(Caracas, 30 de diciembre 2019). Según cifras analizadas por Provea y el Laboratorio de Paz, durante el año 2019 por lo menos 233 personas habrían perdido la vida en el contexto de manifestaciones en América Latina. Haití, Venezuela y Bolivia fueron los tres países con más casos de violaciones del derecho a la vida durante el período, seguidos con casos masivos de violación al derecho a la integridad y a la libertad personal en Chile, Colombia y Ecuador.
El año 2019 recordó que aún falta mucho camino por recorrer para que los organismos policiales de América Latina utilicen los estándares internacionales del uso proporcional y diferenciado de la fuerza en el abordaje de manifestaciones en la región. En varios países se continúan utilizando fuerzas militares para responder a las demandas ciudadanas en el espacio público.
Por lo menos 233 personas perdieron la vida en el contexto de las protestas ocurridas en varios países latinoamericanos. Según los datos procesados por las dos ONG venezolanas, Haití fue el país donde más ocurrieron violaciones al derecho a la vida (33%), seguido por Venezuela (28.7%) y Bolivia (15.4%). Los casos restantes ocurrieron en Chile (11.15%), Ecuador (4.7%), Honduras (3.8%), Colombia (1.7%), Perú (0.8%) y Nicaragua (0.4%).
En Haití a partir del mes de febrero se iniciaron un ciclo de manifestaciones que exigían la renuncia del presidente Jovenel Moïse, luego que se divulgaran informaciones sobre actos de corrupción ligados a Petrocaribe que involucraban altos funcionarios gubernamentales. Según datos de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití 77 personas habrían sido asesinadas como consecuencia de las protestas. Solamente en la semana del 7 al 17 de febrero, cuando ocurrieron movilizaciones en todo el país, 40 personas perdieron la vida.
En Venezuela, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), 67 personas fueron asesinadas en el contexto de manifestaciones en un año en que se agravaron las consecuencias de la ausencia de democracia y la emergencia humanitaria compleja que ha expulsado a más de 5 millones de venezolanos del país. A finales del mes de enero una semana de protestas nocturnas en sectores populares del país dejaron el saldo de 35 personas asesinadas. Los responsables de la represión han sido la Guardia Nacional Bolivariana, grupos de civiles armados y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un grupo de exterminio del cual al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha solicitado su disolución.
Para Bolivia las movilizaciones ocurrieron luego de la realización de elecciones presidenciales en las que se denunció fraude electoral que motivó la renuncia de Evo Morales y la polémica proclamación de la diputada Jeanine Áñez como presidenta temporal, mientras se convocan a nuevas elecciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita al país en la que documentó que 36 personas habrían perdido la vida en el contexto de protestas. Las diferentes denuncias señalan como victimarios a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas; partidarios de grupos de opositores y afines al MAS.
Protestar bajo riesgo
Por su parte, los datos recopilados en las movilizaciones ocurridas en 12 países por parte de organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos documentaron que por lo menos 14.578 personas habrían sido heridas en el contexto de manifestaciones. Los países donde mayor cantidad de personas fueron lesionadas fueron Chile (79.3%), Ecuador (9.1%), Bolivia (5.5%) y Venezuela (1.6%).
En Chile Human Rights Watch recabó pruebas consistentes de que Carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no. Los servicios de urgencias médicas del país atendieron a 11.564 personas heridas en relación a las manifestaciones entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, informó a Human Rights Watch el Ministerio de Salud. De estas, más de 1.100 presentaban lesiones moderadas o graves. La ONG solicitó una reforma policial para garantizar que las fuerzas policiales utilicen en el futuro los estándares internacionales sobre el uso proporcional y diferenciado de la fuerza.
En Ecuador una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró que 1340 personas habrían sido heridas durante manifestaciones. El ente recibió denuncias sobre falta de consulta y participación en la adopción de medidas que afectan derechos sociales de la población, irregularidades en la presentación de denuncias y acciones de protección de garantías constitucionales; falta de información a familiares respecto de personas detenidas y fallecidas; obstaculización a la prestación de servicios médicos en hospitales públicos; hostilidad y alegados actos de agresión contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y trabajadores de distintos medios de comunicación privados, comunitarios y digitales; así como utilización del sistema penal en contra de manifestantes, líderes sociales y de oposición.
Detenidos por exigir derechos
Finalmente, se cuantificó en por lo menos 32.220 las personas que habrían sido detenidas durante movilizaciones en 12 países latinoamericanos durante el 2019. Los principales países que colocaron a manifestantes tras las rejas fueron Chile (87.5%), Ecuador (3.6%), Colombia (2.5%) y Venezuela (2.4%).
Tras una Misión de Observación a Chile, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó que 28.210 personas habrían sido privadas de libertad en el contexto de movilizaciones, de las cuales 1615 permanecían en prisión preventiva. “La ACNUDH observó que, junto con las detenciones realizadas en respuesta a saqueos y actos de violencia contra las fuerzas de seguridad, también hubo numerosas detenciones de personas que ejercían su derecho de reunión pacífica o de personas que se encontraban en caminos o calles cerca de protestas o edificios saqueados. Estas detenciones parecen ser indiscriminadas y, en ausencia de delitos específicos en contra de los manifestantes, podrían ser consideradas arbitrarias a la luz de las normas internacionales”.
Para Ecuador la CIDH divulgó que 1192 habrían sido detenidas, de las cuales el 80% habrían sido puestas en libertad, según datos suministrador por la Defensoría del Pueblo.
Sobre Colombia en un pronunciamiento la CIDH opinó que las jornadas ciudadanas “se caracterizaron por movilizaciones amplias y pacíficas. Sin embargo, la CIDH también fue informada sobre el uso desmedido de la fuerza por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), detenciones arbitrarias de manifestantes, y actos de violencia”. Según el ente 832 personas fueron detenidas en Colombia.
Para Venezuela las ONG de derechos humanos como Provea y Laboratorio de Paz han documentado e informado sobre las sistemáticas detenciones arbitrarias en el contexto de manifestaciones, así como la violación permanente del debido proceso y el derecho a la defensa de los detenidos. Las ONG han recibido denuncias sobre centros clandestinos de detención, desaparición e incomunicación de los manifestantes, torturas y tratos inhumanos, crueles y degradantes así como extorsión a las personas detenidas y sus familiares para recuperar su libertad o ser trasladadas a tribunales. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos por lo menos 793 personas fueron detenidas en Venezuela en el 2019 por haber participado en manifestaciones.
Ante la ausencia de políticas democráticas de control del orden público, cuyas consecuencias son más graves en contextos de debilidad del estado de derecho, la respuesta común de los gobiernos ha sido la defensa automática de la actuación de los organismos policiales y militares. La versión oficial ha sido interpelada por las imágenes divulgadas por redes sociales, que han hecho visibles las actuaciones abusivas de poder. Por ello resalta el papel de los infociudadanos en la documentación y denuncia de las violaciones, así como el papel articulado de las organizaciones nacionales con los entes internacionales de protección a los derechos humanos, que pudieron visitar los diferentes países para registrar la magnitud de los acontecimientos denunciados. Quedará a cada gobierno demostrar con hechos, más que con discursos, su compromiso con el combate a la impunidad y la no repetición de los hechos.
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Laboratorio de Paz
