En la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 41.478 publicada este 10 de septiembre de 2018, la dictadura oficializó la inconstitucional declaratoria de «Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y ciudadanos habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida».
Con la medida Maduro viola nuevamente lo consagrado en el artículo 339 de la Constitución que establece que el decreto que declare el estado de excepción deberá ser declarado como constitucional por la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, ambos inclusive, cuestión de primer orden que no se plasmó en el contenido del referido decreto.
El nuevo Decreto de «Estado de Emergencia Económica» dictado por la administración de Maduro -desconociendo las facultades de la Asamblea Nacional-, es un zarpazo más contra el Parlamento venezolano. Constituye un significativo paso hacía la consolidación de los mecanismos de control social, represión y cesión de la soberanía nacional a los socios comerciales de la dictadura.
Desde mayo de 2016 Venezuela ha estado sometida a un continuado e inconstitucionalmente prorrogado «Estado de Excepción y Emergencia Económica», que entre otros aspectos, usurpó las funciones del parlamento venezolano al eliminar atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional (AN), calificándolas como “peligrosa para la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, y de su institucionalidad”.
Además, el «Estado de Excepción» que brindó una «legalidad» paralela a la Constitución a la dictadura de Maduro, establece la suspensión indefinida de las garantías constitucionales para los derechos a libre asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacíficas, y la supeditación de los derechos ciudadanos a los intereses del Estado y la seguridad nacional.
En opinión de Provea, estos son algunos aspectos resaltantes del nuevo Decreto:
Afianzar el control social
El numeral 11 del artículo 2 del Decreto N° 3.610, otorga al Ejecutivo la posibilidad de implementar «[…] mecanismos de registro, identificación y verificación, de última tecnología, que permitan un óptimo control de la aplicación de subsidios y demás beneficios de carácter público, impidiendo conductas distorsivas que pudieran atender a intereses particulares o lucro personal», abriendo la posibilidad de que, a través de esta justificación, se imponga de forma generalizada la exigencia del llamado «Carnet de la Patria», un mecanismo de control social y segregación política que ha sido promovido por la dictadura para limitar el acceso y disfrute de derechos por parte de la población.
Seguridad Nacional: aumentar la represión a costa de los derechos ciudadanos
En el numeral 21 del artículo 2, el Decreto 3.610 establece: «Diseñar y ejecutar planes especiales de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la Nación, la seguridad personal y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados».
Más adelante en el artículo 6° dice: «A fin de fortalecer el mantenimiento y preservación de la paz social y el orden público, las autoridades competentes deberán coordinar y ejecutar las medidas que se adopten para garantizar la soberanía y defensa nacional, con estricta sujeción a la garantía de los derechos humanos».
La dictadura refuerza la respuesta represiva frente a las demandas ciudadanas y el descontento popular producto del hambre, el crecimiento de la pobreza y la indolencia gubernamental. Se insiste en promover la lógica belicista y la estigmatización y criminalización de amplios sectores de la sociedad, para amparar el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y militares, y consolidar el Estado policial y militar que supone la primacía de los intereses del Estado por encima de los derechos ciudadanos. Los llamados «planes especiales de seguridad pública» ejecutados por Maduro y su gobierno, han significado el aumento de los atropellos contra la población como los ocurridos durante la ejecución del OLP, el aplastamiento de la protesta social en 2014 y 2017, el secuestro y la tortura de centenares de opositores políticos, y las más recientes e institucionalizadas masacres cometidas a diario por la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.
Según ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el concepto de seguridad ciudadana refleja la transición hacia formas democráticas y consensuadas para la construcción de políticas públicas por parte de los Estados para abordar el fenómeno de la criminalidad y la violencia. El concepto de seguridad ciudadana es la superación de la visión autoritaria y militarista que guió la actuación de buena parte de los Estados latinoamericanos durante el siglo pasado y cuya actuación –durante mucho tiempo- estuvo amparada por la doctrina de seguridad nacional. En Venezuela ha ocurrido todo lo contrario, mientras se refuerza la respuesta militarizada a la conflictividad se extinguen definitivamente los derechos ciudadanos.
