Inti Rodríguez | Prensa Provea | Privados de libertad del «Centro de Procesados 26 de julio» en San Juan de Los Morros, estado Guárico, estarían siendo víctimas de tratos crueles y torturas por parte de funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata (GRIC) un cuerpo élite adscrito al Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, creado para proveer seguridad en los recintos carcelarios del país.
Familiares de un interno afectado por la situación indicaron a Provea que luego del motín protagonizado por los reclusos el pasado 19 de junio, un grupo de funcionarios del GRIC ingresó al recinto para restablecer el orden haciendo uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Luego de retomar el control del centro carcelario, los agentes de la fuerza pública habrían cometido maltratos contra los privados de libertad, situación que -según indican- se estaría desarrollando actualmente.
«Este grupo ha estado torturando a los privados con corriente y los tratan de ahogar en una tina de agua, los golpean y les quitan las visitas hasta por seis meses para que los familiares no le vean los golpes y los llevan a un cuarto de aislamiento que llaman el tigrito», indicó un denunciante al equipo de exigibilidad de Provea.
Los familiares de los afectados informaron que establecieron comunicación con la Defensoría del Pueblo del estado Guárico quienes les respondieron que no tenían capacidad de actuación debido a su imposibilidad de ingresar a los recintos carcelarios. «Nos dijeron no podían hacer mucho porque no le permiten la entrada al centro penitenciario y cuando lo hacen solo los dejan ver un área específica de los centros penitenciarios”. Este tipo de situaciones han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por Provea y demuestran la inexistente voluntad de la Defensoría de asumir el mandato que le impone la Constitución Nacional y los Principios de París.
Provea exige a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público investigar y brindar protección a los privados de libertad del «Centro de Procesados 26 de julio», debido a las graves denuncias formuladas por los familiares de las personas allí recluidas.
En 2018, el Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) del Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios (MPPAP), fue el cuerpo de seguridad que estuvo involucrado en el mayor número de casos por tratos crueles, inhumanos y degradantes con un total de 288 denuncias (29,69% del total de casos registrados por Provea) contra igual número de mujeres recluidas en la Cárcel de Uribana, en el estado Lara.
Los graves y recientes antecedentes de malos tratos, torturas y muertes de personas ocurridas bajo custodia del Estado, imponen celeridad y una actuación que impida la repetición de más abusos contra los Derechos Humanos.
Inti Rodríguez | Prensa Provea
