26 fallecidos, 437 heridos y/o lesionados y 1.289 detenidos en 22 días de protestas. La cifra fue suministrada durante una rueda de prensa ofrecida este 25 de abril en la sede del Ministerio Público por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en la que presentó un balance preliminar de la data levantada por la institución que dirige, sobre las recientes manifestaciones antigubernamentales que comenzaron el pasado 4 de abril en todo el país.
De acuerdo a la información suministrada por la Fiscal General, 26 personas (22 adultos y 4 adolescentes) han fallecido en menos de un mes de protestas en distintas circunstancias vinculadas a la realización de manifestaciones en varios estados del país. Unas 437 personas han resultado heridas y/o lesionadas por distintos actores entre los que se incluyen agentes de la fuerza pública y civiles, mientras que 1.289 ciudadanos han sido detenidos en el contexto de las manifestaciones. La Fiscal General reconoció que la mayoría de las manifestaciones han sido de carácter pacífico y dijo, que aunque se han registrado hechos violentos, estos han sido eventos minoritarios.
En opinión de Provea, el balance ofrecido por el Ministerio Público refleja las graves ausencias de garantías para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica en Venezuela. La mayoría de las muertes y casos de lesiones y heridas e incluso, las detenciones de manifestantes, se produjeron en el contexto de manifestaciones pacíficas que desembocaron en hechos violentos luego de que las autoridades obstaculizaran o intentaran dispersar a los manifestantes, o que se produjeran presuntos ataques de terceros contra manifestantes pacíficos.
Esta afirmación se sustenta en la propia información suministrada por el Ministerio Público sobre los asesinatos de Jairo Johan Ortiz Bustamante (19) (06/04/2017); Daniel Alejandro Queliz Araca (19) (10/04/17); Miguel Ángel Colmenares Milano (36) (11/04/2017); Gruseny Antonio Canelón Scirpatempo (32) (11/04/2017); Bryan David Jiménez Principal (14) (12/04/2017); Carlos José Moreno Varón (17) (12/04/2017); Niunar José Sanclemente Barrios (28) (19/04/2017); Paola Andreina Ramírez Gómez (23) (19/04/2017); Almelina Carrillo Virgüez (48) (24/04/2017); Jesús Leonardo Sulbarán (41) (24/04/2017); Renzo Jesús Rodríguez Roda (54 AÑOS) (24/04/2017); Luis Alberto Márquez (52 AÑOS) (24/04/2017). Estas muertes se produjeron en el contexto de manifestaciones pacíficas que desencadenaron en hechos violentos debido a la ausencia de garantías para el ejercicio del derecho por parte de las autoridades.
Estas garantías suponen no solamente respetar el ejercicio del derecho a manifestar pacíficamente -tal como lo consagran los Pactos suscritos por la República, la Constitución Nacional y la legislación vigente- absteniéndose de imponer obstáculos indebidos a los manifestantes, sino que incluye además la obligación de generar entornos propicios y seguros para que los manifestantes puedan ejercer su derecho, sin que esto comporte una amenaza para su integridad, su libertad o su vida. Esta obligación impone al Estado el deber de evitar el uso de la violencia contra manifestaciones pacíficas bajo alegatos como la ausencia de “permisos” o las presunciones anticipadas basadas en la estigmatización y criminalización de los convocantes y los objetivos de la protesta; además, obliga a las autoridades a proteger a los manifestantes contra posibles ataques de terceros como civiles armados, contra-manifestantes y agrupaciones paramilitares.
El Relator Especial de la ONU para los derechos de asociación y reunión pacíficas, Maina Kiai, ha dicho que “(…) los Estados tienen la obligación positiva de proteger activamente las reuniones pacíficas. Esta obligación abarca la protección de los participantes en reuniones pacíficas de los actos perpetrados por personas aisladas o grupos de personas, incluidos agentes provocadores y contra manifestantes, con el propósito de perturbar o dispersar tales reuniones, entre ellos miembros del aparato del Estado o individuos que trabajen a cuenta de este”. En tal sentido, los hechos de violencia y ataques contra manifestantes, que sean directa o indirectamente alentados por funcionarios del Estado o que sean cometidos por actores no estatales que actúen bajo la aquiescencia del Estado, constituyen un incumplimiento de las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Constitución Nacional y de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones y Manifestaciones Públicas. Asimismo, los ataques perpetrados por terceros que no tengan vinculación directa con el Estado, también podrían ser considerados como una responsabilidad por omisión de las autoridades en tanto estas no hayan actuado para evitar dichos ataques y no hayan cumplido su obligación de proteger a los manifestantes, independientemente de si estos participaban en protestas de rechazo o de apoyo al gobierno.
