Nota actualizada el martes 06/08/2024
El lunes 29 de julio los habitantes de las comunidades pobres de Venezuela se arrojaron a las calles de las principales ciudades del país para exigir respeto a la voluntad popular, en medio de unos comicios que han sido catalogados como fraudulentos tras la divulgación de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó ganador al presidente Nicolás Maduro, sin permitir la presencia de testigos de la oposición en el proceso de totalización de los votos y sin proporcionar acceso pleno a las actas de escrutinio que respalden los resultados emitidos.
Miles de manifestantes tomaron ese día las principales avenidas de Caracas en una jornada que estuvo marcada por la represión y los abusos cometidos por agentes de la fuerza pública y la violencia ejercida por agrupaciones paramilitares conocidas como «colectivos».
La respuesta gubernamental se ha centrado en la represión a las manifestaciones de descontento mediante el uso desproporcionado de la fuerza que ha cobrado la vida de al menos dos decenas de manifestantes, la abierta actuación coordinada entre fuerzas de seguridad y agrupaciones de civiles armados proclives a Nicolás Maduro para aplacar las protestas, y en el aumento exponencial de las detenciones arbitrarias.
Una escalada de graves abusos por parte de las autoridades venezolanas han seguido al proceso electoral del pasado 28 de julio, los cuales debían servir para allanar el camino hacía el rescate de la democracia y la reinstitucionalización del país.
El precipitado y poco confiable anuncio del CNE, emitido la madrugada del lunes, proclamando ganador a Nicolás Maduro se produjo en medio de serias denuncias de impedimentos para la verificación del proceso de conteo y totalización de votos por parte de testigos vinculados al equipo de Edmundo González Urrutia, sin acceso pleno a las actas emitidas en cada uno de los centros de votación y en medio de una oleada de ataques armados encabezados por miembros de agrupaciones paramilitares pro-oficialismo y agentes de seguridad, contra ciudadanos que aguardaban a las afueras de los centros electorales por la publicación del escrutinio.
Estas y otras irregularidades atizaron un escenario de conflictividad en las calles del país que ha tenido como epicentro las comunidades populares, cuyos habitantes denuncian la existencia de un fraude y reclaman el reconocimiento
Tras una semana de la celebración de los comicios, el Ministerio Público venezolano informó que 1.062 personas habían sido detenidas hasta el día miércoles 31 de julio. Mientras, el propio presidente Nicolás Maduro Maduro elevó la cifra a cerca de 2.000 detenidos, calificando a estas personas como «terroristas» y anunciando que vendrían más detenciones en los próximos días.
Reportes independientes de la ONG Foro Penal Venezolano sitúan la cifra de detenciones en 1.102 personas con datos individualizados de los detenidos y los centros de reclusión en los que se encuentran privados de libertad.
Las denuncias van en ascenso y cualquiera de las cifras que se tenga como base documental, indican que estamos en presencia de un crecimiento exponencial de las detenciones arbitrarias en el país, sobre todo si las comparamos con los registros de otros ciclos de protestas como 2019, 2017 o 2014.
Teniendo como base la cifra oficial ofrecida por el Fiscal General, Tarek William Saab, el número de arrestos contra personas opositoras, manifestantes, periodistas y otras personas percibidas como opositoras, equivale a un 41,59% del total de detenciones arbitrarias registradas por Provea entre los meses de abril y agosto de 2017, el ciclo de protestas más importante del país desde 1989.
Provea ha recibido reportes que indican que a nivel nacional las autoridades no están permitiendo la asistencia de abogados privados o de ONG a los detenidos.
Se les impide participar en audiencias o defender a las personas detenidas en las recientes protestas. También se han recibido numerosos alegatos de impedimentos para que los familiares puedan visitar a los aprehendidos en los centros de reclusión o puedan entregarles comida u otros enseres.
Además, se están realizando audiencias de presentación ante Tribunales irregularmente constituidos en los propios centros de reclusión, cuyas características principales es que son colectivas, no se individualizan los delitos y se emplea el mismo criterio de imputación para todos los detenidos, violando el derecho a la defensa y el debido proceso, consagrados en la Constitución venezolana en su artículo 49.
Asimismo, se ratifica lo que varias Relatorías de Naciones Unidas han calificado como “abuso crónico” de la legislación anti-terrorista venezolana, ya que la mayoría de los detenidos están siendo acusados por delitos contenidos en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT) vigente en Venezuela desde 2013.
