Por encargo de Provea, los investigadores Dorennys Angulo y Pedro Emilio Godoy realizaron una encuesta de victimización de la población venezolana migrante, entre los años 2014 a 2018. El estudio procesó los resultados de 201 encuestas, las cuales pertenecen a 84 hombres y 117 mujeres, en su mayoría en edades comprendidas entre los 26 y los 35 años (35%), solteros/as (38%), sin hijos/as (57%), con estudios universitarios completos (53%), viajan en su mayoría solos (44%).
Uno de los segmentos de la encuesta fue relativo a los trámites administrativos para realizar la migración, para indagar sobre posibles situaciones de abuso de autoridad, concusión o corrupción, entre otros. La pregunta “Cuando realizaste trámites en una institución del Estado venezolano ¿optaste por?” tenía tres opciones. El 65% de los encuestados acudió a las oficinas correspondientes, el 30% contrató a un gestor y el 5% ubicó a una persona que trabajara o que conocía algún funcionario para la agilización del trámite. La siguiente pregunta fue sobre el pago de montos diferentes a los aranceles. El 76% de las respuestas respondió que no había realizado algún pago distinto, mientras el 24% participó en hechos irregulares, tipificado como “Concusión” y penalizado en el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción. La siguiente interrogante indagaba sobre el origen de la solicitud de pago, El 48% fue a solicitud de un intermediario, mientras que el 46% fue exigido por el propio funcionario y el 6% por iniciativa de la persona.
Para indagar sobre la seguridad de obtener el trámite con el pago, la siguiente pregunta para quienes pagaron montos diferentes a los aranceles fue ¿lograste obtener el documento o servicio tramitado? Siendo respondido en un 94% de forma positiva. Los investigadores concluyen que “al realizar el pago extralegal existe una alta posibilidad de obtener satisfactoriamente el trámite administrativo, lo cual permite consolidar una de las formas de expresión de la corrupción administrativa, ya que en definitiva el ciudadano/a cuenta con una alta posibilidad de éxito en el trámite si incurre en esa conducta”.
Otro aspecto que se intentó evidenciar fue el de la Denuncia, utilizando la pregunta ¿Denunciaste la irregularidad ante un Organismo? la cual obtuvo 49 respuestas, de las cuales un abrumador 92% no denunció y 8% lo hizo. Según los investigadores “ Los resultados muestran una relación entre la abstención a denunciar y el éxito en la obtención del trámite, es decir, pareciera que sólo se denuncia al funcionario/a cuando éste no cumple con su promesa de otorgar el trámite, aun cuando se es consciente de la irregularidad”.
Sobre las razones por las cuales los consultados se negaron a denunciar, se indagó sobre el motivo, alcanzando 40 respuestas de las cuales las categorías que obtuvieron mayor puntaje tenemos: Nada va a cambiar si denuncias 70%, Agradeces te hayan solucionado 15%, Estabas a punto de irte 8% y No te pareció necesario 7%; Conforme a lo anterior un 14% de los/as encuestados manifiesta su incredulidad en las Instituciones del Estado en las acciones pertinentes contra la corrupción administrativa, asimismo, el resto de las opciones permiten determinar aceptación o tolerancia a la misma, por lo que se aprecia una deslegitimación de las Instituciones frente a una legitimidad de la corrupción administrativa.
Cobro en divisas
Según denuncias recibidas en Provea la obtención de un pasaporte nuevo exige un pago extralegal de un monto que oscila entre los 1.000 y 2.000 dólares en efectivo. Según los denunciantes la solicitud de documentos de identidad migratorios se ha ralentizado debido a la “falta de materiales”, como les informaron en las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).
La situación irregular con la expedición de pasaportes ha sido informado a los organismos internacionales de protección a los derechos humanos. Se han denunciado casos de personas que han optado por irse del país sin papeles en regla, lo cual complica más una situación migratoria de por sí delicada. En el reciente Informe Anual 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el capítulo Venezuela, se hacen recomendaciones en al apartado sobre migraciones al respecto: “Asegurar los derechos a la personalidad jurídica e identidad mediante la emisión oportuna de documentos de identidad, como pasaportes, cédulas, actas del registro civil, así como certificados de antecedentes penales”. En mayo de 2018 la Asamblea Nacional solicitó a los países integrantes del Grupo de Lima “prorrogar los pasaportes de los venezolanos. En septiembre de 2018 la “Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la Región”, suscrita por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay acordó “acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los venezolanos para fines migratorios”. En noviembre de 2018 El Grupo de Lima acuerda facilitar la permanencia de ciudadanos venezolanos en Colombia 14 países latinoamericanos que forman el Grupo de Lima acordaron facilitar la permanencia de ciudadanos venezolanos que tengan los pasaportes y documentos de identidad caducados.
La falta de documentos vigentes, para una persona que se ha visto forzada a migrar puede ser causal de deportación. Algunos expertos han opinado que la actual crisis migratoria debería calificar a los venezolanos fuera de las fronteras como candidatos a refugio, debido a que en las garantías de esta figura existe la no devolución a los países de origen y como sujetos de protección, independientemente de si poseen o no documentos vigentes.
Provea
