Los días 14 y 15 de noviembre se realizó en los espacios de la Universidad Metropolitana en Caracas, el IV Encuentro de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, con la participación de más de 250 activistas de 150 organizaciones de la sociedad civil venezolana.
La actividad, realizada en el marco del 30 aniversario de Provea, como un esfuerzo de varias organizaciones empeñadas en fortalecer los vínculos entre las organizaciones y las capacidades del movimiento de derechos humanos, inició con las palabras de Feliciano Reyna, director de Acción Solidaria, quien saludó a los asistentes al evento y dio inicio al ciclo de ponencias en el evento. Reyna habló sobre el contexto actual y la emergencia humanitaria compleja, ofreciendo un panorama detallado de la coyuntura, las acciones de exigibilidad e incidencia de las organizaciones de la sociedad civil y el papel de la comunidad internacional y los órganos internacionales de protección de los Derechos Humanos.
Seguidamente, Ligia Bolívar, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) abordó la problemática de la migración forzada de los venezolanos en medio de la emergencia humanitaria compleja, la respuesta regional a la crisis y las realidades que padecen los cientos de miles de migrantes que cruzan a diario las fronteras venezolanas, huyendo del hambre y la represión de la dictadura de Maduro. Enfatizó en la importancia de exigir que los Estados receptores apliquen las normas internacionales de protección establecidas en materia de refugio. El bloque matutino finalizó con las ponencias del coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui quien habló sobre la Resiliencia en el trabajo en Derechos Humanos en el contexto no democrático venezolano proponiendo una ruta de actuación del movimiento de derechos humanos del país ante la difícil coyuntura y el compromiso con las víctimas, y Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, quien desarrolló el tema referido a Corrupción y DDHH en Venezuela, la relación entre los hechos de corrupción y la afectación de los derechos humanos tanto civiles como políticos / Plan de acción para los defensores de Naciones Unidas.
En el segundo bloque del día, se dio paso a la celebración del Encuentro de Exigibilidad organizado por Provea sobre el «Examen preliminar y documentación de casos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional». La abogada, embajadora retirada del servicio exterior de Venezuela y ex directora de Tratados Internacionales, Milagros Betancourt, explicó al auditorio de defensores los aspectos esenciales del examen preliminar que inició la Corte Penal Internacional (CPI), y la implicación que tiene el hecho que varios países hayan solicitado formalmente a la CPI que adelantara el examen sobre sí en Venezuela han ocurrido delitos de lesa humanidad que puedan ser juzgados por el organismo. Destacó que es primera vez que un Estado, y en este caso ocho (Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Canadá, Francia y Costa Rica) denuncian a otro Estado en ese órgano internacional.
Fernando Fernández, especialista en derecho penal internacional e integrante de Amnistía Internacional orientó a los asistentes con recomendaciones sobre cómo se debe documentar para que los casos que se presenten, cumplan con los requisitos básicos que imponen los procedimientos de la Corte Penal. Destacó la diferencia entre llevar un caso al Sistema Interamericano de derechos humanos donde se denuncia al Estado, y denunciar a un presunto responsable de delitos de lesa humanidad, que además está protegido por las garantías del debido proceso. Instó a que las organizaciones se capaciten, intercambien experiencias, aprendan de otras experiencias internacionales y se vaya generando un proceso riguroso de documentación de los casos.
En último bloque del día, se alertó a los asistentes sobre el impacto para la garantía de los derechos humanos que tiene el desarrollo del proyecto de megaminería «Arco Minero del Orinoco» al sur del país. Las consecuencias negativas de esta medida impulsada por la gestión de Nicolás Maduro, sobre los derechos al ambiente sano; derechos de los pueblos indígenas; derechos laborales, entre otros, fueron resaltados en medio de la ponencia realizada por los activistas Alejandro Álvarez de la coalición Clima 21 y Oscar Murillo director de la escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello Guyana e investigador de Provea.
El 15 de noviembre inició con la presentación de los Mandatos y Seguimientos de Naciones Unidas frente a la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, concretamente lo referido al papel del Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General y los Procedimientos Especiales de ONU. Posteriormente fueron abordadas las herramientas psicológicas para hacer frente a la situación del país y fortalecer el trabajo de los defensores de derechos humanos. Esta sesión fue conducida por los psicólogos Magdymar León, Marisol Ramírez y Abel Saraiba.
El exitoso evento culminó con la suscripción y publicación por parte de las organizaciones y activistas asistentes, de una declaración en la que se reafirma el compromiso de los activistas venezolanos con «la causa del respeto a la dignidad humana y con los cambios pacíficos que permitan a todas las personas vivir en condiciones económicas, sociales, civiles y políticas que garanticen el efectivo goce y protección de todos los derechos humanos en cualquier circunstancia, reunidos en este IV Encuentro de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos».
En el documento se exige al Estado venezolano cumplir sus responsabilidades de garantizar la realización efectiva de todos los derechos humanos a la población venezolana y poner fin a sus múltiples y graves violaciones; respetar la Constitución Nacional de 1999; reestablecer el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática; detener las prácticas de criminalización, violencia y persecución sistemática por razones políticas o por ejercer la libertad de expresión, protesta pacífica y disentimiento, y aceptar de inmediato la asistencia y cooperación internacional, como derecho humano y obligación del Estado, en las magnitudes necesarias y de manera abierta, participativa, transparente y coordinada con los organismos humanitarios para resguardar la vida y el bienestar de los venezolanos.
Prensa Provea
