“Ser pobre no es un crimen, basta de impunidad”. Bajo esta consigna, familiares de víctimas y organizaciones sociales se concentraron este martes en la sede de la Fiscalía General de la República en Caracas, para exigir la suspensión del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) y la destitución de los ministros de Interior, Justicia y Paz, Nestor Reverol y de Defensa Vladimir Padrino López, por las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco de la aplicación de este operativo policial-militar de seguridad ciudadana.
“Estamos denunciando la atrocidad de las masacres de Cariaco y Barlovento propiciadas por un mecanismo terrorífico que es la OLP” expresó Miguel Angel Hernández, vocero de la Plataforma del Pueblo en Lucha y el Chavismo Crítico, una coalición de organizaciones de izquierda crítica a la gestión de Nicolás Maduro, y quien fue la convocante de la actividad que movilizó a cerca de 100 activistas sociales y familiares de víctimas.
Para Hernández, el OLP es un operativo que criminaliza a los más pobres y busca generar terror entre las comunidades populares para disuadir la protesta popular contra las consecuencias de la crisis económica y las medidas del gobierno, “desde nuestro punto de vista, planteamos la necesidad inmediata de eliminar este operativo que lo que busca es inhibir la protesta obrera y popular. Desde esta plataforma llamamos a que cese la aplicación de este mecanismo represivo”.
Los organizadores de la manifestación consignaron un escrito ante el despacho de la Fiscal Luisa Ortega Díaz, exigiendo investigación para los autores materiales e intelectuales de los sucesos de Cariaco en el estado Sucre y Barlovento en el estado Miranda. En estos sucesos, ocurridos en días recientes, resultaron asesinadas 9 y 12 personas, respectivamente, presuntamente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército Bolivariano, en el marco de estos operativos de seguridad.
El vocero de la plataforma anunció que realizarán otras actividades para seguir denunciando los resultados de la OLP, comparó este operativo con planes realizados en el pasado como el Plan Unión de los años 80`. “El OLP es similar a lo que se aplicaba en el puntofijismo como el Plan Unión o la Operación Volante, es una réplica de ese tipo de mecanismos represivos y terroristas para inhibir la protesta popular. El gobierno de Maduro si no nos mata de hambre, nos mata con la OLP, por ello seguiremos denunciando y tomando acciones junto a las víctimas y sus familiares”, concluyó Hernández.
El OLP es un operativo de seguridad ciudadana lanzado por el Ejecutivo venezolano en julio de 2015. Desde su inicio Provea y otras organizaciones sociales y de Derechos Humanos, han denunciado el incremento de abusos y ejecuciones extrajudiciales cometidos por los agentes de la fuerza contra habitantes de comunidades populares, en el marco de la ejecución de este medida. Hasta la fecha, más de 800 personas han sido asesinadas en presuntas ejecuciones extrajudiciales; más de 17.000 ciudadanos de forma ilegal y arbitraria; 18.000 viviendas han sido allanadas sin orden judicial; 976 han sido demolidas y 10 incendiadas; mientras que 1.490 beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) han sido desahuciados y desalojados arbitrariamente de sus viviendas. A pesar de las constantes denuncias y las peticiones de suspensión de la medida, la gestión de Maduro insiste en su realización.