Represión total
Los registros de Provea dan cuenta de 24 personas fallecidas entre el domingo 28 de julio y el lunes 05 de agosto en eventos y protestas relacionadas con los comicios del 28 de julio.
Desde 2019, la cifra de personas asesinadas en un ciclo de protestas tan breve como el actual no había sido tan elevada.
En cinco días de protestas de 2019 -entre el 21 y el 24 de febrero- Provea registró 31 asesinatos de manifestantes. Entonces, la mayoría de los casos fueron atribuidos -debido a los alegatos de testigos y víctimas-, a las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
En 2024 la cifra de asesinatos de manifestantes, en apenas dos días de protestas, se eleva a 24 personas. Además de los «colectivos» , la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y posible sucesora de las FAES, es señalada en al menos dos casos de asesinatos de manifestantes.
En al menos nueve de los asesinatos de manifestantes registrados por Provea, las agrupaciones de civiles armadas pro-oficialistas, o colectivos, están señaladas por testigos presenciales como posibles autores de los hechos.
Se ha documentado ampliamente la participación de estas agrupaciones en abierta coordinación con agentes de la fuerza pública, en labores de represión de manifestaciones, ataques a centros de votación el día de las elecciones y actos de amenazas y hostigamiento contra personas opositoras.
Entre el 29 de julio y el 01 de agosto, Provea registró al menos 40 casos de desapariciones forzadas.
Las víctimas, en su mayoría del género masculino, fueron personas detenidas ilegalmente por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana (DAET-PNB) y agrupaciones de civiles armados (colectivos).
Estas desapariciones se han prolongado por lo general en lapsos de entre 4 horas y hasta un día, sin que los familiares y/o abogados de las víctimas, tengan información sobre el paradero de los detenidos o sobre las condiciones de reclusión en las que se encuentran.
El patrón de desapariciones forzadas que afecta a personas detenidas por agentes de seguridad y/o civiles armados pro-oficialistas, tiende a masificarse.
Las autoridades se niegan a brindar información a familiares y abogados sobre el paradero, las condiciones de reclusión y los motivos de arresto de las personas detenidas que han sido víctimas de estas situaciones, agravando los riesgos a la integridad personal y socavando definitivamente el debido proceso y la debida administración de justicia.
Más de 90 personas resultaron heridas en las protestas realizadas los días lunes 29 y martes 30 de julio.
Esta cifra, levantada por organizaciones conformadas por personal de salud en distintos hospitales del país, adolece de un importante sub-registro, toda vez que por razones de seguridad muchas personas afectadas por la represión se abstienen de acudir a centros de salud evitando ser interceptados por agentes de seguridad, y en otros casos, el personal médico intenta resguardar a estas personas para evitar represalias.
La mayoría de las protestas registradas se han producido en barrios y zonas populares de Caracas y otras ciudades del país.
Por ello, Provea advierte sobre una posible escalada -en los próximos días-, de actos de represalias y «castigos ejemplarizantes» contra habitantes de zonas populares y/o contra personas empleadas en la administración pública y empresas del Estado.
En el pasado reciente, tras los ciclos de potestas de los años 2017 y 2019, se registraron numerosos operativos policiales en comunidades que habían participado en protestas anti-gubernamentales.
En dichos procedimientos documentamos abusos cometidos por agentes de seguridad claramente dirigidos a infundir temor entre los habitantes de estas zonas, mediante el ascenso de las ejecuciones extrajudiciales, los allanamientos ilegales, el marcaje de viviendas de personas identificadas como opositores, entre otros atropellos.
Provea ha comenzado a recibir denuncias de actos de acoso, despidos y desmejora laboral de personas empleadas de la administración pública.
Estos actos que, advertimos, pudieran escalar en los próximos días, han sido registrados en otros períodos de alta conflictividad y constituyen delitos de discriminación por razones políticas que lesionan los derechos al trabajo y a la integridad personal.
Negar a las personas el derecho humano a la democracia, a la verdad electoral y reprimir a quien reclame estos principios básicos, es un delito contra los derechos humanos. El poder y la soberanía residen en el pueblo, que desea garantías para que sus decisiones y su destino político sean respetados.
Prensa Provea
