La Cancillería venezolana informó este miércoles que firmó un acuerdo con Rusia para reestructurar la deuda que posee Venezuela con dicho país y que asciende a 3.150 millones de dólares: «La deuda con Rusia ha sido refinanciada, es decir, modificadas las condiciones de pago para hacerlas más óptimas», informaron voceros de la Cancillería. Por su parte, el Ministerio ruso de Finanzas también informó del acuerdo en un comunicado: «El Ministerio de Finanzas de Rusia informa sobre la firma de un protocolo intergubernamental que prevé la reestructuración de la deuda de Venezuela ante Rusia. El monto de la deuda consolidada de Venezuela se situó en 3.150 millones de dólares, y el nuevo gráfico prevé pagos durante diez años, siendo el volumen de estos en los primeros seis años mínimo».
Al acto, realizado en Moscú asistieron el ministro de Economía y Finanzas, Simon Zerpa, y el titular de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo. Días antes del acuerdo el ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov, anunció que el gobierno de Maduro había aceptado todas las condiciones de refinanciación ofrecidas por Rusia, cuyo contenido es desconocido por los venezolanos.
Por instrucciones del Pte @NicolasMaduro suscribimos con el Viceministro de Finanzas de Rusia, Sergei Storchak, el protocolo para el refinanciamiento de nuestra deuda soberana con Rusia. ¡Venezuela avanza hacia la recomposición de su deuda externa, en beneficio de su pueblo! pic.twitter.com/LDlRbRywtg
— Simón Zerpa Delgado (@SimonZerpaD) 15 de noviembre de 2017
Cumpliendo los compromisos internacionales de la patria, hoy avanzamos hacia un acuerdo de recomposición de nuestra deuda con Rusia. Aún en circunstancias difíciles, el Gobierno revolucionario del Presidente @NicolasMaduro está enfocado en las condiciones favorables y justas. pic.twitter.com/8IgsWvsOY0
— Wilmar Castro (@wcastroPSUV) 15 de noviembre de 2017
Este lunes la calificadora norteamericana Standard & Poors rebajó la deuda soberana de Venezuela a «default» (una calificación otorgada a un deudor que incumple sus pagos) luego del incumplimiento del abono de los intereses en dos de los bonos. La calificadora anunció que la decisión se justifica por el hecho de que las autoridades venezolanas no abonaron 200 millones de dólares de los cupones correspondientes de bonos globales emitidos con vencimiento en 2019 y 2024. La firma considera que hay un 50 % de posibilidades que el país «pueda entrar en suspensión de pagos otra vez en los próximos tres meses». Standard & Poors dijo que está pendiente abonar los pagos de otros cuatro cupones dentro del período de gracia, hasta un total de obligaciones pendientes de abono de 420 millones de dólares. Si Venezuela no abona esos pagos, por instrumentos de deuda con vencimiento entre 2023 y 2028, S&P colocará también en «default» esas emisiones.
De acuerdo con cálculos oficiales, Venezuela tiene una deuda total que ronda los 150.000 millones de dólares, con abonos anuales cercanos a los 10.000 millones.
A comienzos del mes de noviembre Nicolás Maduro, anunció la creación de una Comisión Presidencial para el refinanciamiento y la reestructuración de la deuda externa, dicha comisión Presidencial sostuvo el pasado lunes una reunión en el Palacio Blanco junto a tenedores y acreedores de la deuda venezolana, con el objetivo de iniciar el proceso de reestructuración de la deuda externa venezolana.
El Vicepresidente Tareck El Aissami aseguró que Venezuela ha cumplido puntualmente con los pagos de deuda a los acreedores, “hemos cumplido siempre, tanto en tiempo de auge petrolero como en estos tiempo de declive de mercado petrolero nacional e internacional, aún con mucho sacrificio, hemos pagado hasta el último centavo de nuestros servicios de deuda, lo que nos hace acreedores de un historial intachable que continúa generando confianza y que nos hemos ganado a pulso” dijo. Según fuentes oficiales Venezuela ha cancelado en los últimos 4 años un total de 71.700 millones de dólares por concepto de servicio de la deuda, sacrificando con ello, recursos que pudieran haber sido destinados a la compra de alimentos y medicinas en medio de la grave Emergencia Humanitaria que afecta la vida de millones de venezolanos.
¿Reestructuración de espaldas a los Derechos Humanos?
Aunque no se conocen públicamente las condiciones ofrecidas por el gobierno venezolano a los acreedores internacionales para la renegociación y refinanciación de la deuda externa, estas negociaciones pudieran finalmente conducir a la imposición de condiciones aún más leoninas para la economía venezolana y lesivas para la garantía de los derechos humanos, debido a los recientes acuerdos para la adquisición de más recursos provenientes de deuda como el alcanzado con la estadounidense Goldman Sachs, o la -hasta ahora extraoficial- posibilidad de que empresas Rusas y Chinas comiencen a operar refinerías venezolanas como parte de pago de la deuda que Venezuela tiene con estos dos países.
