Mérida, 06 de agosto de 2017. El viernes 25 de agosto una de las chicas transgénero recluida en la sede del GRIM de Polimérida ingirió varios mililitros de cloro dentro del sitio de reclusión de forma intencional con el fin de quitarse la vida. Fue trasladada de inmediato al IHULA – Hospital Universitario de los Andes donde, tras habérsele practicado hidrataciones y otorgado medicamentos de forma oportuna, se logró situarla fuera de peligro. Fue dada de alta en la tarde del sábado para volver a ser recluida en la sede policial. Su estado es estable, según ha podido constatar el Movimiento SOMOSa través de diversas fuentes.
El intento de suicidio se realizó horas después de que la jueza Yaneth Medina del Tribunal Sexto de Control del Estado Mérida, declarara “con lugar” la demanda por presunto robo agravado y agresión a un individuo que, según la versión de las detenidas, solicitó un servicio sexual y se habría negado a pagarlo, buscando protección policial y levantando falso testimonio. La Fiscalía Segunda del Ministerio Público imputó a las tres chicas trans quienes en el mes de agosto cumplirán ocho meses recluidas sobrellevando un proceso judicial plagado de vicios. Su detención ocurrió el 18 de enero y fue realizada por efectivos de Polimérida en medio de constatados abusos e irregularidades que desde el Movimiento SOMOS hemos documentado y alertado a la opinión pública en reiteradas ocasiones.
El 21 de enero asistieron a audiencia de presentación ante el Tribunal Primero de Control en Mérida donde, pese a la cantidad de inconsistencias presentes en el caso, fueron privadas de libertad. Desde entonces han vivido un calvario que las ha sometido a las debilidades del sistema judicial y penitenciario venezolano. Hemos corroborado que en el expediente no aparecen reflejadas declaraciones exactas de testigos que estuvieron allí y que testificaron a favor de las detenidas; han desaparecido pruebas, no se han incluido exámenes forenses de las acusadas y tampoco existen elementos que justifiquen la detención, más allá de una acusación que presenta contradicciones. En el expediente no se refleja la versión de las detenidas quienes insisten en que el demandante es un cliente frecuente que se negó a pagar sus servicios. Durante el proceso la persona que demandó no se ha presentado a declarar y tampoco ha sido llevado por las autoridades a prestar declaración, lo que ha producido un retardo procesal alarmante dada la vulnerabilidad de derechos a las que están sujetas las transmujeres. A pesar de todos estos elementos y de que se desconoce la situación de quien demanda, la Fiscalía se arroga tales acusaciones y la jueza declara “con lugar”. El caso ha pasado a juicio.
Aunado a esto, los sistemas policiales y judiciales se siguen refiriendo a ellas en términos masculinos, irrespetando su identidad de género y dejando constancia de que no existen protocolos de actuación penitenciaria ante la privación de libertad de la población LGBTI. El Movimiento SOMOS manifiesta su preocupación ante el intento de suicidio de una de las detenidas como reflejo del deterioro de la salud física y emocional de las víctimas.
Este caso ilustra, en muchos sentidos, la incapacidad del Estado venezolano de cumplir con la responsabilidad de proteger los derechos de la población transgénero y la alarmante vulneración a las que han estado sometidas desde antes de ingresar a prisión. El Movimiento SOMOS ha denunciado la transfobia institucionalizada en Polimérida donde algunos funcionarios, según hemos documentado, ejecutan un patrón de represión y violencia física, verbal, psicológica y sexual contra mujeres trans que ejercen trabajo sexual en la ciudad de Mérida con absoluta impunidad. Actualmente, los cuerpos policiales y los funcionarios encargados de administrar justicia no tienen el conocimiento ni la instrucción política para proteger derechos LGBTI y los sitios de reclusión no están equipados ni adecuados como resultados de políticas por falta de protocolos y líneas guías, tampoco son conscientes de las necesidades que surgen de las condiciones de la comunidad trans. Vemos con profunda preocupación cómo en este caso se ha actuado estigmatizando y replicando prejuicios históricamente arraigados en la sociedad contra la dignidad de la población LGBTIQ+
Con toda responsabilidad advertimos que las chicas ya no se enfrentan a las acusaciones de un particular, hoy hacen frente a los abusos del sistema policial y judicial merideño. El Movimiento SOMOS, el Observatorio Penal Mérida, el Observatorio de Prisiones – Mérida y otras organizaciones de DDHH a nivel nacional estamos haciendo seguimiento a este caso y articulando esfuerzos por concretar la liberación de las chicas trans.
El Movimiento SOMOS exige, una vez más, la libertad plena y justicia para las chicas. ¡Basta!
Leer nota completa: ow.ly/av0B30eXksJ
—-
El Movimiento SOMOS es una organización independiente, autónoma y plural que trabaja por los derechos humanos, la reivindicación, integración, visibilidad y justicia de la diversidad sexual merideña y construye iniciativas para erradicar la discriminación y las manifestaciones de odio contra la comunidad LGBTI+ en la entidad.
Contacto: [email protected] | Twitter: @SOMOSMov | Facebook: Movimiento SOMOS
Nota de SOMOS: Agradecemos de antemano la difusión de esta nota, pidiendo a los periodistas y redactores especial respeto por la identidad de género de las aludidas y evitando, en este sentido, la publicación de términos despectivos o referencias en masculino de las chicas, recomendando el uso de definiciones precisas como mujeres trans, transmujeres, trans o transgénero. Siéntase libre de comunicarse con el Movimiento SOMOS a través de [email protected] si existe alguna duda respecto a la terminología correcta en materia de orientación sexual e identidad de género. ¡Gracias
Movimiento SOMOS
