Este 05 de mayo se interpuso una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia, contra Ricardo Molina, Ministro de Transporte Terrestre, y contra Gerardo Molina, Presidente del Metro de Caracas. La iniciativa de Espacio Público, junto al especialista en Derechos Humanos Gregorio Riera, Provea y Acceso a la Justicia; solicita la protección de derechos e intereses difusos y una medida de amparo cautelar, por el cierre sistemático y arbitrario del servicio del Metro de Caracas cuando hay convocatorias a manifestaciones pro-oposición.
Durante los días de manifestación pro-oficialismo, el servicio del Metro de Caracas ha estado generalmente operativo en su totalidad; sin embargo, durante los días de manifestación pro-oposición el Metro ha suspendido el servicio en diversas estaciones. Estos cierres evidencian la motivación y finalidad discriminatorias para restringir la movilización de opositores, aun cuando las consecuencias de la medida afectan a todos los usuarios del servicio por igual, violando los artículos 21, 53, 57, 62 y 68 de la Constitución Nacional.
La suspensión de los servicios del Metro viola los derechos humanos fundamentales a la igualdad y no discriminación, libre tránsito, libertad de reunión pacífica, libertad de expresión, y a manifestar pacíficamente. Sólo es posible restringir la libertad de tránsito cumpliendo con tres condiciones: que la medida sea i) legal; ii) persiga un fin legítimo; iii) idónea, necesaria y estrictamente proporcional en una sociedad democrática, como lo consagran los artículos 50 de la Constitución, 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 22.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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