Los Principios Rectores sobre la Deuda Externa y los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas establecen la obligación de los Estados de «asegurarse de que ninguna de sus actividades relacionadas con las decisiones acerca de la concesión solicitud de préstamos, las de las instituciones internacionales o nacionales, públicas o privadas a las que pertenezcan o en las que tengan intereses, la negociación y aplicación de acuerdos sobre préstamos y otros instrumentos de deuda, la utilización de los fondos, los pagos de deuda, la renegociación y reestructuración de la deuda externa, y, en su caso, el alivio de la deuda, irá en detrimento de esas obligaciones», esto es, los Estados en tanto tienen el deber primordial de garantizar la plena realización de los derechos humanos, no podrán sacrificar estos para cubrir sus compromisos financieros relacionados con el endeudamiento.
Como lo ha señalado el Relator Especial de Naciones Unidas para la Deuda Externa, a los países, especialmente a los más pobres o en vías de desarrollo, les genera preocupación el no cumplir sus compromisos de deuda, toda vez que asumen que esto afectaría la posibilidad de acceder a nuevos endeudamientos en el futuro. Por ello, es común que los gobiernos abandonen sus obligaciones para con los derechos humanos de las poblaciones, en aras de cumplir con los acreedores y contar con la posibilidad de adquirir más capital por la vía de deuda, o que los gobiernos ofrezcan amplias ventajas y beneficios a los propietarios de la deuda para también garantizar dichos recursos. En Venezuela el ejemplo reciente de esta última afirmación es la negociación realizada con la inversora Goldman Sachs, que otorgó un salvavidas financiero a la dictadura venezolana, al comprar US$ 2.800 millones en bonos de la estatal PDVSA al Banco Central de Venezuela, por los que sólo pagó US$ 865 millones.
Los Principios sobre la Promoción del Otorgamiento y la Toma Responsables de Préstamos Soberanos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), aprobados en 2012, señalan que los gobiernos “son agentes del Estado y, como tales, cuando contraen obligaciones por deudas, tienen la responsabilidad de proteger el interés de sus ciudadanos”. Según economistas en Venezuela el peso de la deuda externa alcanza cerca del 123% del PIB, mientras que el enorme endeudamiento contraído en los últimos años no se ha traducido en mejoras de la calidad de vida de la población e inversión para el desarrollo. Es una obligación de los Estados realizar evaluaciones transparentes y participativas sobre sus necesidades, para trazar estrategias relativas a su deuda, a objeto de determinar si necesitan nuevos préstamos y proteger los intereses ciudadanos sin sacrificarlos para cumplir sus compromisos con los acreedores. En la Venezuela de la más reciente bonanza petrolera ello no ocurrió, todo lo contrarío, a la par que aumentó el endeudamiento, aumentó la opacidad oficial, la corrupción y el despilfarro de los recursos.
Los procesos de renegociación de la deuda deben realizarse con respeto pleno a las garantías de los derechos humanos, para que las condiciones que se alcancen entre los Estados y los acreedores, no vulneren bienes esenciales ni derechos de la población, ello cobra especial importancia en el contexto venezolano actual.
Ante la caída de los precios petroleros, el gobierno ha privilegiado el pago de deuda en detrimento de los recursos que pudieron haber sido destinados a la importación de alimentos, medicinas, insumos para impulsar la agroindustria, entre otros. Este incumplimiento estatal, que ha generado un severo daño a la población, constituye una grave violación a los derechos humanos. Ahora el riesgo de condiciones aún más desfavorables para los derechos humanos en el marco de la reestructuración de la deuda es una amenaza latente. Como ha afirmado el Relator Especial de Naciones Unidas «los acuerdos de reestructuración de la deuda deberían incluir la capacidad de crecimiento y de reembolso, pero también deberían tener en cuenta sus repercusiones en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de la población del deudor soberano».
Inmoral deuda, ¿inmoral pago?
El reciente acuerdo de reestructuración de deuda con Rusia, corresponde al pago de 3.150 millones de dólares por un préstamo de 4.000 millones de dólares contraído por Venezuela para la compra de armamento en 2011, que el gobierno venezolano había cancelado puntualmente hasta 2016. Venezuela habría contraído una deuda total con Rusia por más de 12 mil millones de dólares desde 2005, la mayor parte para compra de armas e inversión en infraestructura.
Ha trascendido extraoficialmente que como parte del proceso de renegociación de deuda con China y Rusía, Venezuela habría accedido a conceder a las empresas Rosneft (Rusia) y China National Petroleum Corporation (CNPC), la administración del Complejo Refinador de Paraguaná (CRP), que incluye a las refinerías de Amuay y Punta Cardón, para que sean estas quienes administren ambas refinerías como parte de pago de la deuda que Venezuela posee con ambos países.
