El 19 de agosto de 2021, varios miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y de la Policía del Municipio Acevedo, en Caucagua, estado Miranda, irrumpieron en horas de la madrugada en la comunidad rural La Arenita, situada en la parroquia Panaquire de ese municipio.
Bajo la justificación de estar buscando un lote de licores presuntamente robado, los agentes de la fuerza pública allanaron ilegalmente al menos cinco viviendas de la comunidad, causando destrozos, hurtando propiedad privada y amenazando a los residentes.
Tres mujeres de La Arenita fueron detenidas por los funcionarios y trasladadas en patrullas a una sede policial de la localidad de Caucagua.
Según los relatos, una de las detenidas –menor de edad– fue amenazada con ser abusada sexualmente por los policías, mientras que otras dos –mayores de edad– permanecieron detenidas durante toda la noche mientras eran golpeadas, amenazadas de muerte y sometidas a asfixia mecánica, entre otros abusos.
Provea difundió la denuncia a través de su cuenta en la red social Twitter, generando la reacción del director del CICPC, Douglas Rico, quien aseguró que investigaría los hechos y depuraría al organismo.
Hasta ahora, Provea no tiene información sobre alguna investigación relacionada con lo ocurrido.
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Pero, antes de los sucesos de La Arenita, otros hechos ocurridos en las sedes del CICPC, propician precarias expectativas sobre las reiteradas promesas del Sr. Rico, sobre la supuesta depuración de ese cuerpo policial.
El 21 de mayo de 2019, familiares de personas privadas de libertad en la sede del CICPC en El Hatillo, al sureste de Caracas, denunciaron torturas contra 50 detenidos, que incluyeron golpizas, violación, crucifixión y otros abusos.
El Sr. Rico prometió entonces investigación y sanción a los responsables. Pero nada ocurrió.
A finales de 2021 -pese a las promesas oficiales- El CICPC retomó su liderazgo histórico, como el cuerpo policial más torturador del país.
Aumentaron las torturas, pese a la vigilancia internacional
En 2021 las instancias internacionales de protección de los Derechos Humanos, mantuvieron su mirada sobre Venezuela.
La gravedad de las violaciones, les han obligado a afianzar el monitoreo e investigación sobre lo que viene ocurriendo en el país.
En una decisión histórica, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Sr. Karim Khan, anunció el pasado 04 de noviembre, su decisión de abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
No obstante, durante 2021 continuaron los abusos.
Entre enero y diciembre del año pasado, Provea registró 241 denuncias de torturas, un aumento de 148,4% respecto al número de víctimas reportadas en 2020. La segunda cifra más alta registrada en los últimos 33 años.
En 60,9% de las denuncias de torturas recogidas en el Informe Anual de Provea, las víctimas dijeron haber sufrido algún tipo de abuso sexual, que en varios casos incluyó violación.
Igualmente, en 44,3% del total de casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes registrados en 2021 los afectados denunciaron haber sido expuestos a desnudez colectiva como mecanismo de intimidación, mientras que otros dijeron haber recibido amenazas de violación por parte de los agentes de la fuerza pública.
El aumento de las técnicas de abuso basadas en la humillación y reducción física y psicológica de las víctimas mediante las agresiones sexuales, genera especial preocupación.
CICPC encabeza abusos
El CICPC, fue señalado como responsable en 155 casos de tortura –con igual número de víctimas– para alcanzar 64,3% del total de denuncias registradas en 2021.
En 2019 –cuando se produjo el mayor número de víctimas de torturas registrado por PROVEA desde 1988– el CICPC fue señalado como responsable de torturar a 259 personas; es decir, 45% del total de víctimas registradas ese año.
El CICPC también encabezó el listado de denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes con 216 víctimas (44,17%), 200 de ellas personas privadas de libertad en la sede del organismo ubicada en Los Teques, capital del estado Miranda. Estas personas habrían sido sometidas a fuertes golpizas y obligadas a desnudarse, luego que realizaran una protesta reclamando alimentos.
El Hatillo y Boleíta: epicentros de la tortura
En Miranda se registró la mayor cantidad de víctimas de torturas, concentradas en su mayoría en la sede de la División Nacional contra la Extorsión y el Secuestro del CICPC, ubicada en El Hatillo, y en la sede principal de la DGCIM, en Boleíta.
En estos dos recintos –el primero de carácter policial civil y el segundo, militar– se han denunciado al menos 441 casos de tortura entre enero de 2018 y diciembre de 2021, un alarmante 43,19% del total de casos registrados a nivel nacional durante ese período.
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