Arresto sin orden de allanamiento
El pasado 23 de julio, y tras una presunta denuncia anónima, un grupo de agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se presentó sin orden de allanamiento en el local Avalon Spa de la ciudad de Valencia (Carabobo), donde arrestaron a 33 hombres de la comunidad LGBTIQ+, incluidos el propietario, y dos trabajadores del establecimiento.
La PNB difundió imágenes de los detenidos y todo lo incautado (teléfonos celulares, preservativos y cédulas de identidad), acción que violó directamente el Código Orgánico Procesal Penal específicamente en su artículo 286 el cual impone la reserva de la investigación a terceros y menciona la obligación de los funcionarios actuantes de guardar dicha reserva.
Diversos medios de comunicación señalaron que se trataba de una “orgía clandestina”, en la que se habría encontrado “material pornográfico”. Sin embargo, los abogados de la defensa aclararon que no existen pruebas de ello en las actas policiales. La acusación pública por los delitos de ultraje al pudor, agavillamiento (asociación ilícita) y contaminación sónica causó indignación entre las diversas organizaciones de DDHH que defienden los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en la que denuncian la criminalización de sus miembros por parte de las autoridades.
El poder judicial imputó diversos delitos
Para la entrevista en SonDerechos Yendri Velasquez, quien es defensor de DDHH y Coordinador de la organización Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+ manifestó que dicho procedimiento fue un operativo minado de arbitrariedades por parte de los cuerpos de seguridad del estado específicamente por la PNB. “En esta oportunidad el atropello fue ejecutado contra de 33 hombres homosexuales o bisexuales que no estaban cometiendo ninguna infracción, esta acción se repite una vez más con patrones de persecución que se han generado en el pasado y contra otros grupos sociales. Nos sorprende mucho porque los delitos que la fiscalía solicitó imputar como ultraje al pudor no caben en un espacio privado como el spa, si permitimos esta acción entonces le estamos abriendo las puertas al poder judicial para que se metan en los espacios más íntimos de cada persona y esto no debe ocurrir”, expuso.
Extorsión en otras ciudades
Velasquez, sostuvo que este tipo caso ya había ocurrido en otros locales y en otras parte del país. “Particularmente lo que cambió en este procedimiento fue que no solo llegó hasta la extorsión sino que se llevó a un siguiente nivel que fue el procesamiento legal contra estas personas. Hoy te puedo decir que el sistema de justicia venezolano no está cumpliendo con su mandato ni con los estándares regulares sino más bien funciona como un brazo de violación de los ddhh y de profundización de criminalización a los distintos sectores del país. En cuanto a los medios de comunicación pienso que en un país como el nuestro es importante apegarse a la ética de la profesión y a los principios de los derechos humanos. En Venezuela es vital entender que en el centro de todo caso siempre debe prevalecer la dignidad de las personas y su vulneración a la privacidad”, declaró.
Finalmente, el Coordinador de la organización Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+ aseguró que la solidaridad en nuestro país debe ser fundamental sobre todo en un contexto tan complejo como el que vivimos. “Las cosas cambiarán si trabajamos en conjunto entendiendo las vicisitudes y necesidades de las demás personas, es importante construir nuestro camino y que tenga como fin una sociedad donde se garanticen los derechos de los ciudadanos sin discriminación, tener diferencia nunca va a ser un delito más bien debe ser un valor importante en la reconstrucción del sistema democrático y sobre todo en la defensa de los ddhh”, finalizó.
Eduardo Herrera | Productor de Son Derechos
