Trabajadores despedidos de la Fundación Nacional «El Niño Simón» (FNSS) acudieron la mañana de este martes a la sede de la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador, en Caracas, a exigir el cumplimiento de las órdenes de reenganche dictadas a su favor por el ente, y que han sido desacatadas por la directiva de la FNSS.
Los trabajadores denunciaron que un total de 217 personas despedidas por Carolina Cestari, y otros altos funcionarios del órgano dependiente del ViceMinisterio de la Suprema Felicidad durante los últimos cinco años, han ejercido los recursos legales necesarios para ser reincorporados en la institución, pero a pesar de contar con providencias administrativas favorables, dictadas por la Inspectoría del Trabajo, estas no han sido cumplidas ya que en los procedimientos de ejecución los representantes legales de la FNSS, se niegan a recibir a los funcionarios del Ministerio del Trabajo y a los propios trabajadores.
Algunos de los afectados por los despidos arbitrarios, fueron removidos de sus cargos debido a actos de discriminación por razones políticas. 18 mujeres, agrupadas en el Comité de Trabajadores Despedidos de la Fundación Nacional «El Niño Simón» denunciaron a Provea a mediados de 2016 que en junio de ese año fueron convocadas a una asamblea en el auditorio de la institución ubicada en la avenida Andrés Bello de Caracas, en el evento Cestari entregó a cada una de las afectadas un comprobante impreso de la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que se detallaba que las trabajadoras habían solicitado la activación del mecanismo constitucional de referendo revocatorio. “Tome, usted votó contra el presidente Maduro y entregó la soberanía del país”, comentó entonces Aida Vargas -una de las trabajadoras despedidas que se desempeñaba como Analista PIII en la institución- sobre lo que habría dicho la funcionaria durante la asamblea. Las 18 trabajadoras despedidas cumplían funciones en diversas dependencias de la institución en el estado Miranda y Distrito Capital y se desempeñaban como instructoras docentes, una abogada, obreras, asistentes administrativos y una secretaria.
Este martes, en una comunicación firmada por la mayoría de los 217 afectados, los trabajadores despedidos solicitaron al ministro del Poder Popular para el Trabajo, Eduardo Piñate, una «entrevista urgente» para denunciar el continúo desacato por parte de la FNSS, de las providencias administrativas dictadas por la Inspectoría del Trabajo.
Provea recuerda a todos los funcionarios del Estado que los actos de discriminación laboral por razones políticas están expresamente prohibidos en el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito y ratificado por Venezuela; en los artículos 19, 21, 57 y 89 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (CNRBV); en el artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (DLOTTT), y en el artículo 21 de la misma Ley. Igualmente están prohibidos en la Ley Orgánica sobre Protección, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo (LOPCYMAT) en su artículo 56 que obliga a todo empleador a “Abstenerse de toda discriminación contra los aspirantes a obtener trabajo o contra los trabajadores y trabajadoras y, dentro de los requerimientos de la actividad productiva, respetar la libertad de conciencia y expresión de los trabajadores y trabajadoras”.
Carolina Cestari y los funcionarios de la Fundación Nacional «El Niño Simón» que se niegan a acatar las providencias de la Inspectoría del Trabajo, deben ser objeto de una investigación y sanción de acuerdo a lo establecido en el artículo 543 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadores y los Trabajadores que establece que los funcionarios que, por acción u omisión, violen las normas contenidas en el instrumento legal que estén dirigidas a proteger el proceso social de trabajo y los derechos de las y los trabajadores, deben ser removidos o destituidos de su cargo.
Prensa Provea
