CIVICUS Monitor anunció el miércoles en un nuevo informe que el espacio cívico de Venezuela ha pasado de ser ‘represivo’ a ‘cerrado’, su peor calificación. El cambio es consecuencia de un ataque constante a los derechos civiles y políticos en la nación sudamericana que comenzó hace más de una década y continúa en la actualidad.
El informe, El poder ciudadano bajo ataque 2023, detalla las condiciones del espacio cívico en 198 países y territorios. Las conclusiones para Venezuela muestran que queda poco espacio para que las personas ejerzan sus libertades fundamentales, ya que las autoridades siguen intentando asfixiar a la ciudadanía en un ambiente de hostilidad.
En el 2023 se documentaron cientos de agresiones a personas defensoras de los derechos humanos en el país. Al marco legal restrictivo ya existente, el cual limita que las organizaciones de la sociedad civil operen de forma independiente, se suman nuevos proyectos normativos que pretenden restringir aún más el derecho de asociación. Cientos de periódicos y emisoras de radio han sido forzadas a cerrar, otras se han autocensurado o se han desplazado al extranjero, y quienes quedan se enfrentan a una intimidación aún mayor.
«Este cambio de calificación es el resultado de décadas de ataque contra el espacio cívico», afirmó Rafael Uzcategui, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA). «La situación es desoladora, ya que las autoridades venezolanas han cerrado por completo el espacio de actuación de la sociedad civil».
El CIVICUS Monitor califica las condiciones del espacio cívico de cada país, basándose en datos recogidos a lo largo del año por activistas de la sociedad civil, equipos de investigación regionales, índices internacionales de derechos humanos y personas expertas del Monitor. Los datos de estas cuatro fuentes se combinan para asignar a cada país la calificación de abierto, estrecho, obstruido, represivo o cerrado.
La puntuación de Venezuela la sitúa entre los 28 países en la peor categoría: cerrada. A nivel mundial, el informe de este año revela que casi un tercio de la humanidad, es decir el 30,6% de la población mundial, vive ahora en sociedades cerradas, el porcentaje más alto que el CIVICUS Monitor ha registrado desde el inicio del proyecto en 2018.
Mientras tanto, sólo el 2,1% de las personas viven en países «abiertos», donde el espacio cívico es libre y está protegido, el porcentaje más bajo hasta la fecha y casi la mitad de la tasa de hace seis años. En conjunto, estas estadísticas apuntan a una crisis global.
«Estamos presenciando una represión global sin precedentes del espacio cívico», ha declarado Marianna Belalba Barreto, responsable de CIVICUS Monitor. «Líderes mundiales y personas activistas de la sociedad civil necesitan trabajar en conjunto para evitar que más personas vivan en condiciones de restricciones extremas al espacio cívico«.
A lo largo de este año en Venezuela, se documentaron principalmente casos de intimidación, censura, denegación en el registro de organizaciones, así como la introducción de iniciativas legislativas restrictivas.
Se produjeron decenas de violaciones de la libertad de expresión, desde amenazas a la familia de un reportero hasta detenciones de quienes alzaron la voz, pasando por investigaciones a periodistas en virtud de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. La policía investigó incluso a activistas dedicados a la edición de Wikipedia. Al menos cinco emisoras de radio han cesado su transmisión, incorporándose a las 81 que cerraron el año pasado.
Debido al marco legal que otorga al gobierno influencia sobre la mayoría de los aspectos de la organización de la sociedad civil, casi el 55% de las organizaciones registradas denunciaron obstáculos para realizar cambios administrativos rutinarios. Las autoridades simplemente cerraron algunas organizaciones, como la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que ordenó la intervención del Comité Nacional de la Cruz Roja Venezolana y confiscó sus bienes.
«El gobierno venezolano considera que las voces críticas son la máxima amenaza para su poder. Así que utilizan todas las tácticas posibles para garantizar que la sociedad civil y los medios de comunicación apenas puedan operar y mantenerse», ha declarado Ángela Rodríguez, investigadora de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD). «El resultado es una situación en la que las personas defensoras de los derechos humanos se sienten constantemente amenazadas».
Las autoridades venezolanas siguen estrechando el cerco. La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de «Ley de ONG» y adoptó el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que permitiría imponer aún más restricciones a las organizaciones de la sociedad civil del país.
«Personas defensoras de los derechos humanos y periodistas independientes venezolanas sufren un acoso y una persecución incesantes», ha declarado Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de la organización nacional Espacio Público. «Pero hay activistas y voces críticas que permanecen en el país a pesar de la represión. Se necesita mayor solidaridad hoy, sobre todo para hacer frente a distintos sectores de poder que quieren invisibilizar esta crisis».
El resto de países que descienden de categoría este año son: Bangladesh (cerrado), Bosnia y Herzegovina (obstruido), Alemania (estrecho), Kirguistán (represivo), Senegal (represivo) y Sri Lanka (represivo).
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