Desde el 3 de febrero Orlando José Rivas Castillos, de 26 años de edad, fue trasladado en muy malas condiciones de salud desde la sede del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) hasta el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, estado Lara. El joven estaba desnutrido, tenía fiebre alta y deliraba, por lo que lamentablemente falleció este lunes 10 de febrero.
Orlando fue detenido en el año 2018 por el CICPC junto a siete personas más, quienes fueron acusados de un homicidio, pero hasta la fecha no se le había realizado la audiencia preliminar, según informó al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) su hermana Rosa Pérez.
La dama aseguró que fue totalmente injusto su privación de libertad, además de que nunca fue trasladados a tribunales y murió sin poder demostrar su inocencia.
Su familia es gente humilde de la población de Manzanita, municipio Simón Planas, quienes tenían un abogado público, pero aún con sus carencias hacían el esfuerzo para llevarle alimentos todos los días, los que aparentemente nunca le hacían llegar.
Orlando, un joven que medía 1.81 centímetros de estatura, llegó al Eje de Homicidios pesando aproximadamente 71 kilos y murió pesando entre 45 a 50 kilos; su piel estaba pegada a su pecho y a la cadera, sus huesos se veían, situación que pudo constatar el equipo de OVP.
Rosa Pérez explicó que a un joven que fue detenido junto a su hermano le otorgaron una medida humanitaria hace semanas porque tenía tuberculosis. Ella había observado como su hermano había bajado de peso y se estaba deteriorando, además tenía más de 20 días con fiebre, por lo que hizo una carta dirigida a la juez que llevaba el caso de su hermano, solicitando su traslado a un centro asistencial.
El mismo 28 de enero la juez la recibió y, tras la explicación, dio la orden para el traslado, por lo que un alguacil fue hasta el lugar a llevar la boleta. Lo hizo en tres ocasiones pero a Rosa siempre le negaron que el documento había llegado al Eje de Homicidios.
El 31 de enero, una vez más solicitó traslado y le otorgaron un correo especial, aún así el sábado 1 de febrero los familiares acudieron a la visita y fueron recibidos por otros presos, quienes llevaban a Orlando casi desmayado entre sus brazos, por lo que a los pocos minutos sucumbió ante su mal estado de salud. La familia les imploró a los funcionarios que lo trasladaran, pero éstos se negaron rotundamente.
Rosa le relató al OVP que se desesperó porque su hermano estaba muy mal. Ese mismo sábado se fue a tribunales y nuevamente le dieron la orden de traslado, la cual una vez más fue rechazada.
El 2 de febrero la mujer cansada por todo lo que pasaba amaneció afuera de la sede de homicidios y el 3 de febrero, a las 3:30 de la tarde, lo trasladaron hasta la emergencia del Hospital Central. “Me lo sacaron cuando les dio la gana, le negaban el derecho a la salud”, expresó la hermana del preso, mientras las lágrimas corrían por su rostro.
Cuando Orlando José fue recluido, esposado a una cama y con una custodia permanente, estaba deshidratado y desnutrido, por lo que los médicos pidieron hacerle algunos exámenes para descartar enfermedades como la tuberculosis.
Asimismo, le observaron algunas heridas en sus partes íntimas. La familia aseguró que fueron hechas mientras era torturado, y de igual manera pudieron constatar que tenía un pulmón desprendido, aparentemente producto de una golpiza.
La hermana del recluso aseguró no tener miedo, ella desea justicia. ”Yo fui hasta tribunales, Defensoría y a la Fiscalía 13, donde siempre me negaron al fiscal y me decían que no era por allí”, añadió Rosa al OVP.
“Esto que paso es injusto. Mi hermano no estaba loco, él estaba traumatizado con todo lo que vivió. Aquí en Lara no hay derechos humanos, no los respetan, mi hermano estaba privado de libertad, pero merecía vivir más. Yo esperaba que me lo entregaran en libertad y no muerto”, manifestó Rosa Pérez.
Hoy la familia de Orlando José exige justicia y a esta petición se une el OVP. Exigimos una investigación exhaustiva e imparcial, así como también una inspección por parte del Ministerio Público a estos calabozos, pues los familiares aseguran que hay muchos enfermos y que son víctimas frecuentes de maltrato.