En el caso del número de personas heridas y/o lesionadas registradas por el Ministerio Público a menos de un mes del inicio de las manifestaciones, la cifra es alarmante y da cuenta también del empleo excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad, toda vez que de la totalidad de personas heridas y/o lesionadas desde el pasado 4 de abril (437 casos), en 247 casos (56,52%) la responsabilidad es atribuible a la actuación de cuerpos de seguridad del Estado según informó la Fiscal General. Provea recuerda que de acuerdo al informe conjunto levantado por nueve organizaciones de derechos humanos sobre las protestas realizadas en 2014, titulado “Venezuela: Protestas y Derechos Humanos”, entre los meses de febrero y abril de 2014 se registró un total de 854 heridos y/o lesionados en el contexto de manifestaciones. En dicha ocasión Provea constató que en el 46,8% de los 854 casos registrados, fue clara la responsabilidad de los agentes de la fuerza pública en la comisión de este tipo de abusos contra la integridad personal. Igualmente, genera honda preocupación entre nosotros, que en sólo 22 días de protestas el número de personas heridas y/o lesionadas represente más de la mitad del total registrado en 3 meses de protestas en 2014. Ello también da cuenta del aumento de la respuesta violenta a las manifestaciones, la cual ha sido atizada por el abierto aliento a la represión por parte de las autoridades del Estado; la estigmatización y criminalización de los manifestantes mediante el reforzamiento de la lógica del enemigo interno; la proscripción del derecho a la manifestación pacífica mediante la proliferación de zonas de exclusión y la imposición de obstáculos indebidos; y como telón de fondo, el inconstitucional Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que ha sustituido las garantías previstas en la Constitución por una “legalidad” alterna que extinguió el Estado de Derecho en el país.
En cuanto a la cantidad de personas detenidas, la cifra de 1.289 arrestos en 22 días de protestas revela también la ausencia de garantías para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. La Fiscal General detalló que del total de detenidos, apenas 65 se encontrarían privados de libertad por la presunta comisión de delitos en el contexto de las manifestaciones y que otros 247 serían presentados ante Tribunales este 26 de abril. La Fiscal no detalló en cuántos casos del total suministrado se habrían otorgado medidas cautelares a favor de los detenidos, y en cuántos se habría concedido la libertad plena. Sin embargo, precisó que en algunos casos el Ministerio Público ha desestimado la prosecución del proceso penal contra los detenidos debido a inconsistencias en las actas policiales o ante la ausencia de elementos probatorios. Pese a ello, según informó Luisa Ortega Díaz, algunos Tribunales han ratificado la privación de libertad de los detenidos, vulnerando el derecho al debido proceso.
Provea recuerda que entre los meses de febrero y mayo de 2014, se registraron 3.127 detenciones de manifestantes. En la mayoría de los casos se trató de detenciones arbitrarias realizadas por agentes de la fuerza pública y civiles que participaron en labores de control de manifestaciones luego del lanzamiento del “Comando Popular Antigolpe”. En la mayoría de estos casos, fue declarado el sobreseimiento de las causas ante la ausencia de elementos probatorios que permitieran comprobar la participación de los detenidos en la comisión de hechos punibles; sin embargo, la violación a la libertad personal y el debido proceso, afectó en 2014 a cientos de manifestantes pacíficos. Nos preocupa profundamente que en tan sólo 22 días de protestas se haya detenido el equivalente a 41.22% del total de personas detenidas registrado en 3 meses de protestas de 2014. Si la respuesta represiva continúa, podríamos presenciar abusos superiores a los registrados en dicho período.
Saludamos el llamado hecho por la Fiscal General de la República a todos los actores políticos a que diriman sus diferencias en un clima de paz, tolerancia y respeto. Sin embargo, recalcamos que la principal responsabilidad sigue estando en manos de las autoridades del Estado venezolano, sobre todo en quienes tienes en sus manos la tarea de garantizar condiciones favorables para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y la libre expresión de las ideas. Impedir el ejercicio de las libertades democráticas mediante la represión deja a la ciudadanía desprovista de mecanismos adecuados para la expresión de sus demandas y aumenta el descontento social, propiciando la aparición de expresiones violentas de protesta. La represión y la invisibilización de las demandas sociales es la principal fuente de violencia. Cuando las demandas ciudadanas se canalizan en el marco de la democracia se resuelven los problemas y triunfa la paz. Cuando se impone una dictadura y se niegan los derechos de la gente, crecen los abusos y las violaciones de Derechos Humanos.
Prensa Provea