Los sindicalistas José Bodas, Secretario General de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV) e Iván Freites, Secretario General del Sindicato Petrolero de Falcón, han denunciado la presencia de inspectores rusos y chinos en el Complejo Refinador de Paraguana (CRP), quienes estarían evaluando las condiciones de Amuay y Punta Cardon como parte del acuerdo alcanzado con el gobierno nacional.
José Bodas, consultado por Provea, denunció que los trabajadores se encuentran alarmados debido a la posibilidad que se genere desplazamiento de la mano de obra calificada nacional para ingresar personal extranjero, y que se impongan condiciones desventajosas para los trabajadores desconociendo la contratación colectiva del sector y la legislación laboral vigente. Bodas además señaló que de concretarse este acuerdo se estaría cediendo, de forma ilegal e inconstitucional, bienes 100% propiedad del Estado venezolano, toda vez que a diferencia de las empresa mixtas, las refinerías del país son es su totalidad propiedad de la nación, «se trata de una cesión de la soberanía que junto al Arco Minero, supondría una entrega total del país a las transnacionales». El dirigente sindical informó que se encuentran documentando la situación y preparando movilizaciones para rechazar los posibles acuerdos.
Por su parte Iván Freites denunció en días pasados que en el CRP, las transnacionales Rusas y China han solicitado 80% del personal de sus países y 20% venezolano. “Eso no debe ser. Nuestras leyes indican que para trabajarle al Estado debe ser firmas nacionales inscritas en el Registro Nacional de Contratistas. Se viola nuestra soberanía nacional porque se trata de una entrega vil de las refinerías que son parte de nuestros patrimonios”.
La hipoteca del futuro y el ocaso de los derechos humanos
Los gobiernos autoritarios que cometen generalizadas y sistemáticas violaciones contra los derechos humanos a menudo presentan serios problemas de financiación debido a su ilegitimidad política y al cuestionamiento nacional e internacional por sus abusos contra la población. Este tipo de gobiernos, como en el caso de la dictadura venezolana, intentan conservar el poder a cualquier costo y para ello recurren al uso excesivo de la fuerza, la persecución de la disidencia política y el terrorismo de Estado con el objetivo de inhibir a la población a que se manifieste en las calles a favor de la restitución de los derechos y el cambio político.
En un escenario globalizado y abiertamente favorable a la restitución y fortalecimiento de las democracias, estas dictaduras deben hacer frente a las limitaciones económicas derivadas de su ilegitimidad y cuestionamiento internacional. Además, deben sortear las severas limitaciones generadas por las contracciones económicas, que por lo general son consecuencia directa de la corrupción descontrolada debido a la ausencia de mecanismos de contrapeso, supervisión y sanciones a los funcionarios involucrados en este tipo de delitos. En dictadura, un contexto de contracción económica y déficit presupuestario no es asumido como una afectación al pueblo y a su derecho a un nivel de vida adecuado, sino más bien como una amenaza potencial que puede mermar la capacidad del aparato represivo para detener el descontento popular. No en vano, la dictadura venezolana ha desconocido reiteradamente la grave crisis en salud y alimentación, mientras sigue inyectando recursos para el fortalecimiento del aparato represivo.
Las dictaduras deben hacerse de recursos, no para garantizar el bienestar de la población, sino para garantizar la lealtad y la eficacia del aparato represivo. En esta lógica, el presupuesto del Estado y los pocos recursos disponibles son destinados a la represión y no a la solución de los problemas de la gente.
Los inversores extranjeros suelen resultar beneficiados por regímenes violadores de derechos humanos. Dictaduras como las de Maduro limitan severamente los derechos a la asociación, manifestación pacífica y libertad sindical, que en períodos de crisis económica e inestabilidad política son esenciales para la defensa de derechos y garantías ciudadanas. La rentabilidad para las inversiones de los buitres financieros, suele ser más alta en contextos de abiertas violaciones de derechos humanos, ya que la capacidad de respuesta y protesta social está seriamente amenazada por el aparato represivo del Estado, y los mecanismos de contraloría y contrapesos institucionales están tan deteriorados que -en una estrategia de supervivencia-, los regímenes autoritarios ofrecen ventajas incomparables a estas corporaciones.
La reestructuración de la deuda venezolana, sin transparencia ni garantía para los derechos humanos y los bienes esenciales de la población, conducirá al terrible ciclo del endeudamiento en contextos de autoritarismo: brindar amplias ventajas a los acreedores -a costa de los derechos del pueblo-, para seguir endeudándose y continuar desconociendo los derechos del pueblo, no olvidemos que la corrupción y el endeudamiento desmedido, han sido el sostén inmoral de una dictadura que condena al hambre a millones y gasta los recursos de los venezolanos en armas para la represión.
Prensa Provea
