Washington, D.C.- La renuncia de Evo Morales a la presidencia el domingo 10 de noviembre culminó las tres dramáticas semanas de agitación en Bolivia y abrió el camino para una resolución pacífica y constitucional de la crisis electoral que agita el país. Según la constitución boliviana, en caso de renuncia del presidente y vicepresidente, se celebrarán nuevas elecciones dentro de los 90 días. En las próximas horas y días, dado que las tensiones siguen siendo altas en medio de la extrema incertidumbre, se debe tener un cuidado extraordinario para garantizar que esta resolución constitucional permanezca bajo el alcance de los civiles: los militares no deben tener un papel político en una sociedad democrática.
La renuncia de Morales se produjo después de semanas de protestas y denuncias de fraude electoral en torno a las elecciones bolivianas del 20 de octubre. En un esfuerzo por abordar la turbulencia política, el gobierno de Morales invitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a realizar una auditoría de la votación y acordó que los resultados de esa auditoría serían vinculantes. Las conclusiones preliminares de la auditoría, anunciadas el domingo por la mañana, invalidaron la votación del 20 de octubre y requirieron una nueva elección bajo los auspicios de una autoridad electoral renovada. Para el domingo por la tarde, Evo Morales había anunciado su renuncia.
Después de semanas de profunda desconfianza mutua, intensificación de la confrontación y actos de violencia, los bolivianos ahora tienen la oportunidad de reconstruir la confianza en su proceso electoral y restaurar una medida de paz y convivencia social.
Tomar ese camino requerirá la buena voluntad y la moderación de todos los bolivianos, los líderes políticos que eligen elevarse por encima de los intereses de sus propias facciones para actuar en el mejor interés del país en su conjunto, y el continuo acompañamiento y monitoreo por parte de la comunidad internacional.
Bolivia debe ahora organizar nuevas elecciones con nuevas autoridades electorales en el lugar, en conjunto con la observación internacional en curso. Para evitar exacerbar el conflicto en un país severamente polarizado, los líderes políticos y sociales de Bolivia deben instar a la calma y abstenerse de cualquier retórica que alimente las tensiones y avive las animosidades. Todas las energías deben centrarse en la mejor manera de garantizar la conformación de una autoridad electoral y la convocación de una nueva votación que brinde a todos los bolivianos la confianza de que pueden elegir libre y de manera justa a sus propios líderes, como es su derecho fundamental.