Asesinar al Parlamento para entregar la soberanía nacional
Un gobierno que se auto califica como «revolucionario, antiimperialista y defensor de la soberanía nacional», cede abiertamente la soberanía y los recursos del país a las transnacionales vinculadas a sus principales socios comerciales.
El numeral 16 del artículo 2 del Decreto 3.610 otorga al Ejecutivo la posibilidad de «Aprobar y suscribir contratos de interés público y sus enmiendas, para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del País, sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos».
Con ello, la dictadura de Maduro se arroga nuevas competencias y liquida la facultad exclusiva de la Asamblea Nacional, contenida en el artículo 187 de la Constitución Nacional, para aprobar o improbar contratos de interés nacional suscritos por el Ejecutivo. Además, afianza el opaco manejo de las finanzas públicas al desconocer la misión contralora del Parlamento y propiciar el desmesurado incremento del endeudamiento del Estado.
Claro que no es la primera vez que Maduro dicta una medida de este tipo para hacerse de recursos, saltándose la Carta Magna.
El 24 de febrero de 2016 se publicó, en la Gaceta Oficial 40.855, el decreto número 2.248 mediante el cual se creó la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”. Mediante dicha normativa Maduro entregó en concesión para la explotación minera una extensión de 111.843 km2, que comprende el 12,2% del territorio nacional.
El AMO tiene su fundamento en el «Plan de la Patria» que, en su primer objetivo, establece la ampliación de la frontera extractiva minera del país y la profundización del modelo extractivo de desarrollo. Asimismo en el decreto 1.425, “Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria”, que establece la creación de las llamadas “Zonas Económicas Especiales” cuyo objetivo es la atracción de capitales extranjeros mediante la creación de las llamadas “ventajas comparativas”, como exenciones tributarias y flexibilización de la normativa laboral en estas extensiones territoriales.
La creación y puesta en marcha de los proyectos vinculados al Arco Minero del Orinoco, no fueron consultados con los pueblos y comunidades indígenas habitantes de las zonas de desarrollo del proyecto, no se hicieron estudios de impacto ambiental, y los contratos suscritos por el Ejecutivo con transnacionales, o empresas nacionales mineras, no fueron sometidos a la evaluación y aprobación de la Asamblea Nacional.
En noviembre de 2017, la Cancillería venezolana informó la firma de un acuerdo con Rusia para reestructurar la deuda que posee Venezuela con ese país y que, para entonces ascendía a 3.150 millones de dólares. Aunque no se conocieron públicamente las condiciones ofrecidas por el gobierno venezolano a sus acreedores para la renegociación y refinanciación de la deuda externa, las negociaciones con Rusia condujeron a la imposición de condiciones aún más leoninas para la economía venezolana y lesivas para la garantía de los derechos humanos.
El acuerdo de reestructuración de deuda con Rusia, correspondía al pago de 3.150 millones de dólares por un préstamo de 4.000 millones de dólares contraído por Venezuela para la compra de armamento en 2011, que el gobierno venezolano había cancelado puntualmente hasta 2016. Venezuela habría contraído una deuda total con Rusia por más de 12 mil millones de dólares desde 2005, la mayor parte para compra de armas e inversión en infraestructura.
Ni el acuerdo de renegociación de la deuda, ni los nuevos contratos suscritos por el Ejecutivo con Rusia, fueron sometidos a la evaluación y aprobación del Parlamento venezolano.
Este jueves, luego de arrogarse facultades no previstas en la Constitución, Maduro viajó a China, el principal socio comercial de la dictadura venezolana. Con un inconstitucional decreto que le permite celebrar contratos sin la aprobación de la Asamblea Nacional, Maduro llegó «legalmente blindado» a las puertas del Banco de Desarrollo de China a solicitar un nuevo préstamo a cambio de los enormes recursos que posee Venezuela y, no lo dudamos, en condiciones de pago leoninas que comprometerán aún más el futuro de las próximas generaciones de venezolanos.
