El Programa de Promoción de los Derechos Indígenas Wayamoutheri cumple un año promoviendo la articulación y el diálogo intercultural para construir mecanismos de resolución de conflictos socio-ambientales a partir del debido ejercicio de los derechos indígenas en la Amazonia Venezolana.
Esta iniciativa comenzó a forjarse a mediados de 2022 mediante un proceso reflexivo de un grupo profesional multidisciplinario con amplia trayectoria y compromiso con la región amazónica.
El 15 de noviembre de 2022 surgió como programa con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, y desde entonces han acompañado organizaciones Uwottüja y guardianes indígenas del territorio de la cuenca del Rio Sipapo en Autana (estado Amazonas) a través de talleres, foros y la construcción de una estrategia integral de protección frente a las amenazas a la integridad individual y colectiva de este pueblo por la profundización de la minería y la invasión de grupos armados.
Conversamos con Luis Bello, abogado, activista de derechos humanos, investigador y fundador de Wayamoutheri, a un año de creada esta iniciativa.
Tras un año de trabajo por lo que han definido como la construcción de una estrategia integral de protección, ¿cómo evalúan los riesgos persistentes y la aparición de nuevas amenazas para las comunidades indígenas afectadas por el auge de la minería ilegal?
Los grandes problemas específicos de la Amazonia venezolana, no son normalmente situaciones fáciles de resolver, se trata de problemas estructurados y de alguna manera permanentes en la región, lo cual los hace muy difíciles de enfrentar.
Cierto que también hay problemas cíclicos que se dan cada cierto tiempo, pero también hay aspectos que tienen una temporalidad debido a sus características, pero que también son bastante graves. Uno de esos problemas que permanece en el tiempo es la minería ilegal de alguna manera permitida por el Estado venezolano, la cual tiene más de tres décadas realizándose en la región, sin un control efectivo por parte del Estado venezolano y que ha ido en un aumento alarmante al menos en los últimos cinco años, expandiéndose los diferentes focos de mineros ilegales prácticamente en toda la región y con participación de miembros de comunidades indígenas y el control de grupos externos armados de diferente naturaleza.
De manera que podemos decir sin temor a equivocarnos que la realidad del extractivismo minero ilegal junto con la intervención de los grupos externos armados y los impactos que sus actividades están teniendo en la zona son los principales problemas regionales que afectan la vida de numerosas familias y la comunitariedad que caracteriza a la organización indígena propia.
Particularmente debemos destacar que la minería ilegal está causando grandes y graves impactos en el estado Amazonas, no solo en las zonas que normalmente se mencionan, como el Parque Nacional Yapacana, sino en comunidades del interior del estado que se encuentran en áreas de difícil acceso.
Al problema de la extracción minera tradicional, hay que agregar también la extracción minera en el curso de varios ríos con la utilización de sustancias toxicas como el mercurio, la alteración del curso de las aguas, la afectación de la flora y la fauna acuática y otros problemas.
Al margen de esta situación evidentemente grave y estructurada, un espacio de articulación como el Programa Wayamoutheri tiene diferentes retos que enfrentar, especialmente en la organización de las comunidades y las organizaciones indígenas para que partiendo de esta realidad realicen las acciones necesarias para garantizar la vida colectiva de los pueblos originarios y su sobrevivencia a futuro.
Pero este objetivo general solo es posible alcanzar en la medida en que se tomen acciones concretas que permitan enfrentar la contaminación de las aguas, la defensa territorial y la garantía de vida futura. En este sentido las acciones del Programa Wayamoutheri, para acompañar a las comunidades y a las organizaciones indígenas cobran sentido desde una perspectiva estratégica.
El equipo de Wayamoutheri se caracteriza no solo por su multidisciplinariedad, sino también por su alto nivel de compromiso y formación en torno a los derechos indígenas en Venezuela. A un año de haber comenzado el programa, las acciones realizadas en casos concretos permiten ver su efectividad y de los procesos impulsados a través de nuestras acciones. Un ejemplo claro de estas acciones son las estrategias para el acompañamiento del pueblo Uwottuja y el pueblo Yanomami en materia de protección territorial.
