Patricio Aylwin (Chile)
Movimiento San Isidro (Cuba)
