El director de la ONG venezolana Provea, de visita en Colombia por invitación de Dejusticia, habla sobre la salida de la fiscal Luisa Ortega y una posible nueva ola de protestas que podría llegar a las principales ciudades de su país.
El escape cinematográfico de la exfiscal Luisa Ortega desde Venezuela hacia Colombia y luego hacia Brasil y Costa Rica ha venido cargado de denuncias de corrupción que incriminan a ministros, asesores de Presidencia y hasta al mismo Nicolás Maduro, a quien Ortega acusa de desviar por lo menos US$8 millones del fisco nacional.
Pero Luisa Ortega no ha sido siempre la misma. De un año para otro la funcionaria pasó de ser una de las más reconocidas caras del oficialismo venezolano a su principal enemiga política. “Podríamos decir que la fiscal está sufriendo de un despecho, un guayabo ideológico y político por el proyecto al que ella le apostó gran parte de su vida y que hoy está completamente desorientado”, dice Rafael Uzcátegui, director de Provea, uno de los centros de investigación-acción en derechos humanos más reconocidas de Venezuela. Uzcátegui estuvo participando en el 5º Taller Global de Dejusticia, que la semana pasada reunió en Bogotá a 15 activistas cuyas organizaciones son perseguidas por gobiernos autoritarios en distintas regiones del mundo.
Para el director de Provea, “desde el punto de vista político es bien interesante que la fiscal de Chávez esté huyendo del chavismo, pues ella sigue identificándose como partidaria o militante del proyecto que representaba Hugo Chávez. Lo que vemos hoy es una persecución del madurismo contra todo el que se oponga a ellos, incluyendo los chavistas. Que no quepa duda de que estamos en un escenario de ausencia de democracia donde un equipo electoral dictatorial intenta mantenerse y aferrarse al poder”.
¿Cuál cree que es el chavismo que la destituida fiscal Luisa Ortega, ahora de gira por Latinoamérica en busca de asilo, todavía defiende?
El proyecto que se construyó con base en el culto de la personalidad de ese líder carismático, pero cuando Hugo Chávez fallece lo que queda de su legado no son más que múltiples interpretaciones. Entonces, quienes subieron al poder utilizaron esa imagen para hacer cualquier cosa. Los chavistas democráticos, como Luisa Ortega, sienten frustración porque creen que la posibilidad de cambio que representaba la Constitución de 1999, que fue muy bien recibida por una amplia mayoría de venezolanos, se vio truncada por la muerte de su líder, más ahora que Nicolás Maduro toma la decisión de sustituir esa Carta Magna y abolirla con la Asamblea Nacional Constituyente. Ese hecho fue decisivo, pues muchos chavistas comprobaron que ya no hacían parte del mismo proyecto de Maduro.
¿Cree que el madurismo va a ponerle fin al chavismo?
Para nada. El chavismo como identidad política va a continuar, no va a desaparecer. Aunque Nicolás Maduro mañana salga del poder y venga un opositor, el chavismo va a mantenerse, y con eso hay que aprender a convivir y hay que entender las expectativas de un sector de la población que se ve allí representado.
¿Cómo explicaría que Luisa Ortega, mientras fue fiscal, no se haya opuesto al gobierno de Maduro?
Creo que Ortega ha salido de la prisión comunicacional del Estado, y cuando la gente sale de esa camisa de fuerza comienza a reconocer situaciones y matices que antes no veía. El Gobierno ha constituido una hegemonía comunicacional con la que ha aumentado el divorcio entre lo real y lo que dicen los funcionarios públicos que sucede en Venezuela.
¿Hay políticos y ciudadanos venezolanos que desconocen por completo la crisis venezolana?
Con toda seguridad. En Venezuela hay que hacer un esfuerzo muy grande para estar informado. El Gobierno ha construido una estrategia de control sobre lo que se difunde que ha sido muy exitosa: neutralizó a los más importantes medios televisivos, y eso incluye el control de lo que se transmite en televisión por cable. Tenemos el episodio más reciente de la salida de Caracol TV. Aparte de esto, a muchos medios radiofónicos el Gobierno les ha quitado sus licencias, y los medios impresos se han convertido, en su mayoría, en vulgar propaganda política, llena de tonos grotescos e insultos contra los opositores. La estrategia es hacer que la gente tenga una idea parcial de la realidad, a pesar de que la esté sufriendo y no tenga qué comer ni tenga dinero.
¿Cómo han respondido las organizaciones sociales a esta falta de información veraz?
En una crisis como la nuestra, las organizaciones de derechos humanos deben asumir un papel activo en la recuperación de la democracia, y para nosotros fue claro que teníamos que enfrentarnos a esa hegemonía comunicacional. Nos dedicamos entonces a explicarle a la gente lo que estaba ocurriendo. Cuando decidimos llamar “dictadura” al gobierno de Maduro, tuvimos que contarles a los ciudadanos por qué este gobierno se comportaba como una dictadura moderna, muy diferente a las de Pinochet (Chile) y Videla (Argentina). El reto de comunicar en un país como Venezuela nos obligó a desprendernos del lenguaje técnico de los derechos humanos y a experimentar con lenguajes más sencillos y herramientas como el cómic, los microprogramas de radio, las columnas de prensa y las infografías animadas que enviamos por redes sociales y chats para informar sobre el país.
Después de cuatro meses de protestas, más de 120 muertes, un plebiscito, unas elecciones para Asamblea, ¿les quedan fuerzas a los manifestantes?
Hay cansancio. Después de meses de protestas muy intensas (unas 26 al día en todo el país) viene un agotamiento natural, pero también hay frustración y rabia porque no se lograron los objetivos que la gente quería y la situación se ha agravado. Entonces ahora hay un ambiente en el que algunos quieren identificar quién fue el responsable de la derrota de la movilización social pacífica. La gente siente que el desgaste ha sido mucho y que a cambio tenemos un gobierno en crisis, pero que logró mantenerse en el poder. Hay un sinsabor frente a lo que resultó siendo el liderazgo de la oposición, pues los políticos animaron a mucha gente a prepararse para estados de desobediencia y resistencia que luego desactivaron, cancelando reuniones, plantones y marchas. Pero estoy seguro de que esto no va a acabar con las protestas en Venezuela. El próximo ciclo se va dar muy pronto, estimulado por las razones económicas, que son agobiantes, y seguramente las futuras manifestaciones van a mantener algunas continuidades con las pasadas, pero también van a traer cosas nuevas. Temo que mucha gente piense que la estrategia de protesta pacífica fue derrotada y que eso signifique que hay que buscar otros mecanismos, como la violencia.
Hace poco un periódico oficial señaló a su organización de cometer “crímenes de odio”, por haber publicado un sitio web donde denuncian a quienes ustedes consideran son violadores de derechos humanos. ¿Cree que podría ir preso en algún momento?
Junto con el Foro Penal y la ONG Transparencia Venezuela, somos quizá los activistas más señalados del país. Creemos que después de la persecución a la fiscal vendrá persecución a miembros de la Asamblea que participaron en las protestas y después al resto de gremios y organizaciones sociales, donde nos ubicamos nosotros. Por primera vez en 28 años tenemos el protocolo de seguridad más alto en Provea y estamos actuando para prepararnos en caso de que decidan perseguirnos. Es difícil, porque en principio pensamos que si nos dictaban alguna orden de privación de libertad nos iríamos de Venezuela, pero ahora, cuando vemos el sentimiento de frustración y desazón que queda en la gente cuando los líderes sociales y políticos deciden exiliarse, sentimos que tenemos que resistir, y lo estamos haciendo.
Publicado originalmente en El Mundo
