Venezuela figura ente los diez países del mundo que atravesarán en los próximos meses los más altos riesgos para su seguridad alimentaria y su agricultura.
Así se desprende del más reciente reporte Alertas Tempranas sobre Seguridad Alimentaria y Agricultura Abril-Junio 2019, presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, a través de su sección FAO en Emergencias. De acuerdo al informe, Venezuela se sitúa -luego de Yemen y Sudán del Sur-, como el tercer país con el más alto riesgo de deterioro significativo de la situación alimentaria y de su agricultura para el trimestre abril-junio.
«Venezuela está experimentando una grave y prolongada crisis económica. El país ha estado enfrentando hiperinflación desde noviembre de 2016 y según el Fondo Monetario Internacional el producto interno bruto seguirá cayendo en 2019, con lo que el descenso acumulado desde 2013 será de más del 50 por ciento. Esto es principalmente impulsado por la caída de la producción de petróleo y el empeoramiento de las condiciones en el sector no petrolero. Un colapso en los salarios y en el valor de la moneda, la escasez de alimentos, medicinas y suministros básicos, el deterioro de los servicios de salud, educación e infraestructura, así como las sanciones internacionales», destaca el organismo.
El informe «Early Warning, Early Action» (EWEA) sobre seguridad alimentaria y agricultura, brinda un análisis trimestral de los principales riesgos de desastres para la seguridad alimentaria y la agricultura, destacando específicamente nuevas emergencias potenciales resultantes de amenazas inminentes de desastres y nuevos riesgos en países ya afectados por crisis prolongadas que probablemente causen un mayor deterioro a la seguridad alimentaria.
En orden a la intensidad de la situación, la sección de alto riesgo del reporte de FAO incluye a Yemen; Sudán del Sur; Venezuela; Sudán; Zimbabue; Camerún; Burkina Faso; Haití; Afganistán y Nigeria.
Venezuela supera a Haiti en la intensidad del riesgo para su seguridad alimentaria y agricultura, siendo estos los dos únicos países de la región incluidos en el informe.
En el reporte se indica que la prevalencia de la subnutrición en el país está aumentando. «El porcentaje de personas subnutridas en el país se ha triplicado: del 3,6 por ciento en 2013 al 11,7 por ciento en 2017 (casi 3.7 millones de personas)». Además se destaca que la situación en Venezuela ha generado una crisis migratoria en toda la región, con un estimado de 3,4 millones de personas que han huido a otros países. La FAO hace referencia a la caída de la producción agrícola debido al difícil acceso a insumos y equipos y a las afectaciones climáticas, destacando que para los próximos meses no hay expectativas que la situación mejore.
La FAO recomienda distribuir herramientas agrícolas para la preparación de la tierra con vistas a la próxima temporada de lluvias; fortalecer el enfoque de manejo forestal participativo entre las comunidades indígenas que residen en áreas protegidas para mejorar la gestión del riesgo de desastres; fortalecer los sistemas de información sobre seguridad alimentaria y gestión del riesgo de desastres con énfasis en la agricultura familiar; Mejorar las capacidades técnicas e institucionales para la desarrollo de la familia / comunidad basada en la agricultura; Diseñar e implementar unidades / sistemas de producción agrícola que no dependen de insumos externos (semillas, fertilizantes y plaguicidas), y posibilitar el aumento y diversificación de la producción agrícola resiliente y la alimentación escolar.
Finalmente, en la sección «En vigilancia» del reporte de FAO, se incluye a los países que tienen una probabilidad y un impacto potencial más moderado de riesgo que el resto. Allí se incluyen: Siria; República Democrática del Congo; Bangladesh y Myanmar; Etiopia; Somalia; Mauritania; Corea del Norte; Palestina y Kenya.
Proyecciones catastróficas
Entre 2012 y 2017 Venezuela cayó dieciséis puestos en el indice global de Desarrollo Humano (IDH), según reveló en septiembre pasado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su último informe correspondiente a la data levantada hasta el año 2017. Venezuela se sitúa en el puesto 78 de 189 países analizados por el organismo, y en 8º lugar entre los países de América Latina, en una lista que lidera Chile con el índice más alto de la región, y que cierra Haiti -en el puesto 168 global-, con el IDH más bajo del continente. El informe del PNUD advirtió que el retroceso experimentado por Venezuela es uno de los mayores en el indicador que refleja los logros nacionales en materia de salud, educación y nivel de ingresos. “Solo Siria, Libia y Yemen, tres países con prolongados conflictos, han perdido más puestos” alertó el organismo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó en su más reciente informe «Perspectivas de la Economía Mundial« una caída del PIB real de 25%; una tasa de inflación de 10.000.000% y un indice de desempleo de 44,3% para el cierre del presente año. El organismo multilateral había estimado en 2018 que el Producto Interno Bruto per cápita de los venezolanos se redujo en más del 35% durante el período 2013–2017 y previó una disminución de casi un 60% entre 2013 y 2023. De acuerdo a esa proyección, Venezuela se situaría, junto a Arabia Saudita; Azerbaiyán; República Democrática del Congo; Georgia; Iraq; Líbano; Liberia; Libia y Qatar, como las naciones en las que, en distintos períodos históricos, se ha registrado una caída del PIB per cápita superior al 60%.
La caída del ingreso y del poder adquisitivo de las y los trabajadores venezolanos como consecuencia de la espiral inflacionaria, ha generado un acelerado incremento de la pobreza, lo que a su vez se ha traducido en mayores dificultades, sobre todo para la población más pobre y en situación de vulnerabilidad, para la satisfacción de sus necesidades alimentarias. La dictadura de Nicolás Maduro destruyó las capacidades productivas del país, generando una mayor dependencia de las importaciones y favoreciendo una enorme red de corrupción asociada al proceso alimentario. En 2016 y 2017 se consolidó el control del sistema alimentario nacional como estrategia y política de Estado. Todas las funciones alimentarias del país están bajo control militar. Más del 80% de la población es actualmente incapaz de satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación, el hambre empujó a muchas personas a los basureros, mientras que el daño sobre el estado nutricional de niños y adultos es alarmante.
Los compromisos asumidos por el Estado venezolano en la Declaración de Nuevo León de 2004, dirigidos a la búsqueda del crecimiento económico sostenido y equitativo “que contribuya al desarrollo de largo plazo, reduzca la pobreza, elimine el hambre y eleve los niveles de vida de la población”, se han convertido en letra muerta. Luego de recibir durante varios años los ingresos económicos más altos de nuestra historia por venta de petróleo, hoy los indicadores sociales están en caída libre, y el principal responsable de esta situación pretende seguir aferrado al poder aumentando el hambre y la represión.
Inti Rodríguez | Prensa Provea
