Nicolás Maduro, en una entrevista reciente, dejó entrever que este año podría no haber elecciones en Venezuela: “A estas alturas yo no sé si habrá elecciones este año porque tenemos esta prioridad , y hoy sería una irresponsabilidad de mi parte decir que tiene que haber elecciones a ‘trocha y mocha’. Está el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, en el caso que se tuviera que deliberar con la Constitución en la mano y tomar decisiones”, dijo en un programa de radio a Alfredo Serrano Mancilla, el que fuera su asesor económico a principios de su Gobierno (La Pizarra, 18 de abril de 2020).
No es Venezuela el único país del mundo donde está en discusión un cronograma electoral. Como bien señalamos en nuestro más reciente boletín (Boletín OEV N° 39), en alrededor de 50 países está siendo suspendido o postergado el cronograma electoral que tenían ya acordado. Los tipos de elección involucrados son variados (nacionales, parlamentarias, regionales, municipales, referendos) pero, en todo caso, lo relevante es resaltar que, dada la crisis sanitaria generada por el nuevo coronavirus, discutir la alteración de fechas de una eventual próxima elección no es una situación exclusiva de Venezuela. No somos el ombligo del mundo y, en este ambiente de grandes incertidumbres, Venezuela está acompañada por la totalidad del planeta.
Igualmente cabe resaltar que esos debates y resoluciones sobre los cronogramas han sido abordados de maneras distintas en diversos países. En Uruguay, por ejemplo, la decisión final resultó luego de haberse logrado un consenso entre los partidos políticos con representación en el parlamento, el ejecutivo y la autoridad electoral. Un comportamiento que, desde una mirada democrática, parece ejemplar. También está el ejemplo de las primarias en un estado de los Estados Unidos donde hubo una decisión inicial del gobernador, suspendiéndolas por razones de seguridad sanitaria, y una posterior decisión de la corte estadal, ordenando su realización, con una votación de 4 jueces a favor y 2 en contra. En todo caso, fue una votación polarizada, siendo favorables a Trump los cuatro jueces que se expresaron por revocar la suspensión decretada por el gobernador. No parece haber existido allí esfuerzos por construir acuerdos inclusivos. La fuerza institucional de una mayoría se impuso.
El caso nuestro es un caso extremo. Aunque no es todavía una decisión definitiva, sino más bien un anuncio preliminar, el lenguaje usado en la declaración asoma ya un mal camino. Constitucional y legalmente no le corresponde al presidente decidir la fecha de ninguna elección y menos aún alterar un cronograma ya decidido. Se estaría, una vez más, usurpando funciones que son de la exclusiva competencia del Poder Electoral. En la entrevista citada, Maduro señala que cualquier debate y posterior resolución sobre el tema será hecha en el TSJ.
Debería ser el Poder Electoral, renovado por la Asamblea Nacional al finalizar el procedimiento iniciado a fines de 2019, quien, guiado por vocaciones democráticas, construya un consenso entre los principales actores políticos, un acuerdo nacional en esta materia, acordando qué elección o elecciones deberían realizarse en qué fecha, pasada la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. La pandemia no debe pasarle por encima a la democracia.
