Washington, D.C. 16 de noviembre de 2018.- Las organizaciones pertenecientes al Grupo de Movilidad Humana Venezolana, hemos seguido desde inicios del año con preocupación la situación de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela. Hicimos un llamado a una respuesta regional el pasado 22 de agosto y aportamos criterios claros para ello en nuestra declaración del 19 de septiembre de este año.
A pesar de los esfuerzos adelantados hasta el momento, hemos notado como aún falta una mayor eficacia y coordinación en la respuesta regional en distintos espacios nacionales e internacionales. Hasta la fecha, todavía impera en el continente poca claridad en como mejor responder a las necesidades de tres millones de personas migrantes y refugiadas de Venezuela, que cumpla con estándares internacionales de protección de derechos humanos y una ayuda humanitaria integral.
Mientras tanto, continúan incrementando las situaciones contrarias a la dignidad humana que muchas personas migrantes y refugiadas enfrentan en todas las etapas de su desplazamiento. Asimismo, las necesidades específicas de aquellos migrantes y refugiados/as pertenecientes a grupos en situaciones de vulnerabilidad o que sufren de actos violentos y discriminatorios de forma diferenciada se han agudizado.
A la luz de ello, el Grupo de Movilidad Humana Venezolana -del que forma parte el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)- desarrolló el Plan de Acción de Sociedad Civil sobre Personas Provenientes de Venezuela que Requieren Protección Nacional e Internacional , el cual establece una hoja de ruta para responder de manera coordinada a esta situación.
El documento aborda las acciones específicas requeridas por parte de todos los actores involucrados, clarifica las obligaciones estatales, hace recomendaciones a los Estados, establece nuestros compromisos como sociedad civil, recomendaciones a otros miembros de sociedad civil de toda la región y brinda recomendaciones a organismos internacionales y otros aliados internacionales. Todo lo anterior respecto a los siguientes ejes centrales:
1.La correcta caracterización jurídica de las personas migrantes y refugiadas, las obligaciones estatales en torno a ambos, la aplicación de la Declaración de Cartagena en el contexto venezolano y los mecanismos de estadía regular.
2. Las acciones transversales y con enfoque diferencial que requieren los grupos poblacionales en quienes convergen múltiples factores de discriminación como: género, raza, etnicidad, orientación sexual, edad, entre otros.
3. Las acciones requeridas en cada etapa del desplazamiento –acceso al territorio y garantía de derechos en comunidades de acogida, hasta soluciones duraderas.
3. Finalmente se propone una estrategia regional de monitoreo e incidencia que reúne a todos los actores involucrados en el desarrollo de respuestas ante la situación de personas venezolanas en contexto de movilidad humana.
Confiamos en que este documento será de utilidad para todos los actores involucrados en responder con un enfoque centrado en los derechos humanos ante esta crisis; otras que se presentan en la actualidad, así como futuras crisis de migrantes y personas refugiadas que se puedan presentar en la región.
Para más información sobre el Grupo de Movilidad Humana Venezolana visitar: www.movhuve.org
PLAN-DE-ACCIÓN-DE-SOCIEDAD-CIVIL-SOBRE-PERSONAS-PROVENIENTES-DE-VENEZUELA-QUE-REQUIEREN-PROTECCIÓN-NACIONAL-E-INTERNACIONAL