¿Ha podido consolidarse esa estrategia en las comunidades afectadas?
En el caso del problema de la ocupación/invasión de la cuenca del rio Sipapo y territorio ancestral del pueblo Uwottja ha habido un claro acompañamiento a las organizaciones indígenas presentes en la región como OIPUS y OMIDA, en términos de darles herramientas para que tomaran medidas destinadas a proteger de manera individual su vida, integridad física y seguridad personal.
En términos prácticos esto ha tenido resultados bastante positivo porque un grupo de aproximadamente 35 amenazados, entre miembros de las organizaciones, de las comunidades y de los guardianes territoriales indígenas, han podido protegerse de la violencia ejercida por estos grupos externos después de lo significó el asesinato del joven Virgilio Trujillo.
En el último año se ha realizado la presentación de los casos ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Caracas, y esto permitió activar los sistemas de alerta temprana en casos de amenazas a personas particulares.
Por otra parte desde el punto de vista territorial la visibilización de la situación ante diferentes instancias, permitió que la presencia y las actividades de estos grupos externos disminuyeran considerablemente en esa cuenca.
En resumen en lo que tiene que ver con la protección individual se logró el resguardo de personas y familias concretas afectadas por amenazas y desde el punto territorial se garantizo la realización de actividades tradicionales en la zona.
¿Qué acciones han adelantado con el personal de Naciones Unidas en Venezuela o ante el propio sistema universal de protección para construir esas alertas tempranas, sobre todo luego del asesinato de Virgilio Trujillo?
En ese proceso de acompañamiento que estamos haciendo con el pueblo Uwottüja hemos recurrido a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas a quienes hemos presentado situaciones generales vinculadas a la invasión del territorio ancestral y sus consecuencias, como a casos concretos de personas y familias amenazados por los grupos externos.
En todo momento el personal de la oficina nos ha recibido con mucho interés y receptividad, y ha tramitado todos los casos que hemos presentado para su documentación y alerta temprana.
Algunos funcionarios se han trasladado inclusive a Amazonas para realizar entrevistas personales en los casos.
Además se realizó una incidencia ante la oficina de Ginebra y ante el relator de pueblos indígenas de Naciones Unidas para presentar la situación general vivida por el pueblo Uwottja en el contexto del asesinato del joven indígena Virgilio Trujillo y el aumento de hechos de violencia en ese territorio.
En esta oportunidad se preparo un informe general que se presentó en septiembre de 2023 con un grupo de organizaciones aliadas. Con este informe se buscaba visibilizar lo grave de la situación y las consecuencias socioculturales y ambientales, todo esto en un contexto de operativos militares con aparente movilización de tropas para desalojar mineros en el Parque Nacional Yapacana pero sin comprobación efectiva del desalojo de miles de mineros presentes en el área.
Tras el asesinato de Virgilio Trujillo, ¿Cuál crees que ha sido el impacto de su muerte en la cosmovisión pacífica de un pueblo como los Piaroas, sobre todo a la luz de su forma de ver la violencia y sobre todo del poder de fuego de las armas?
Efectivamente el pueblo Uwottuja siempre ha sido un pueblo pacífico dedicado a la convivencia espiritual entre sus miembros y su entorno natural, incluso algunos hablan de que el pueblo Uwottüja es un pueblo amante de la paz y la obra de la creación, de la no violencia y con valores espirituales ancestrales muy profundos.
La introducción del extractivismo minero en el área, con su modelo depredador ha llevado una carga de violencia a diferentes niveles, hasta ahora no estudiada. Esta violencia es usada como instrumento de dominación y control sobre los habitantes originarios de la cuenca.
Hace más de dos décadas que un eminente abogado de Amazonas nos dijo que lo que estaba en juego con la invasión de los espacios indígenas, era el control político, económico, y armado de los territorios indígenas para crear las condiciones de libertad de explotar la riqueza mineral presente en los mismos.
