Siete indígenas, pertenecientes a las etnias Pemon y Warao, han sido asesinados por agentes de la fuerza pública venezolana en protestas realizadas en los estados Delta Amacuro y Bolívar, entre los meses de septiembre de 2017 y febrero de 2019. Los presuntos responsables, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía de Delta Amacuro, actuaron conforme al ya habitual patrón de uso excesivo de la fuerza para contener dichas manifestaciones, empleando armas de fuego y ocasionando estas lamentables muertes.
Represión y muerte para silenciar el hambre
El 23 de septiembre de 2017 los indígenas Warao José Gregorio Moraleda Zambrano (21) y Jomas José Alcántara (19) se convirtieron en las víctimas 140 y 141, de las 142 personas fallecidas en el contexto de protestas realizadas en 2017. Ambos fueron asesinados por impactos de balas presuntamente disparadas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía de Delta Amacuro, mientras reprimían una manifestación en demanda de alimentos, que se desarrollaba en las adyacencias del centro de acopio de Mercal, situado en la parroquia José Antonio de Sucre del municipio Tucupita, capital de la entidad.
“Los waraos comenzaron a retroceder y a correr en busca de resguardo, sin embargo, los efectivos disparaban directo a la masa y cayeron los waraos”, declararon testigos de los hechos. Un habitante de la localidad declaró que “no fue ningún enfrentamiento, como lo quiere hacer ver el Gobierno. La policía del estado y la Guardia Nacional dispararon a mansalva a los indígenas que reclamaban comida. “Se escucharon varios disparos y en el acto cayó uno de los jóvenes, hubo cinco heridos, todos los cuales presentaron impactos de balas”. La protesta se originó debido que la comunidad warao ubicada en Janokoseve, tenía 45 días sin recibir alimentos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
El Ministerio Público imputó a 10 funcionarios policiales y el Tribunal 3° de Control dictó medida de privativas de libertad a los efectivos policiales y militares involucrados en lo ocurrido. Los funcionarios investigados son Joel María González (22), Lesguar Alexander González Morillo (34), Ledymar del Valle Sánchez Martínez (23), Jonnattan de la Cruz Trinitario (37), José Gregorio Martínez Call (25), Carlos Rafael Azócar (22), Rigson Boanerge Martínez Rojas (25), Gleyvins José Flores Álvarez (28), Jesús Rafael Gascón Pereira (27) y Yoenner Figueroa (23).
DGCIM asesina en Canaima
El pasado 8 de diciembre de 2018, un grupo de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) hirió con armas de fuego a cuatro indígenas pemones de la comunidad de Arekuna en Canaima, estado Bolívar. Uno de los indígenas, identificado como Carlos Peñazola, resultó asesinado en los hechos. “Los funcionarios ingresaron esta madrugada al sector del Campo Carrao. Cuatro indígenas presentaron heridas por armas de fuego en el pecho. Estos fueron Charly y Carlos Peñazola, ese último falleció”, indicó la periodista del Correo del Caroní Pableysa Ostos.
Terror de Estado en Santa Elena de Uairén
Durante los días 22 y 23 de febrero del 2019 la Guardia Nacional Bolivariana y presuntos miembros de agrupaciones paramilitares, reprimieron con excesiva violencia las manifestaciones registradas en Santa Elena de Uairén, extremo sur del estado Bolívar, en apoyo al ingreso de ayuda humanitaria, en el marco de la convocatoria realizada por el presidente encargado Juan Guaidó y la Asamblea Nacional de Venezuela.
En los hechos 58 personas fueron detenidas (16 indígenas pemones y 4 adolescentes entre ellos) y trasladados al Fuerte de Escamoto. El Hospital General de la localidad de Boa Vista en Brasil reportó que había recibido 23 heridos de bala, 13 de ellos de gravedad, entre el 22 y el 24 de febrero. Siete personas murieron a consecuencia de los disparos efectuados por los funcionarios militares, cuatro de ellos indígenas pemones identificados como: Zoraida Rodríguez (46), José Esley Pérez Márquez (20), Kleyber Pérez (24) y Rolando García Martínez (51). Las muertes de estas siete personas se produjeron entre los días 23 de febrero y 03 de marzo, toda vez que muchos de los fallecidos se encontraban gravemente heridos en el hospital de Boa Vista.
