Desde el pasado sábado, 9 de mayo, familiares de reclusos internados en el Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA), ubicado en Lagunillas, municipio Sucre del estado Mérida, exigen la presencia de autoridades para que conozcan las carencias que tienen, sobre todo de alimentos y medicinas, los privados de libertad, quienes además solicitan la destitución del director del retén, Oscar Briceño.
El equipo jurídico del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) acompañó durante la mañana del 9 de mayo a familiares de los reclusos hasta las inmediaciones del CEPRA, a cuyas instalaciones no pudieron ingresar debido a que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) intentaron hacer desistir de la protesta que mantenían los privados de libertad lanzando bombas lacrimógenas al interior del recinto.
El acompañamiento del ODH-ULA a los familiares ha continuado durante todos estos días. Ayer, 12 de mayo, se introdujo ante la Defensoría del Pueblo una denuncia y un acta de solicitud de actuación de este órgano del Estado debido a la situación de violación de derechos humanos a los privados de libertad del CEPRA, manifestada por sus familiares. El ODH-ULA recuerda que es deber de los defensores del pueblo verificar si a alguna persona se le están violando sus derechos humanos y velar porque esas violaciones dejen de ocurrir.
Además de la falta de alimentos, medicinas y atención médica, los familiares de los reclusos denuncian que algunos internos fueron trasladados a otros centros penitenciarios sin previa notificación, hecho que no ha podido ser confirmado por el equipo jurídico del ODH-ULA. En acta introducida en la Defensoría del Pueblo, dichos familiares exigen conocer la lista de los reclusos trasladados y que una comisión de defensores acuda al CEPRA para conocer lo ocurrido al interior del recinto tras la protesta de los internos, así como evaluar su estado físico y de salud. Temen que hayan sido maltratados por protestar y retener a dos custodios cuando iniciaron su protesta.
El ODH-ULA denuncia que la Defensoría del Pueblo estuvo cerrada el lunes, 11 de mayo, cuando representantes de este Observatorio acudieron a introducir la referida solicitud. Rechaza, además, el alegato dado por la defensora IV, Laura Araujo, ayer cuando recibió las solicitudes, quien indicó que ningún defensor ha podido ir al CEPRA porque el carro de la institución está dañado y no tienen gasolina.
El ODH-ULA es una organización que da asistencia jurídica y acompañamiento a víctimas cuyos derechos humanos hayan sido violados.
Prensa ODH-ULA
