Debido a cortes de electricidad que duran entre 6 a 10 horas en el estado Lara, escaso servicio de agua y nulo suministro de gas, varias comunidades han manifestado su descontento con cacerolazos y protestas, entre ellas la urbanización Antonio José de Sucre ubicada en Barquisimeto. El pasado 21 de mayo funcionarios de las FAES irrumpieron de forma arbitraria en los edificios y sacaron de sus viviendas a 7 personas, quedando detenidas horas más tarde 5 de estas.
A los ciudadanos Fabricio Ojeda (21), Aaron Atacho (23), Naudy Atacho (33), Pedro Zambrano (38) y Giovanny Meza (23) se les violentó el debido proceso desde el momento de su detención, además que se suspendió la audiencia de presentación que correspondía con los lapsos establecidos quedando fijada para este sábado 23 de mayo. El juez Antonio Jiménez del Tribunal 9no de Control del Circuito Judicial Penal en el estado Lara ratificó la medida de privativa de libertad solicitada por la fiscalía para los 5 ciudadanos.
Durante la audiencia el joven Giovanny Meza, quien padece de epilepsia, sufrió convulsiones, por lo que la defensa solicitó una medida menos gravosa, la cual fue desestimada y se le remitió a la medicatura forense en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda para una valoración, aun cuando ya se había dejado constancia de su condición de salud.
Horas más tarde el examen médico forense arrojó signos de tortura (6 costillas fracturadas) contra Giovanny Meza, quedando hospitalizado en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, por esta razón exigimos se realice una investigación sobre los funcionarios de FAES que accionaron en la Urb. Sucre.
Privativa de libertad con informes viciados
Se les imputó los delitos de Instigación a Delinquir, Detentación de Objetos Incendiarios, Obstaculización de Vías Públicas y Asociación para delinquir. Se les fijó como centro de reclusión el comando de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en Barquisimeto, el mismo órgano que ejecutó la detención y que además fue calificado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas como violador de derechos humanos, por lo cual solicitaron su desintegración.
Se denunció que las pruebas presentadas están viciadas debido a que ninguno de los imputados se encontraba cometiendo delito alguno, ni en una protesta, además que los objetos presentados en la cadena de custodia no corresponden con material de interés criminalístico, alegatos que también fueron desestimados.
Con esta decisión ya suman 23 las personas detenidas arbitrariamente con privativa de libertad en el contexto de las manifestaciones por servicios públicos en el estado Lara en los últimos 15 días, hecho que ratifica la criminalización de la protesta en Venezuela y la vulneración de los derechos humanos.
Desde Movimiento Vinotinto exigimos la libertad plena e inmediata de todos estos larenses, quienes hoy en día engrosan la lista de los presos políticos en el país, dejando en claro que no han cometido delito alguno al exigir sus derechos.
Asimismo se exhorta a los organismos internacionales de protección de derechos humanos a evaluar una pronta medida cautelar para los habitantes de la Urb. Sucre, quienes desde el año 2017 han sido sujetos de acoso, hostigamiento, vigilancia y ataques por parte de los organismos de seguridad del Estado, violentando su legítimo derecho a la protesta y la libertad de asociación, esta última evidenciada en la recientes detenciones selectivas sobre miembros del Movimiento Ciudadano Antonio José de Sucre.
Prensa Movimiento Vinotinto
