La crisis penitenciaria que pretende evadir el Gobierno venezolano está en sus peores niveles, no sólo por los hechos violentos que suceden dentro de las cárceles o centros de detención preventiva, sino también por la escasez de medicinas y alimentos, así como el hacinamiento y otros actos de violación de los Derechos Humanos.
Así lo manifestó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), quien además informó sobre el fallecimiento de Alberto Jesús Caraballo, de 54 años de edad, quien se encontraba detenido en una comandancia de la Policía del estado Monagas.
Según el relato de sus familiares, Alberto Jesús se encontraba recluido en el Hospital Central de Maturín desde el pasado 28 de febrero, tras presentar un cuadro severo de desnutrición. Dos meses después falleció en la sala de emergencias.
La víctima, quien además era portador del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y padecía de tuberculosis, estaba visiblemente delgado, tenía las pupilas dilatadas y además tenía poca fuerza para mantenerse de pie. Asimismo se conoció, según lo que dijo Alberto Jesús antes de morir, que solo le daban de comer agua de concha de yuca, alegando que en ese dentro de detención no se hacen responsables por el alimento de los presos.
Según reseñaron los medios de comunicación locales, el occiso se encontraba detenido desde septiembre del 2017 por el hurto de 43 metros de cable de teléfono. Hasta la fecha y víctima del retardo procesal en todo el territorio nacional, Caraballo todavía se encontraba a la espera de ser procesado por los tribunales correspondientes.
En tanto, el director del OVP también informó sobre la muerte de Carlos Enrique Pérez Gómez, de 21 años de edad, quien resultó asesinado por sus compañeros de celda en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleita, estado Miranda.
Al parecer, Pérez tenía malestar estomacal y realizó sus necesidades dentro de la celda, lo que ocasionó la furia del resto de los presos, quienes los golpearon hasta dejarlo inconsciente y posteriormente lo ahorcaron para fingir un suicidio. El hecho ocurrió en horas de la madrugada del pasado domingo 29 de abril.
Cabe destacar que en los calabozos policiales o de detención preventiva hay presos que llevan cuatro años tras las rejas esperando juicio. Su capacidad es de 8.000 detenidos pero su población es de 33.000 personas, por lo que el hacinamiento es del 412%. El 72% de los detenidos presenta sarna y un 18% afecciones pulmonares; mientras que solo el 10% de los mismos están en buen estado de salud.
“La situación se escapó de las manos del Estado y la titular del ministerio de Servicios Penitenciarios prefiere hacerse de la vista gorda, pues es evidente que no sabe cómo solucionarlo. Las comisarías están dominadas por grupos mafiosos que imponen su ley. Al que se porte mal o robe la comida de un compañero lo matan sin piedad, eso si el hambre y la inanición no acaba con ellos primero”, puntualizó Prado.
