En horas de la noche de este viernes 3 de noviembre fue liberado el dirigente de Voluntad Popular, Yon Goicoechea, quien estuvo detenido durante más de 14 meses en los calabozos del Servicio Bolivariano Inteligencia Nacional.
El líder opositor fue aprehendido irregularmente el 29 de agosto de 2016, cuando salía de su domicilio en la ciudad de Caracas. Fue sometido a incomunicación por más de 56 horas, lo cual fue calificado por su defensa como una desaparición forzosa temporal.
Los fiscales del Ministerio Público José Bohórquez y Laura Lara imputaron a Goicoechea los delitos detentación de sustancias explosivas y asociación para delinquir, y la jueza 21 de Control, Elena Cassiani Cabarcas, decretó la detención judicial preventiva.
La investigación preliminar que llevó a cabo la Fiscalía determinó que no había pruebas que lo incriminaran, y por ello no se formalizó acusación en su contra. El 20 de octubre el Tribunal 21 de Control ordenó la libertad condicional de Goicoechea: debía presentarse semanalmente ante el tribunal, no salir del país y presentar dos fiadores. Sin embargo, la orden de excarcelación a favor de Goicochea no fue oportunamente ejecutada.
El 14 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para garantizar la vida, la integridad personal y los derechos políticos de Goicoechea, así como de otros dirigentes opositores detenidos por razones políticas.
Además, el caso de Goicoechea fue denunciado ante Naciones Unidas el 6 de septiembre de 2016. El 14 de julio de este año, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigió la inmediata liberación del dirigente opositor. La decisión indicaba en forma expresa que “el remedio adecuado sería ponerlo inmediatamente en libertad” y “concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación de conformidad con el derecho internacional”.
Prensa Proiuris
