Este miércoles 26 de septiembre de 2018, Una Ventana a la Libertad presentó el informe especial sobre la Situación de los derechos humanos de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal en los recintos carcelarios de Venezuela. El trabajo indaga una realidad que viene siendo silenciada de manera sistemática por las autoridades responsables en la materia. La estructura del informe desarrolla los siguientes aspectos: marco legal en la materia, situación de algunos centros de detención para adolescentes privados de libertad, referencias a casos de adolescentes como presos políticos y un balance sobre vulneraciones de derechos.
Según el Informe de Seguimiento en la República Bolivariana de Venezuela de los Indicadores Internacionales de Justicia Juvenil, en Venezuela existen alrededor de 2.052 adolescentes privados de libertad (2016), distribuidos en 53 entidades de atención socioeducativas en todo el territorio nacional, de las cuales 32 pertenecen al Ministerio de Poder Popular para el Servicio Penitenciario y el resto está bajo la administración de las Gobernaciones en 8 estados en el país.
Producto de la información que se logró levantar a través de entrevistas semi-estructuradas a operarios del Sistema Penal de Responsabilidad de las y los Adolescentes, a familiares y representantes legales de adolescentes privados de libertad en la actualidad, y la consultaron de fuentes documentales de organismos públicos y diversos reportajes de medios de comunicación, se encontró que los adolescentes privados de libertad en Venezuela son sometidos en su internamiento a regímenes de aislamiento, orden cerrado y adoctrinamiento para la construcción del <hombre nuevo> desde la visión del Socialismo del Siglo XXI, lo cual contradice las normas tanto nacionales como internacionales en la materia, incluso, van en contra de recomendaciones expresas que el Comité de los Derechos del Niño realizó al Estado venezolano en el año 2014.
La investigación también indica que persiste un alto índice de adolescentes privados de libertad, sobre todo, en los casos con medidas preventivas de privación de libertad. Es preocupante que los adolescentes privados de libertad, permanezcan por largos períodos en comisarías policiales junto a adultos procesados y sentenciados, sin la separación debida.
Las entrevistas a operadores del Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes, develan que existe tan solo en el Estado Miranda en el primer semestre de 2018, un total de noventa (90) adolescentes del sexo masculino y dieciséis (16) del sexo femenino, permanecen privados de libertad en comisarías policiales, lo cual los expone a compartir espacios con adultos.
De los trescientos treinta y ocho (338) presos políticos contabilizados por la ONG Foro Penal Venezolano, se han registrado, hasta la fecha de cierre de esta investigación, un total de quince (15) adolescentes privados de libertad por razones eminentemente políticas, a los cuales se le atribuyen delitos que van desde instigación al odio hasta terrorismo.
La situación de los adolescentes privados de libertad por causas políticas, se caracteriza por no poder tener contacto con sus familiares o representantes legales, encontrarse compartiendo espacios con presos por delitos comunes y mayores de edad, ser sometidos de manera sostenida a maltrato físico y verbal, ejercicios forzados y golpes en la cabeza. En la gran mayoría de los casos, el Tribunal ha ordenado la libertad bajo fianza de los adolescentes pero las medidas no han sido acatadas por las fuerzas policiales que los retienen, lo cual constituye una vulneración a sus derechos fundamentales contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los pactos y tratados internacionales relativos al derecho a la libertad de las personas
No existe un mecanismo independiente, claro, seguro y eficaz para presentar quejas, al cual los adolescentes privados de libertad puedan acudir ante amenazas o vulneraciones a sus derechos fundamentales. Finalmente, la ausencia de inversión estadal para la modernización y adecuación de las entidades de atención socioeducativas trae consigo una vulneración sostenida a los derechos humanos de los adolescentes privados de libertad.
Desde el año 2016 la Defensoría del Pueblo no hace público el Diagnóstico Defensorial Responsabilidad Penal de Adolescentes. El informe concluye que el Estado venezolano presenta graves problemas para garantizar los derechos humanos de los adolescentes privados de libertad.
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