En horas de la noche del martes, 25 de enero, se reportó una presunta fuga de privados de libertad en la Comandancia de la Guardia Nacional de Puerto Guerrero en el municipio Guajira, estado Zulia. La información no ha sido confirmada por las autoridades militares.
De acuerdo a los reportes de los familiares de las personas privadas de libertad en el calabozo militar, que se encuentra antes de cruzar el Río Limón, la situación se había desencadenado porque uno de los detenidos estaba presentando síntomas de COVID-19 y no había recibido atención médica. “Los presos decían que lo auxiliaran porque el compañero se estaba ahogando, pero no les hicieron caso”, manifestó un familiar.
Para controlar la situación de descontento, *los privados de libertad habían sido reprimidos con bombas lacrimógenas y la zona se encontraría altamente militarizada*. “Necesitamos apoyo porque no quieren dan información. No dejan acercarse a nadie al puesto de la comandancia”.
Desde el Comité de Derechos Humanos de la Guajira exhortamos a las autoridades militares de la Guardia Nacional permitir el acceso a los familiares al centro de detención para constatar la situación de sus familiares detenidos, así como exigimos atención y evaluación médica para los privados de libertad que necesitan tratamiento ante la presencia de casos positivos de COVID-19.
También, solicitamos la presencia de la Defensoría del Pueblo en el lugar de los hechos, para constatar la situación de derechos humanos de los privados de libertad del calabozo militar. Este es un centro de detención preventiva y se encontraría en condiciones de hacinamiento, con una población de 95 privados de libertad.
Demandamos a las autoridades gubernamentales la inmediata atención a los privados de libertad de la comandancia de la Guardia Nacional de Puerto Guerreo, como parte de sus obligaciones para proteger y garantizar los derechos humanos de las personas detenidas, que se encuentran en extrema vulnerabilidad ante la propagación del COVID-19 en el país.
