Washington, D.C. – La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica el Informe “Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos”. Dicho Informe parte de la identificación de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos en supuestos en los que las empresas se encuentran de alguna manera involucradas con la realización o vulneración de dichos derechos.
El informe sistematiza diversos pronunciamientos que se han dado dentro del sistema interamericano en relación con el tema; también proporciona un análisis sistemático y evolutivo que busca clarificar, organizar y desarrollar los deberes estatales y los efectos que se pueden generar sobre las empresas en su cumplimiento a partir de la experiencia jurídica interamericana.
En ese marco, consciente de las altas expectativas y utilidad que este Informe puede llegar a tener, la REDESCA considera importante recordar la Resolución 2887 aprobada por la Asamblea General de la OEA, en junio de 2016, mediante la cual se solicitó a la CIDH “reali un estudio sobre los estándares interamericanos en materia de empresas y derechos humanos a partir de un análisis de las convenciones, jurisprudencia e informes emanados del sistema interamericano”, con el fin de que sirva de insumo y parámetro para los esfuerzos realizados por los Estados miembros en varias iniciativas nacionales e internacionales en tal esfera. En dicho marco, la CIDH encomendó a esta Relatoría Especial la realización de dicho estudio y el desarrollo de estándares sobre “Empresas y Derechos Humanos” a través de la preparación de un informe temático. La temática forma parte además del mandato y marco de actuación de la REDESCA, conforme el Plan Estratégico 2017-2021 de la Comisión.
La REDESCA, en cumplimiento del encargo recibido de la CIDH, llevó a cabo un conjunto de actividades conducentes a la elaboración de este Informe, velando por mantener un proceso de amplio nivel de diálogo y colaboración multi actores. Así, con el fin de recolectar información y fomentar la participación de una amplia gama de actores de la región. La REDESCA organizó y participó de talleres, eventos, reuniones de trabajo, audiencias públicas; realizó cuestionarios abiertos, así como consultas de expertas y expertos. En dichas actividades han participado representantes de los Estados y organismos públicos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la academia y del sector empresarial, entre otros actores interesados.
Cabe resaltar que tanto la CIDH, como su REDESCA, a través de los distintos mecanismos de la Comisión, han recibido información constante sobre el desempeño de los Estados respecto de sus obligaciones en materia de derechos humanos a la luz de actividades y operaciones empresariales de distinta naturaleza, como de diversos sectores industriales o productivos. Tal información ha reflejado distintas situaciones: bien una intervención estatal más directa o alguna forma de complicidad; efectos a nivel local o transnacional; situaciones enmarcadas en hechos actuales o relacionados con conflictos armados y contextos represivos del pasado; y situaciones sobre todos los derechos humanos y poblaciones en situación de vulnerabilidad.
El sistema interamericano de derechos humanos no ha sido ajeno a estas situaciones y sus órganos han reconocido reiteradamente que bajo ciertos supuestos puede generarse responsabilidad internacional del Estado en relación con actos cometidos por empresas que hayan involucrado la afectación a los derechos humanos.
Para estos efectos, resulta fundamental reiterar que en los últimos lustros, la comunidad internacional ha venido discutiendo el tratamiento del creciente rol de las empresas nacionales y transnacionales en la realización de los derechos humanos y las correspondientes obligaciones de los Estados en materia de prevención y respuesta frente a tales problemáticas. En ese marco, los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos se han venido consolidando como una base mínima de referencia de gobernanza mundial en la materia. Con tal premisa, en lugar de considerarlos como conceptos aislados, el Informe sostiene que dichos Principios representan una base conceptual dinámica y evolutiva, que impregna los aspectos del discurso y de la acción en el ámbito de las empresas y los derechos humanos en coexistencia con otros estándares jurídicos de carácter vinculante.
La Presidenta de la Comisión, Esmeralda Arosemena de Troitiño, reconoció en nombre de la CIDH el valor del trabajo realizado por la REDESCA en la elaboración del Informe, recordando que: “La CIDH ya ha subrayado que las normas del sistema interamericano de derechos humanos no impiden ni desalientan el desarrollo, pero exigen que el mismo tenga lugar en condiciones tales que se respeten y se garanticen los derechos humanos de los individuos y comunidades afectadas. Las recomendaciones de este informe buscan asegurar un desarrollo con enfoque de derechos”.
En dicha línea, la REDESCA también recuerda que tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocen que los Estados tienen el deber de asegurar la efectividad de los derechos humanos protegidos por los instrumentos interamericanos en las relaciones interindividuales, así como prevenir con la debida diligencia las violaciones de tales derechos e investigar, sancionar y reparar sus consecuencias.