El día 27 de febrero de 2019, de manera violenta, una contingente de la GNB lanzando bombas lacrimógenas y perdigones tomó el aeropuerto de Santa Elena de Uairen. Sus instalaciones se encuentran dentro de los linderos de Maurak y Turasen, en territorio indígena pemón y junto al Instituto Nacional de Aeronautica Civil (INAC) indígenas participan en el control, administración y custodia del mismo. Detuvieron ilegalmente a un ciudadano que, al identificarse y corroborar que no era indígena, dejaron en libertad y a 3 indígenas pemones, Nicodemo Martínez, Boris William Hernández y Jorge Gómez, hijo del cacique pemón Jorge Gómez del sector VI de Santa Elena de Uairén. Los 3 fueron trasladados al Fuerte de Escamoto, y luego a la Comandancia de la GNB en la avenida Mariscal de Sucre. Allí fueron sometidos a torturas, tratos crueles e inhumanos. Según testimonios fueron golpeados con palos, les propinaron patadas, le lanzaron picante, y les aplicaron electricidad. Los sometieron a amenazas, donde los acusaban de ser parte de la Guardia Territorial Pemón y que por esa razón los iban a matar, que los incendiarían. Tras varias comisiones de diálogo entre el capitán y autoridades indígenas del sector VI de Santa Elena de Uairén con militares, fueron trasladados de nuevo al Fuerte de Escamoto y liberados alrededor de las 11pm. Los 3 presentaron golpes, moretones, uno de ellos en el ojo. No pudieron ser trasladados al hospital por estar tomado por funcionarios de la PNB y GNB. En la madrugada fueron llevados al hospital de Paracaima en Brasil.
El 28 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 7/2019, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de indígenas de la etnia Pemón de la comunidad San Francisco de Yuruaní o “Kumaracapay” del Municipio Gran Sabana en el Estado Bolívar, y el defensor indígena baré Olnar Ortiz, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
En un comunicado de prensa difundido en su portal web la CIDH informó que al momento de tomar su decisión «[…] valoró el contexto excepcional que atraviesa el Estado de Venezuela y tomó en cuenta que los eventos de riesgo alegados se habrían producido presuntamente como resultado de las acciones realizadas por la comunidad para recibir “ayuda humanitaria” en la frontera entre Venezuela y Brasil, y debido a un presunto uso excesivo de la fuerza y la participación de grupos que los solicitantes denominan “Colectivos”.
Tensiones, abusos y asesinatos en el contexto de militarización y exclusión
Desde 2013 Provea ha insistido permanentemente en los graves riesgos que conlleva la militarización de territorios y comunidades indígenas, sin previa consulta, libre e informada como dicta la Constitución y los estándares internacionales, con los pueblos afectados. Desde el año 2010, fecha en la que se produjo la militarización de los territorios indígenas Wayúu en La Guajira venezolana, se han reportado cientos de abusos que incluyen más de 19 asesinatos de indígenas Wayúu y Añú; cientos de casos de torturas y tratos crueles contra indígenas; detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales a viviendas de las localidades de Paraguaipoa y La Raya en la frontera con Colombia.
El 24 de febrero de 2016, Nicolás Maduro, en Consejo de Ministros, promulgó el Decreto nro. 2.248 mediante el cual se creó la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Especial Arco Minero del Orinoco, un proyecto de megaminería que se desarrolla en la franja sur del río Orinoco entre los estados Bolívar y Amazonas, en vastas regiones habitadas por comunidades indígenas. Dicho proyecto se impuso sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas afectados y sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental. La militarización de los territorios indígenas para salvaguardar los intereses económicos de las corporaciones nacionales y transnacionales que explotan los recursos naturales en esta zona, aumentó los abusos y las tensiones entre el Estado y los pueblos originarios.
En 2017, al cumplirse un año del asesinato de la activista indígena hondureña, Berta Cáceres, Provea y la ONG Laboratorio de Paz, advirtieron que las decisiones unilaterales e impositivas, así como la violación al derecho a la demarcación, a los estudios de impacto ambiental y cultural, el acceso a la información, la actuación de buena fe, la consulta previa libre e informada y el consentimiento previo de modelos extractivos, generaron las condiciones para el asesinato de Cáceres y lamentablemente se estaban repitiendo en Venezuela. A partir de la imposición del AMO, decenas de líderes, lideresas y miembros de comunidades indígenas del estado Bolívar comenzaron a ser hostigados y coaccionados para incorporarse a este proyecto.
El despojo de territorios y las condiciones de exclusión derivadas de una situación de Emergencia Humanitaria Compleja, pone en riesgo la existencia de poblaciones en condición de vulnerabilidad como los pueblos indígenas Pemón, Warao, Wayúu y Añu, entre otros. Esa situación de desplazamiento territorial, sometimiento al hambre y desconocimiento de derechos empujo a los Waraos de Delta Amacuro a protestar en 2017, a los Pemones de Canaima a plantar cara al DGCIM en 2018 y a los Pemones de Santa Elena a exigir el ingreso de la ayuda humanitaria en 2019. Para todos ellos la respuesta fue la misma: la represión y los abusos que revictimizan a los más excluidos.
Prensa Provea