El caso de los Uwottüja de los cuatro ríos (Sipapo, Cuao, Autana y Guayapo) demuestra que esta tesis es acertada. La violencia se ha utilizado y promovido en las comunidades para abrir paso al extractivismo minero, es decir la división, el enfrentamiento entre comunidades, el reclutamiento de jóvenes, son la expresión del control que pretende apropiarse de los recursos naturales allí existentes. Por eso nuestro programa pretende de manera sostenida promover procesos de formación que tengan por finalidad tomar conciencia de las amenazas futuras a la integridad física y cultural de estos pueblos indígenas para que tomen decisiones preventivas que les permitan asegurar su continuidad como sociedades con identidad cultural específica, territorio y autonomía interna.
Al cumplirse 30 años de la masacre de Haximú, la minería ilegal y los grupos armados irregulares están en auge en la amazonia venezolana. ¿Tienen actualmente un panorama general de lo que está ocurriendo en zonas como el Alto Orinoco o el Parque Nacional Yapacana?
Lo que está claro en este sentido cuando nos referimos a la minería ilegal en Amazonas es que hay un aumento exponencial de la actividad minera en la región.
Los focos mineros han crecido en todo el estado Amazonas y se han extendido a zonas cada vez más remotas. Esto tiene implicaciones bastante graves porque significa que también hay un aumento de espacios ambientales afectados por la actividad, es decir en la medida en que aumenta la actividad minera también aumenta la deforestación, la desviación del curso de las aguas, la contaminación con mercurio, y también los riesgos de aumento de enfermedades endémicas y epidémicas como la malaria que se ha convertido en algunas zonas del estado Amazonas en hiper endémica.
En el Parque Nacional Yapacana hay una especie de filmación permanente de una película dramática o de terror porque cada uno de los actores da una versión diferente de la gravedad de lo que allí ocurre.
Los cuerpos de seguridad del Estado dicen en su versión que han sido muy efectivos sobre el control en la entrada de mineros y en el desalojo de cientos de mineros presentes en el área, especialmente relatan los desalojos, hacen filmaciones de barracas siendo quemadas, mercancía ardiendo y enfrentamientos con armas disparadas como una verdadera guerra.
Abundan los vídeos en esos episodios. Los mineros ilegales divididos entre indígenas y no indígenas, dicen que han sido violentados gravemente en sus derechos humanos y que han sido víctimas de continuas masacres, desapariciones, atropellos generalizados y cosas muy graves, algunas autoridades inclusive niegan la presencia de grupos externos armados y señalan que el control lo tienen las autoridades militares.
Haciendo una reflexión seria, lo importante es destacar de manera crítica que ninguno de estos grupos evidencian el verdadero fondo del problema en el cual hay una cadena interminable de complicidades de todo tipo y diferentes hechos ilícitos, para que la actividad destructiva de la minería sea permanente en el Parque Nacional Yapacana en los últimos treinta años.
Uno de los compromisos asumidos por el Estado venezolano, luego de la Masacre de Hashimú, fue el sostenimiento del Plan de Salud Yanomami para garantizar el acceso a atención de salud de este pueblo. ¿En que quedó ese compromiso y cuál es la situación actual de los Yanomamis, en territorio venezolano, en materia sanitaria?
En general el sistema público de salud del estado Amazonas no está funcionando, la red ambulatoria del interior y especialmente en el Alto Orinoco está completamente abandonada.
En el Alto Orinoco se paso de tener más de ocho ambulatorios con personal médico, a un solo médico, actualmente en La Esmeralda y para todo el municipio.
Frente a esto existen alternativas validas para abordar el tema de salud en El Alto Orinoco, Alto Parucito, Serranía de Maigualida, Alto Ventuari, Alto Siapa y otros ríos importantes mediante planes específicos de salud con asignación de recursos.
Por ahora la experiencia del Plan de Salud Yanomami ha sido positiva en términos de abordar los temas de salud en áreas de difícil acceso, que funcionó más o menos unos cuatro a cinco años a partir del año 2005.
Cuando se han cumplido 30 años de la masacre de los Yanomami, que tuvo su origen en el conflicto interétnico causado por la presencia de los garimpeiros en tierras yanomami, podemos decir sin temor a equivocarnos que el futuro y la sobrevivencia física y cultural de los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana pasa por el control efectivo de la actividad minera por parte del Estado y como expresión del compromiso de asumir la vocación natural de la Amazonía, como espacio para la vida.