Por su parte, la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales , Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, resaltó la importancia de este Informe y afirmó que “al ser la primera vez que se aborda esta temática de manera comprehensiva, directa y en términos generales desde el sistema interamericano, el informe constituye una herramienta de enorme potencialidad para mejorar y fortalecer la legislación, las prácticas y las políticas públicas que buscan enfrentar las violaciones y abusos de derechos humanos en el contexto de las operaciones empresariales, ayudar a fortalecer acciones de prevención y debida diligencia, mejorar la rendición de cuentas por parte de los Estados y las empresas involucradas en tales situaciones, así como para asegurar el acceso a reparaciones efectivas hacia las víctimas”.
La Relatora Especial resaltó también sus agradecimientos “por el apoyo recibido por parte de la CIDH y del equipo de la REDESCA, como de todas las personas, instituciones y donantes que han contribuido con su realización, en particular el valioso apoyo financiero del pueblo de España mediante la cooperación de su Gobierno”.
A su vez, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, indicó: “Este informe es de gran relevancia para la protección y defensa de los derechos humanos respecto de un tema en creciente evolución y con repercusiones vigentes en el hemisferio. Esperamos que los estándares recopilados y desarrollados como las recomendaciones efectuadas en este Informe sean considerados e implementados en lo que corresponda por los Estados y las empresas, así también que, contribuya al trabajo que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil en la materia”.
El Informe publicado se encuentra estructurado en nueve capítulos, el capítulo I contiene una introducción, la metodología de trabajo y los objetivos del Informe, el capítulo II establece 12 criterios utilizados transversalmente en el informe, mismos que deben ser tenidos en cuenta como elementos fundamentales e indispensables en el abordaje de la temática dentro de los sistemas jurídicos y políticos nacionales y regionales. El capítulo III desarrolla las obligaciones que los Estados deben cumplir en estos contextos desde la perspectiva del sistema interamericano. Partiendo de las obligaciones estatales derivadas de los instrumentos interamericanos, dicha sección identifica las obligaciones de los Estados en el contexto específico de las actividades empresariales y los derechos humanos.
El capítulo IV desarrolla el alcance extraterritorial de las obligaciones de los Estados en esta materia en función de los capítulos precedentes. El capítulo V analiza los efectos jurídicos que se pueden desprender sobre las empresas a partir de las obligaciones generales de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos. El capítulo VI visibiliza determinados contextos o esferas de especial prioridad o atención para la CIDH y su REDESCA en este ámbito, tales como justicia transicional y rendición de cuentas de actores económicos; servicios públicos esenciales y contextos de privatización; cambio climático en el contexto de empresas y derechos humanos; empresas, políticas fiscales e influencia en la toma de decisiones públicas; empresas y tecnologías de la información, entre otros.
El capítulo VII se refiere a algunos impactos diferenciados sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad en la región. Posteriormente, el capítulo VIII menciona, a título ejemplificativo, algunas iniciativas que destacan como referencias positivas en la materia. Finalmente, el capítulo IX recoge la formulación de una serie de recomendaciones con el objetivo de guiar los esfuerzos de los Estados del hemisferio en este ámbito.
Finalmente, el Informe subraya que las empresas pueden ser agentes positivos para el respeto y garantía de los derechos humanos, así como generar o motivar con sus acciones y comportamiento cambios claves no sólo para transformar aquellas experiencias de impunidad y abuso sobre los derechos humanos, sino también para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el año 2030.
En ese sentido, el compromiso público y de buena fe es esencial para fortalecer las iniciativas que se lleven adelante, así como la construcción de confianza entre las empresas, autoridades y la población, de forma que se trascienda la visión de responsabilidad social empresarial tradicional, hacia una práctica de efectivo respeto y de debida diligencia en materia de derechos humanos. La voluntad política de las autoridades en todos sus niveles también será una herramienta muy poderosa para avanzar esfuerzos nacionales, regionales y universales en la materia al brindar oportunidades de prevención, y asegurar el acceso a la justicia y reparación para las personas o comunidades afectadas. En ese marco, la REDESCA de la CIDH se pone a disposición de los Estados miembros de la OEA y otros actores relevantes en la materia, para brindar asesoría técnica en las iniciativas desarrolladas en este ámbito.
La REDESCA es una Oficina de la CIDH, especialmente creada para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.
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