Recientemente, Provea presentó la 34ª edición de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela correspondiente al período enero-diciembre de 2022. En este informe se registran los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en nuestro país.
Lissette González, Coordinadora de investigación, monitoreo y difusión de Provea, manifestó que desde la creación de la organización en el año 1988 fue fundamental contar con una información periódica sobre la situación de los DDHH en nuestro país. “A medida que el contexto en Venezuela ha venido cambiando, también nuestro informe lo ha hecho. En la actualidad, no contamos información pública suministrada por el estado. Por lo tanto, en estos trabajos investigativos no podemos citar la memoria y cuenta o la Ley de Presupuesto. Sin embargo, hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande para tener nuestro propio monitoreo, recopilar datos reales y apoyarnos en datos de otras organizaciones que nos permita observar cómo va la garantía de ciertos derechos en el país.”, expresó.
González, detalló que el derecho a la alimentación es uno de los más afectados. “Acá te puedo decir que 4% de los niños venezolanos presentan desnutrición aguda, y que 3 de cada 4 hogares presenta inseguridad alimentaria. De acuerdo con la FAO 6,5 millones de venezolanos se encuentran en situación de hambre. Si hablamos de los derechos laborales es importante recalcar que se registraron 3185 protestas tan solo el año pasado, el derecho a la Educación también se ha visto afectado fuertemente, pudiéramos hablar de un 60 o 70% de profesionales que han abandonado las aulas y alrededor de 90 denuncias públicas por falta de electricidad, agua, luz, internet y servicios básicos en los centros educativos. El derecho la salud no se queda atrás, tan solo en 2022 fueron registradas 92.920 denuncias en el sistema sanitario, deterioros notables en las infraestructuras de los hospitales y abandonos de los puestos de trabajo por parte del personal de este sector. Si hablamos de El derecho a la vivienda te puedo decir que solo 3.122 fueron entregadas en 2022 en lugar de las 500.00 mil que Maduro dijo que construyeron, otros temas son los servicios públicos, un problema que data de muchos años y que es producto de la desinversión lo que se ha venido traduciendo a un acceso cada vez más precario para las personas, el año pasado fueron registradas 1.440 protestas en torno al derecho al agua, electricidad y servicios públicos. El derecho a la integridad personal es uno de los que mostró más aumento pues se registraron 2.203 casos de violaciones como tortura, allanamientos, amenazas, entre otros. Es decir, un 68,6% más que en 2021. En el derecho a la vida 824 personas fueron asesinadas por policías y militares, de los cuales 66% fueron jóvenes entre 18 y 30 años provenientes de sectores populares. En el derecho de los pueblos indígenas hay una preocupante situación de violencia motivada a la expansión de actividades extractivitas en el arco minero del Orinoco, así como en otras zonas del país donde ocurrieron 5 asesinatos y el caso más notorio fue el del líder indígena Virgilio Trujillo.”, declaró.
Finalmente, Lissette González apuntó que lamentablemente las políticas públicas que diseña el estado venezolano no se encuentran enmarcadas en lo que establece la constitución y lo que establecen las distintas leyes. “Mientras sigamos viviendo esta situación opacidad sin cifras ni controles independientes seguiremos padeciendo estos problemas masivos de violación de los derechos humanos”, Finalizó.
Eduardo Herrera, productor de Son Derechos
