GINEBRA (4 de agosto de 2017) – El Gobierno de Venezuela debe poner un alto a las detenciones sistemáticas de los manifestantes y frenar el creciente uso de tribunales militares para juzgar a civiles, dice un grupo de expertos* en los derechos humanos de la ONU.
Las autoridades deben también respetar los derechos de todos los manifestantes y detenidos y garantizar su integridad física y psicológica, dijeron los expertos independientes.
“Estamos seriamente preocupados por acusaciones de detenciones arbitrarias y uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en el marco de las protestas públicas, así como por el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles”, enfatizaron.
“Tales actos estarían en abierta violación al derecho de no ser privado arbitrariamente de la libertad, al debido proceso y a ser juzgado por un juez natural, independiente e imparcial. Además, constituirían graves violaciones a los derechos de libertad de reunión pacífica y de expresión”.
Miles de personas habrían sido privadas de su libertad, desde abril del 2017, en el marco de protestas públicas. En muchos de esos casos, los detenidos han sido sometidos a aislamiento temporal, sin tener la posibilidad de comunicarse con sus familiares o abogados, previo a su presentación ante los tribunales. En otros casos, las personas fueron liberadas por decisión discrecional de los cuerpos de seguridad.
“El Gobierno venezolano tiene la obligación de garantizar que los ciudadanos no sean privados arbitrariamente de su libertad, o penalizados de ninguna manera, por expresarse y protestar pacíficamente. Las protestas no deben ser criminalizadas”, señalaron los expertos.
“El Gobierno también debe asegurar que los registros de detención sean públicos y estén a disposición de los familiares”.
Los expertos también llamaron las autoridades a poner en inmediata libertad los dirigentes de oposición Leopoldo López y Antonio Ledezma, recientemente transferidos a centros de detención tras la revocación de sus arrestos domiciliarios. Los expertos resaltaron el hecho de que El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria considera que la privación de libertad del Sr. López y el Sr. Ledezma violó sus derechos.
Los expertos dijeron que el creciente uso de los tribunales militares para juzgar a civiles fue especialmente preocupante. Al menos cuatrocientos manifestantes habrían sido juzgados de esta manera y la gran mayoría habrían sido privados de su libertad bajo acusaciones de delitos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar, tales como rebelión militar, traición a la patria y ultraje al centinela.
“El uso de la justicia militar penal debe ser estrictamente limitado a casos en los que militares activos cometan delitos militares”, recalcaron los expertos.
“Los órganos judiciales militares deberían, por principio, ser incompetentes para juzgar a civiles. El Estado venezolano debe velar por que los civiles acusados de una infracción penal sean juzgados por tribunales ordinarios”.
Los expertos también expresaron grave preocupación por las acusaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza durante las protestas por parte de los agentes de estado y de los llamados armados ‘colectivos’, que fueron acusados intimidar, agredir, detener e incluso dar muerte a algunos manifestantes.
Los expertos de los derechos humanos notaron que muchos de los detenidos han denunciado torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes al momento de ser presentados ante los tribunales.
“Recordamos al Gobierno venezolano la prohibición absoluta de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estas normas deben regir la actuación de las fuerzas policiales y militares en todo momento”, indicaron.
Los expertos en derechos humanos de la ONU se han comunicado con las autoridades venezolanas para pedir aclaraciones sobre la conformidad de los hechos aquí expresados con el derecho internacional.
(*) Los expertos: el Sr. José Antonio Guevara Bermúdez, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; la Sra. Annalisa Ciampi, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el Sr. Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, el Sr. Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
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