Caracas, 20 de marzo de 2025 | Las ONG que formamos la Coalición Foro por la Vida expresamos nuestra profunda preocupación y nuestro enérgico rechazo ante el incremento de detenciones arbitrarias de personas migrantes venezolanas en diferentes países del mundo.
Tal y como lo han documentado los principales organismos de protección internacional de los derechos humanos, la población venezolana ha sido afectada por una grave crisis de derechos humanos que derivó en una extendida crisis humanitaria y migratoria.
Esto sucede en un contexto nacional donde no se han resuelto los principales padecimientos que han propiciado la salida masiva de nacionales a otros países, en particular, detenciones arbitrarias, la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas y el cierre del espacio cívico, así como la persecución contra personas defensoras de derechos humanos. Esto, junto a la emergencia humanitaria, generó la salida masiva de millones de nacionales a otros países. En estas circunstancias, cada Estado debe hacerse cargo de su situación y tomar con seriedad sus obligaciones ineludibles en materia de protección de los derechos humanos.
Son públicas las denuncias de personas migrantes que fueron detenidas sin justificación legal, privadas de asistencia jurídica y de procesos expeditos que impiden la presentación de recursos legales. Tales prácticas promueven un entorno severamente criminalizante y sin observancia de los principios del debido proceso que deben ser cumplidos bajo cualquier circunstancia en todos los Estados.
La deportación masiva e indiscriminada de nacionales venezolanos, sin una evaluación rigurosa de sus circunstancias individuales, tomando en cuenta que su país enfrenta una grave situación de derechos humanos y una compleja y difícil situación política, constituyen violaciones al principio de no devolución y a las garantías procesales fundamentales e incrementa su vulnerabilidad.
En nuestro criterio estas acciones vulneran los derechos humanos en general, el debido proceso y los principios fundamentales del Derecho Internacional, que todos los Estados sin excepción están obligados a acatar.
Con consternación debemos afirmar que estas prácticas fomentan la discriminación y la xenofobia. Resulta muy doloroso que se criminalice a un grupo poblacional como un efecto demostrativo para castigar y coaccionar y así reducir el flujo migratorio.
Cada país tiene el derecho de aplicar sus mecanismos migratorios, pero estos deben desarrollarse siempre en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Del mismo modo, la persecución de quienes hayan cometido crímenes debe realizarse bajo el cumplimiento de todas las garantías judiciales, independientemente del delito que puedan haber cometido.
La comunidad internacional, los organismos de protección internacional de los derechos humanos y la sociedad civil venezolana y regional debemos insistir en el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y protección de las personas migrantes.
Solicitamos a las autoridades de todos los países receptores de migrantes venezolanos, especialmente, con base en los últimos acontecimientos, a las autoridades de Colombia, El Salvador y de Estados Unidos y el resto de países receptores de migrantes venezolanos con carácter de urgencia:
- El cese inmediato de las detenciones arbitrarias y el cumplimiento de las garantías del respeto al debido proceso de todas las personas migrantes venezolanas.
- Revisar los procedimientos de deportación y expulsión, asegurando que se evalúe cada caso con base en el derecho a solicitar asilo, se prorroguen los procedimientos especiales de permisos temporales que en sí mismos ya poseen una rigurosa evaluación individual de las personas a quienes se les han otorgado y otros mecanismos de protección internacional.
- Condiciones dignas en los centros de detención y acceso a asistencia humanitaria.
- Protección especial para grupos vulnerables, incluyendo menores de edad, mujeres, personas solicitantes de asilo y personas de condiciones diferenciadas.
Igualmente, solicitamos al Estado venezolano que promueva de manera inmediata un mecanismo de coordinación con las autoridades de El Salvador, con el objeto de garantizar los derechos de las personas venezolanas sometidas a privación de libertad bajo la jurisdicción de ese país.
Suscriben:
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Centro Gumilla
Comisión Episcopal Justicia y Paz
Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989
(COFAVIC)
Espacio Público
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Observatorio Venezolano de Prisiones
Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas.
