El ODH-ULA ha determinado que los disparos de balines de plomo y municiones modificadas –para causar el mayor daño posible- directos al rostro constituyen un patrón de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado contra ciudadanos en el marco de protestas sociales. El caso más reciente de esta práctica represiva se registró el 2 de julio de 2019 en el estado Táchira, cuando funcionarios de Politáchira dispararon contra el adolescente Rufo Chacón, quien perdió ambos ojos como consecuencia del ataque a quemarropa perpetrado durante una protesta pacífica por falta de gas doméstico. El informe médico indicó que, además de perder sus dos ojos, un total de 52 perdigones se incrustaron en el rostro de Chacón, desfigurándolo parcialmente.
En los casos registrados por el ODH-ULA en 2017, “se pudo comprobar que los traumas oculares fueron causados por cuerpos metálicos como perdigones, balines, y municiones modificadas con objetos tales como trozos de cabilla”, detalla el referido informe basado en los reportes hechos por los médicos que atendieron a los afectados. El promedio de edad de las víctimas era de 23 años; un estudiante de bachillerato de apenas 14 años de edad fue la víctima más joven de los ataques a los ojos cometidos en el período señalado.
La represión desmedida y desproporcionada ejercida por quienes deben velar por la seguridad ciudadana constituye una violación al artículo 55 de la Constitución nacional y a los artículos 68, 69 y 70 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, así como a los estándares internacionales que prescriben el uso progresivo y diferenciado de la fuerza en el control de manifestaciones públicas, como lo son el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza pública por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley establecidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Estos casos, junto a otros documentados por el ODH-ULA, fueron presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Cúcuta, Colombia, en febrero de este año, durante la visita in loco que esta organización tenía prevista para Venezuela y que el régimen de facto impidió. Dos víctimas de agresiones por parte de funcionarios de la fuerza pública en Mérida acompañaron al equipo del ODH-ULA y dieron sus testimonios ante los comisionados.
Impunidad y amenazas
El ODH-ULA ha hecho seguimiento a algunos de los casos registrados en 2017, conociendo que en la mayoría no ha habido justicia. Leonard Rondón fue una de esas 22 personas con lesiones oculares que le quedarán para el resto de su vida y cuyo agresor no ha sido ni siquiera identificado. Este observatorio lleva la defensa de su caso, cuya introducción ante el Ministerio Público aún espera respuesta.
“Era martes 27 de junio de 2017 hacia las 10 de la mañana y yo me encontraba pintando mi cuarto. Abajo, en mis residencias, había protestas y llegaron los policías a reprimir. Eran 6 y empezaron a lanzar piedras a las ventanas de mi edificio. Tomé la decisión de bajar junto a mi hermano porque no me parecía lo que los policías estaban haciendo. Fue entonces cuando empezaron a reprimir con perdigones. Yo estaba a unos 5 metros de distancia de ellos. Me volteé para protegerme, pero fue ahí cuando recibí un perdigonazo en el ojo derecho”, contó al ODH-ULA quien tenía 21 años de edad al momento del ataque. Solo ese día, 8 personas recibieron disparos en uno o ambos ojos en el municipio Campo Elías del estado Mérida.
Además del ataque recibido hace ya más de tres años, Leonard Rondón ha sido víctima de amenazas por parte de un funcionario policial que es su vecino. El ODH-ULA rechaza la revictimización contra personas atacadas por funcionarios al servicio del Estado, cuya impunidad por sus acciones les permite continuar actuando en contra de la ley.
Prensa ODH-ULA