En la tarde de este jueves trascendió extraoficialmente que la entidad China concedió un préstamo de 5.000 millones dólares a la dictadura venezolana. Las condiciones para el pago de este nuevo préstamo se desconocen, pero las recientes medidas aprobadas por Maduro, relacionadas con la explotación de minerales como el carbón en la Sierra de Perijá; la abierta posibilidad de ceder o privatizar activos de PDVSA; la exoneración del cobro de ISRL a compañías transnacionales; los recientes acuerdos firmados con la empresa Shell; entre otras, hacen suponer que esta nueva deuda será cancelada con más cesión de la soberanía y el territorio nacional.
Es decir, entregar el territorio y sus recursos, a costa del sacrificio de los ciudadanos, para seguir sosteniendo una deuda y un poder inmoral.
A quién beneficia la deuda?
Portales de noticias vinculadas al oficialismo, han afirmado que el préstamo concedido por el Banco de Desarrollo Chino al gobierno de Maduro tiene el objetivo de «ayudar a enfrentar la crisis económica que ha empujado a millones a un masivo éxodo». Nada más divorciado de la realidad.
La dictadura de Maduro no sólo ha negado la existencia de una emergencia humanitaria que empuja a cientos de miles de venezolanos a huir del hambre, sino que también ha obstaculizado las posibilidades para que la comunidad internacional preste ayuda al país y se permita la superación de la crisis. Deliberadamente, la dictadura de Maduro ha empobrecido a los venezolanos con el firme propósito de generar el vaciamiento del país y afianzar los mecanismos de control social sobre los venezolanos que permanecemos en el territorio, soportando las calamidades y sufrimientos que impone su gestión.
La deuda contraída por Venezuela en los últimos 20 años es absolutamente inmoral. Entre el 2006 y 2012 Venezuela registró el mayor ingreso de su historia producto de la venta de petroleo. En ese mismo período registramos un nivel de endeudamiento sin precedentes. No se ahorró nada. Nos endeudaron, quemaron las reservas del país, y la corrupción quebró a nuestra principal industria. Luego de recibir una renta superior a 900.000 millones de dólares, hoy somos un país empobrecido que diariamente atestigua la huida de sus jóvenes y que condena a cientos de miles a comer de la basura.
Un nuevo endeudamiento sólo beneficiará a la industria represiva de Maduro.
Los gobiernos autoritarios que cometen generalizadas y sistemáticas violaciones contra los derechos humanos a menudo presentan serios problemas de financiación debido a su ilegitimidad política y al cuestionamiento nacional e internacional por sus abusos contra la población. Este tipo de gobiernos, como en el caso de la dictadura venezolana, intentan conservar el poder a cualquier costo y para ello recurren al uso excesivo de la fuerza, la persecución de la disidencia política y el terrorismo de Estado con el objetivo de inhibir a la población a que se manifieste en las calles a favor de la restitución de los derechos y el cambio político.
En dictadura, un contexto de contracción económica y déficit presupuestario no es asumido como una afectación al pueblo y a su derecho a un nivel de vida adecuado, sino más bien como una amenaza potencial que puede mermar la capacidad del aparato represivo para detener el descontento popular. No en vano, la dictadura venezolana ha desconocido reiteradamente la grave crisis en salud y alimentación, mientras sigue inyectando recursos para el fortalecimiento del aparato represivo.
Las dictaduras deben hacerse de recursos, no para garantizar el bienestar de la población, sino para garantizar la lealtad y la eficacia del aparato represivo. En esta lógica, el presupuesto del Estado y los pocos recursos disponibles son destinados a la represión y no a la solución de los problemas de la gente.
Esta nueva «emergencia» de Maduro, debería estar orientada a atender el aumento del hambre producto del paquete de medidas económicas; en el respeto a las contrataciones colectivas de los trabajadores de la administración pública; en la liberación de los presos políticos y en poner fin a los atropellos del FAES en los barrios; en liberar a Requesens; en encontrar a Alcedo Mora; en devolver a la gente la capacidad de elegir y decidir.
Pero es imposible esperar eso de Nicolás Maduro. Cada dólar que llegue a las manos del dictador será usado en represión, control social y entrega del país a sus socios y a las economías criminales que sostienen su gobierno.
Prensa Provea
