Este jueves 23 de enero, las madres y padres de los niños hospitalizados en el hospital J.M. de los Ríos, volvieron a protestar por la salud de sus hijos, exigiendo más insumos, medicamentos, funcionamiento de los servicios básicos, apertura del área oncológica y reactivos para el centro pediátrico más importante de Venezuela.
Los padres aseguran que 80 niños están en riesgo de perder sus vidas luego que oncología esté paralizada desde diciembre 2019, desprotegidos ante un sistema que ignora la situación y vende una normalización que no está sucediendo, afirman que en la vida real mientras los políticos pelean, ellos(padres) tienen que salir a resolver cómo comprar un tratamiento que puede superar hasta 3 salarios mínimos, y deben abandonar sus tierras para dormir en los alrededores del hospital con el objetivo de salvar la vida de sus hijos. Venezuela continúa desprotegida en la salud, y los niños sin ninguno de sus derechos respetados, con el miedo de perder su futuro y convertirse en una cifra más.
El J.M. de los Ríos es el centro pediátrico más importante de Venezuela, pero no tiene insumos tan básicos como gasas o guantes, su infraestructura cada día se deteriora más y su personal trabaja con las uñas. Los médicos afirman que desean quedarse y dar todo de si para salvar las vidas de los más pequeños, pero el sistema hospitalario no lo permite, ni mucho menos sus autoridades que están bajo las políticas de Nicolás Maduro.
«Cuando llegamos al Hospital no me la atendieron, no me la atendieron porque no había espacio, ni siquiera me la revisaron porque estaba colapsada la emergencia…» Asegura Mary Lobo, madre de una niña con problemas de hematología, quien tuvo una crisis de un tumor en el mediastino lo que ocasionó un derrame en su corazón, corrió al J.M. pero la respuesta fue clara: no la podemos ingresar. Su vida fue salvada por la intervención de doctores del Hospital Vargas, pero aún tiene secuelas y desea que su pequeña crezca, tenga futuro y logre atenderse en cualquier centro médico cuando sea necesario, sin restricciones ni riesgos.
El derecho a la salud y a la vida están consagrados como derechos humanos universales, establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento moral que estimula a los estados a respetar los artículos escritos, además, según el Art. 83 de la Constitución de Venezuela, la salud se garantizará como parte del derecho a la vida, lo que establece que «El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud…” El gobierno de Maduro está en la obligación de cumplir esto, y respetar lo consagrado en la Constitución de la República, la salud de Venezuela no debe olvidarse ni menos abandonar a quienes estén en riesgo.
Amenazas y control
En las adyacencias de la protesta pacífica, pudimos observar cómo efectivos policiales, milicianos y presunto personal administrativo del Hospital, tomaban fotos y registraban datos de los padres que clamaban soluciones y alertaban a la comunidad lo que viven. Una operación que rechazamos, la protesta pacífica debe respetarse, y no criminalizar a quienes desde el dolor están gritando ayuda.
Milicianos y presunto personal del J.M. de los Ríos realizaron fotos y escribieron los nombres de las madres que estaban protestando a las afueras del hospital. Persecución a los padres que están exigiendo que sus hijos sean salvados #23Ene pic.twitter.com/v1WkjWL3Sy
— PROVEA (@_Provea) January 23, 2020
Los padres de los niños recluidos en el J.M. de los Ríos aseguran que seguirán exigiendo que las condiciones del hospital mejoren, pero sobretodo que la vida de sus hijos no sea un juego para nadie, que la vida de sus hijos sea respetada y valorada, que la vida de sus hijos no se convierta en otra cifra letal más. En Venezuela se vive una Emergencia Humanitaria Compleja, producto de las decisiones de un grupo de facto que se niega a abandonar el poder y cambiar sus políticas fallidas; los ciudadanos exigen que sus vidas sean apreciadas y el estado finalmente dé las respuestas que piden.
Prensa Provea.
