La constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Es el pacto social que nos dimos los venezolanos para vivir en paz y en democracia. Ella contiene los deberes y los derechos de las instituciones y de los ciudadanos. El quebrantamiento de los mismos, en cualquiera de sus áreas, constituye un atropello al estado democrático, Social de justicia y de derecho.
Con las sentencias de esta semana, la primera donde se decide eliminar de forma práctica la inmunidad parlamentaria y se ordena al Presidente tomar las medidas que considere necesarias, y la segunda donde el TSJ asume funciones de supra poder asumiendo funciones parlamentarias; el poder Judicial se otorga el permiso de hacer “lo que le venga en gana.
Ellas constituyen el definitivo desconocimiento de la Constitución y la imposición de un gobierno al margen del estado de derecho.
Quienes hacemos vida sindical y gremial soportamos a diario el desconocimiento de nuestros derechos y constatamos que el mismo responde a una política de estado dirigida a conculcar conquistas y derechos laborales. En esa política se inscriben las acciones del CNE dirigidas a entorpecer, dificultar o impedir la renovación de la dirigencia sindical. De igual manera el Ministerio del Trabajo ignora los reclamos ante el despido masivo de trabajadores y dirigentes que luchan por sus derechos. El delito de opinión se ha convertido en un hecho que trasciende la esfera de lo político para aparecer en el marco de lo sindical, gremial y académico.
No son de extrañar, entonces, la decisión del TSJ de despojar de sus atribuciones a la Asamblea Nacional, es la culminación de un conjunto de medidas, todas al margen de la constitución.
No estamos solo en presencia de un mal gobierno que ha sumido a la mayoría de la población en la miseria, que poco la importa la salud de los ciudadanos, que entrega a potencias extranjeras las riquezas nacionales, que ha sido incapaz de ofrecer seguridad a sus ciudadanos, sino que ha promovido la delincuencia y la corrupción desde los más altos niveles del estado. Estamos en presencia de un régimen que se aferra al poder parta mantener sus privilegios.
La Unidad de Acción Sindical y Gremial, haciendo suya la opinión general de los trabajadores y del pueblo venezolano, manifiesta su más categórico rechazo al golpe de estado consumado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quienes siguiendo instrucciones del Presidente de la República, decidieron desconocer la soberanía popular, cuyo órgano legitimo electo el 6 de diciembre de 2015 es la Asamblea Nacional, y auto-proclamarse dueños absolutos del poder del Estado, dictar leyes, contratar prestamos con organismos financieros internacionales, constituir empresas mixtas, nada más y nada menos que para la explotación del petróleo, así como desconocer la inmunidad parlamentaria y meter preso a quien les dé la gana. En otras palabras, un grupo de señores designados a dedo por el partido de gobierno, del cual son seguidores incondicionales, pretenden decidir el presente y el futuro del pueblo venezolano.
Desde la unidad de Acción Sindical y Gremial nos solidarizamos con la Asamblea Nacional por ser la instancia con mayor representatividad y legitimidad política, por ser el centro del debate de ideas por excelencia y por constituir uno de los poderes del estado electo por voluntad ciudadana.
Rechazamos la decisión del TSJ por inconstitucional y desconocemos sus decisiones con estricto apego en el artículo 333 de la Constitución Nacional.
Exigimos de la AN ponerse al frente de su propia defensa y convocar a la sociedad civil y sus organizaciones para que coadyuve con el restablecimiento de la vigencia de la Constitución.
Exhortamos a la OEA y a la comunidad internacional a redoblar la presión sobre el gobierno para que se restablezcan los principios y valores democráticos y la vigencia de la Constitución..
Exhortamos al movimiento sindical internacional, en particular en Latinoamérica para que rechacen el golpe de estado judicial que se ejecutó en Venezuela y se solidaricen con los trabajadores y sus organizaciones.
Convocamos a las organizaciones sindicales y gremiales para que todas y cada manifiesten su rechazo al golpe de estado, se solidaricen con la Asamblea Nacional, informen debidamente a sus afiliados sobre el contenido de esta declaración y continúen sus luchas contra el hambre y en defensa del salario, las pensiones y sus derechos fundamentales.
Exhortamos a nuestros agremiados a prepararse para una resistencia cívica y sostenida. Es hora de entender que en Dictadura el único derecho que prevalece es la voluntad del dictador. Todos los demás derechos desaparecen. No hay instancia a la cual recurrir pues todas han sido coaptadas por el régimen.
Es hora de deponer cualquier clase de diferencia pues el objetivo común es recatar la democracia, pues solo en ella los derechos cobran vida. En dictadura prevalece la muerte de las instituciones, de los derechos y de los ciudadanos.
Venezuela no es un cuartel, ni los ciudadanos tropa que obedece
